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El juzgado 52 de conocimiento condenó al coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano por su responsabilidad en los hechos que rodearon la desaparición de un grupo de personas durante la toma del Palacio de Justicia durante el 6 y 7 de noviembre de 1985.
El excomandante del B-2 del Ejército Nacional fue sentenciado a 40 años de prisión por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada. Se pudo determinar que conoció de primera mano los interrogatorios adelantados a un grupo de personas en la Casa del Florero.
El oficial en retiro fue hallado responsable de los hechos que rodearon la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería y Bernardo Beltrán, uno de los empleados.
Pese a que fue el primer militar vinculado a este proceso recuperó su libertad por vencimiento de términos. El juzgado ordenó su captura inmediata.
Para el juez existen elementos materiales de prueba que permiten inferir que el coronel tuvo conocimiento directo de los interrogatorios a los que fueron sometidos un grupo de personas en la Casa del Florero, lugar que de manera improvisada fue utilizado como centro de inteligencia y de operaciones por parte de los militares.
“Es claro que las personas sacadas con vida del Palacio de Justicia por miembros del Ejército y de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado que participaron en la operación de retoma de la edificación fueron conducidas a la Casa del Florero, donde se les consideró sospechosos de pertenecer o ser colaboradores del grupo subversivo M-19”, precisa el fallo.
En este sentido se señala que fueron “remitidos a las instalaciones de la Décimo Tercera Brigada, específicamente algunos al sector de las caballerizas de la Escuela de Caballería, donde funcionaba un ala reservada a cargo del B-2, destinada para llevar a cabo interrogatorios, y a otras dependencias militares o de policía en las que igual se les sometía a interrogatorios”.
En el fallo se deja sin efecto, en cumplimiento de la orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de noviembre de 2014, la decisión de la Justicia Penal Militar que lo exoneró de responsabilidad frente a la desaparición forzada de la guerrillera Irma Franco Pineda.
Ante esto la Fiscalía General deberá estudiar la posibilidad de reiniciar la investigación en contra del coronel en retiro “por ese hecho, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas frente a la grave violación de derechos humanos que esto significa”.
El fallo
Igualmente fue condenado a 40 años de prisión al mayor (r) Oscar William Vásquez Rodríguez por su responsabilidad en la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández y la guerrillera Irma Franco Pineda.
El despacho judicial le negó al coronel y al mayor el beneficio de la detención domiciliaria o la suspensión provisional de la pena privativa de la libertad. "Como consecuencia los condenados deberán descontar la pena en restricción efectiva de la libertad" en establecimiento carcelario.
En la decisión fueron absueltos los sargentos en retiro Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandía y Ferney Uldarmín Causaya Peña por los cargos de desaparición forzada agravada en concurso homogéneo que les imputó la Fiscalía General.
El coronel en retiro fue citado en octubre del año pasado a indagatoria por la Fiscalía General dentro de la investigación que se adelanta por el exceso de fuerza en la que habrían incurrido los militares dentro de la operación de recuperación del Palacio de Justicia.
Por estos hechos fue condenado a 35 años de prisión el excomandante de la Brigada XIII del Ejército Nacional, general (r) Jesús Armando Arias Cabrales. En diciembre la Sala Penal de la Corte Suprema absolvió al excomandante de la Escuela de Caballería, coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, mientras que hace dos años había sido declarado inocente el excomandante del Batallón Charry Solano, general (r) Iván Ramírez Quintero.