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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque, por el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. La decisión también cobija a los exgobernadores encargados de este mismo departamento, Alejandro Magno Builes Suárez y Raúl Nicolás Fragozo Daza.
Según la decisión judicial, los exfuncionarios cometieron varias irregularidades cuando firmaron varios contratos sin ninguna planeación y sin que se realizara la debida adjudicación a la mejor propuesta. Por el contrario, lo que encontró el alto tribunal es que los exgobernadores, de manera consciente y voluntaria, “se apartaron de los principios de la contratación estatal al fraccionar de manera irregular los contratos a efecto de obviar el proceso licitatorio, defraudando así las expectativas que en ellos se depositaron (sus electores”.
Para llegar a esta condena, la Sala de Primera Instancia, con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, revisó 16 contratos en los que los exgobernadores cometieron irregularidades. Por ejemplo, la Corte encontró que todas las empresas que se quedaron con los contratos presentaron propuestas por debajo del precio solicitado; tenían formatos muy similares; y en otras ni siquiera hubo licitación.
Los negocios eran diversos: pavimentar calles en Riohacha; el mantenimiento de vías de municipios cercanos a la capital; la canalización de aguas residuales; hasta la adecuación y mejoramiento de vías urbanas. Para el alto tribunal, quedó claro que los exgobernadores no respetaron las reglas de la contratación, adjudicaron contratos públicos sin planeación y probablemente entregaron los negocios para beneficiar a una misma empresa.
Deluque ya había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia a nueve años de prisión por su responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. En esa oportunidad, el exmandatario fue hallado responsable de las irregularidades que se presentaron en la celebración de contratos para las obras de mantenimiento y rehabilitación de las vías en La Guajira, así como las fallas en el convenio para la construcción de la cubierta de la primera y segunda etapa del Colegio Sagrada Familia de Riohacha.
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