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La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía logró demostrar ante un juez penal especializado que el intendente en retiro, Carlos Augusto Fernández Raigosa, pertenecía a una red criminal que captaba jóvenes en Medellín (Antioquia) y coordinaba su traslado a Francia. Las mujeres eran explotadas laboral y sexualmente.
El exintegrante de la Policía Nacional, mientras ejercía su labor en la institución entre 2022 y 2023, en la estación La Candelaria,contactaba mujeres para ofrecerles trabajo con salario fijo, como modelo en Francia. Les indicaba que uno de los requisitos para viajar era grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior. Las mujeres accedían a la petición en busca de una oferta laboral. Las fotografías y vídeos eran enviados a los líderes de la organización criminal en el exterior porque ellos eran los encargados de escoger a las víctimas.
Fernández Raigosa en un preacuerdo con la Fiscalía admitió su responsabilidad en los delitos de trata de personas y concierto para delinquir agravado con fines de trata de personas. Además de su condena a siete años, deberá pagar una multa equivalente a 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Asimismo, el entonces uniformado indicó a la Fiscalía que una vez tenía la aprobación de la estructura delictiva, las mujeres escogidas recibían su tiquete aéreo para empezar una nueva vida en otro país, con falsas promesas de un mejor futuro que iniciaba en el aeropuerto de José María Córdova, en Rionegro (Antioquia) y que tenía como destino la capital de España, Madrid o en algunas ocasiones, Barcelona. De allí, eran trasladadas a Marsella, Niza y Montpellier (Francia).
Finalmente, cuando las víctimas llegaban a territorio francés encontraban una realidad diferente según las investigaciones del ente acusador las mujeres, “se percataban que los registros fílmicos y fotográficos habían sido publicados en comunidades virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, los cuales terminaban ejerciendo para cubrir el pago de una deuda que les imponía la organización delictiva por tiquetes, manutención y otros aspectos relacionados con el viaje”.
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