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La Sala de Casación Penal dio a conocer hoy, 11 de septiembre, el fallo condenatorio de 89 páginas en contra del exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes. De acuerdo con el alto tribunal, Noguera fue responsable de las chuzadas y seguimientos ilegales que el extinto organismo de seguridad ordenó realizar entre 2002 y 2005 en un grupo que se llamó G-3. (Vea aquí la sentencia completa)
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, las interceptaciones se realizaron bajo la supervisión de Noguera. “Contaba con el concurso y apoyo de la dirección de inteligencia para el cumplimiento de sus objetivos, incluso de las seccionales”, explicó el ente investigador en el transcurso del juicio en contra del exdirector del DAS.
Para la Corte Suprema, las pruebas que presentó la Fiscalía son suficientes para evidenciar la manera como “el director de la entidad diseñó y organizó con su asesor José Miguel Narváez y miembros de la Dirección General de Inteligencia, el G-3 para cometer al amparo de la llamada inteligencia estratégica delitos”, se lee en el fallo.
“Es evidente que tales seguimientos se solicitaban y realizaban de manera arbitraria e injusta con abuso de las funciones de los servidores del DAS, pues no obedecían a motivación alguna que justificaran la intromisión indebida al derecho a la intimidad de personas y organizaciones. Por si fuera poco, no solamente se incurrieron en seguimientos masivos y arbitrarios de las víctimas sino que se ejecutaron seguimientos patrimoniales y financieros”, precisó la fiscal del caso en una de las audiencias del juició de duró tres años.
La Corte Suprema hizo una cuidadosa revisión de todas las organizaciones de defensa de derechos humanos que terminaron interceptadas por el G-3. Además del Cajar, hay por lo menos 20, entre las que se destacan: la Red Nacional de Iniciativas por la Paz, Redepaz, el Cinep, Asfaddes, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Indepaz, la Asociación Colombiana de Abogados Defensores Eduardo Umaña Mendoza (Acadeum), ente otros.
"Lo expuesto deja al descubierto la conducta ilícita de Jorge Noguera, quien en su condición de director del DAS a través de la dirección general de inteligencia y el G-3 dirigió y encabezó una organización criminal conformada por miembros de ese organismo en marzo de 2003, la cual bajo la aparencia de adelantar labores de inteligencia estratégica, interceptó comunicaciones privadas con los equipos de la entidad y llevó a cabo seguimientos pasivos y patrimoniales, por fuera de la ley", explica la Corte en su fallo.
El alto tribunal, además de condenar a Noguera, tomó otras decisiones sensibles en este caso. Por un lado, aceptó la petición de dos personas involucradas en este expediente, la periodista Claudia Julieta Duque y el representante a la Cámara, Alirio Uribe, quienes le pidieron a la Corte que le envíe a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que las evalúe y decida si es necesario abrir una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
"Las víctimas (Claudia Duque y Alirio Uribe) manifestaron que estos seguimientos e interceptaciones se dieron durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, quien los señalaba como traficantes de derechos humanos y terroristas, calificativos que vincularon con las actuaciones delictivas realizadas por el DAS durante su mandaro", dice la Corte Suprema.
Además de la petición del congresista y la comunicadora, el alto tribunal tuvo en cuenta la declaración del subdirector del DAS, José Miguel Narváez, quien aseguró que las actividades del G-3 se realizaron como parte de una estrategia política de seguridad democrática impulsada por la presidencia de ese entonces.
La otra decisión del alto tribunal es la indemnización que deberá pagar Noguera a familiares y víctimas directas de las interceptaciones y seguimientos ilegales. Por un lado, la Corte ordenó el pago de más de $73 millones a Gloria Inés Flórez Scheneider, Martha Cecilia Monroy, y a los herederos de los jurista Carlos Gaviria Díaz, Gustavo Gallón Giraldo y Miguel Alberto Flórez.
Asimismo, ordenó el pago de más de $36 millones a José Rodrigo Orozco, Víctor Albeiro Collazos, Ángel María Solano Acosta, Patricia Pinzón Rivera, la Comisión Colombiana de Juristas y al Polo Democrático. El alto tribunal, además, determinó que la sanción de privación de libertad solo podrá ser paga en un centro carcelario y no podrá acceder al beneficio de prisión domiciliaria.
Según la Corte, la seguridad pública resultó lesionada por las actividades que se desarrollaron en el G-3 "en la medida que el conjunto de la actividad criminal relacionada además de perturbar y alterar la tranquilidad de la comunidad que en cualquier momento podía ser sujeto de ella, generó sin duda desconfianza en el ejercicio de las actividades cotidianas, en especial para aquellas personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores del gobierno de la época, que por esta única razón fueron sujetos de las actividades delincuenciales del acusado".
Jorge Noguera ya enfrenta otra condena de la Corte Suprema. El 14 de septiembre de 2011, el alto tribunal lo condenó a 25 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y uso ilegal de información privilegiada. Según la decisión del alto tribunal, Noguera Cotes fue responsable de la infiltración del paramilitarismo en el DAS, además de haber entregado a este grupo ilegal información sobre el profesor Alfredo Correa de Andreis, señalado de ser un supuesto auxiliador e ideólogo del frente 59 de las Farc, y quien fue asesinado el 17 de septiembre de 2004 por grupos paramilitares.