Condenan al Estado colombiano por desplazamiento forzado en Bojayá

 El Tribunal Administrativo del Chocó encontró que la Nación es responsable del desplazamiento forzado que padecieron varias familias durante el gobierno de Andrés Pastrana. Las víctimas aseguraron que alertaron varias veces al gobierno sobre el enfrentamiento, sin recibir más que promesas.

<<El día en que la vida de Bojayá explotó

Entre finales de 2002 y comienzos de 2003 Bojayá estaba bajo fuego, como se demostró el 2 de mayo de 2002 en la masacre perpetrada por hombres de las Farc. Cuatro familias que tuvieron que huir de la zona en ese momento interpusieron acciones de grupo para que el Estado respondiera por los daños que sufrieron durante los enfrentamientos entre guerrilla y grupos paramilitares. Según se lee en el fallo que condena a la Nación, hubo una omisión de las instituciones del Estado en atender los llamados de la comunidad y, por esto deberá reparar a los afectados.

En el documento de la decisión de segunda instacia también señaló que la Fuerza Pública abandonó la región de Bojayá en medio de los enfrentamientos entre las Autodefensas Unidas de Colombia y las Farc. “El nexo de causalidad (por el que se condena a la Nación) surge porque la masacre y el desplazamiento de la población civil del municipio y de la zona del Medio Atrato ocurrió como consecuencia de haberse dejado a sus pobladores el 2 de mayo de 2002 a merced de los grupos armados ilegales, sin brindarles ninguna protección, o prestarles seguridad en forma tardía e insuficiente”.

<<El crudo relato del sepulturero de Bojayá

Las víctimas citaron pronunciamientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Defensoría del Pueblo en los que también alertaron al gobierno de la grave situación de seguridad que se vivía en la zona y de las consecuencias que esto podría traer. La oficina del Alto Comisionado de la ONU en Colombia, por ejemplo, le escribió cartas al canciller de entonces, Guillermo Fernández Soto; así como al ministro de Defensa, Gustavo Bell; al procurador general, Edgardo Maya y a otros tantos funcionarios.

En las misivas, el ente internacional daba cuenta del “ingreso de las autodefensas a Vigía del Fuerte y Bellavista” y se solicitaba que se tomaran “urgentemente las medidas necesarias y adecuadas para proteger a la población civil del accionar de los combatientes irregulares”. Por su parte, la Defensoría del Pueblo también envió “alertas tempranas” con el fin de que se tomaran “las medidas oportunas y adecuadas para evitar la pérdida de vidas inocentes y su subsiguiente desplazamiento”.

<<Bojayá, un pueblo que se rehúsa a olvidar la masacre

Ni la Policía, ni el Ejército realizaron labor alguna que pudiera evitar este enfrentamiento que luego generó el desplazamiento de varios habitantes del municipio. En respuesta a la demanda dijeron que el enfrentamiento ocurrió entre paramilitares y Farc, por lo cual, según ellos, esas actividades son responsabilidad de otras personas y no de la Fuerza Pública. A esto añadieron que factores geográficos y la intensidad del enfrentamiento hizo que fuera imposible su ingreso a Bojayá.

En primera instancia un Juzgado de Quibdó afirmó que los miembros de la fuerza pública no brindaron una protección eficaz y adecuada y condenó a la Nación, pero el gobierno y las mismas víctimas impugnaron la decisión. Los demandantes pedían que se elevara la suma de reparación y las entidades del gobierno que se declarar improcedente la demanda, pues para ellos no hubo omisión alguna.

<<Alabaos para los muertos de Bojayá

Las víctimas citaron los documentos de alerta temprana y solicitudes de apoyo enviadas a distintos miembros del gobierno, a los gobernadores de Chocó, Antioquia y Córdoba, y hasta una respuesta de promesa del entonces presidente, Andrés Pastrana, de intervenir en la zona con el objeto de constatar él mismo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Estos mismos argumentos fueron retomados por el Tribunal Administrativo del Chocó, en segunda instancia, donde se ratificó la responsabilidad del daño que recaía en la Procuraduría, el Ejército y la Policía y, como consecuencia de ello, en la Nación.

 El Tribunal Administrativo del Chocó encontró que la Nación es responsable del desplazamiento forzado que padecieron varias familias durante el gobierno de Andrés Pastrana. Las víctimas aseguraron que alertaron varias veces al gobierno sobre el enfrentamiento, sin recibir más que promesas.

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Entre finales de 2002 y comienzos de 2003 Bojayá estaba bajo fuego, como se demostró el 2 de mayo de 2002 en la masacre perpetrada por hombres de las Farc. Cuatro familias que tuvieron que huir de la zona en ese momento interpusieron acciones de grupo para que el Estado respondiera por los daños que sufrieron durante los enfrentamientos entre guerrilla y grupos paramilitares. Según se lee en el fallo que condena a la Nación, hubo una omisión de las instituciones del Estado en atender los llamados de la comunidad y, por esto deberá reparar a los afectados.

En el documento de la decisión de segunda instacia también señaló que la Fuerza Pública abandonó la región de Bojayá en medio de los enfrentamientos entre las Autodefensas Unidas de Colombia y las Farc. “El nexo de causalidad (por el que se condena a la Nación) surge porque la masacre y el desplazamiento de la población civil del municipio y de la zona del Medio Atrato ocurrió como consecuencia de haberse dejado a sus pobladores el 2 de mayo de 2002 a merced de los grupos armados ilegales, sin brindarles ninguna protección, o prestarles seguridad en forma tardía e insuficiente”.

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Las víctimas citaron pronunciamientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Defensoría del Pueblo en los que también alertaron al gobierno de la grave situación de seguridad que se vivía en la zona y de las consecuencias que esto podría traer. La oficina del Alto Comisionado de la ONU en Colombia, por ejemplo, le escribió cartas al canciller de entonces, Guillermo Fernández Soto; así como al ministro de Defensa, Gustavo Bell; al procurador general, Edgardo Maya y a otros tantos funcionarios.

En las misivas, el ente internacional daba cuenta del “ingreso de las autodefensas a Vigía del Fuerte y Bellavista” y se solicitaba que se tomaran “urgentemente las medidas necesarias y adecuadas para proteger a la población civil del accionar de los combatientes irregulares”. Por su parte, la Defensoría del Pueblo también envió “alertas tempranas” con el fin de que se tomaran “las medidas oportunas y adecuadas para evitar la pérdida de vidas inocentes y su subsiguiente desplazamiento”.

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Ni la Policía, ni el Ejército realizaron labor alguna que pudiera evitar este enfrentamiento que luego generó el desplazamiento de varios habitantes del municipio. En respuesta a la demanda dijeron que el enfrentamiento ocurrió entre paramilitares y Farc, por lo cual, según ellos, esas actividades son responsabilidad de otras personas y no de la Fuerza Pública. A esto añadieron que factores geográficos y la intensidad del enfrentamiento hizo que fuera imposible su ingreso a Bojayá.

En primera instancia un Juzgado de Quibdó afirmó que los miembros de la fuerza pública no brindaron una protección eficaz y adecuada y condenó a la Nación, pero el gobierno y las mismas víctimas impugnaron la decisión. Los demandantes pedían que se elevara la suma de reparación y las entidades del gobierno que se declarar improcedente la demanda, pues para ellos no hubo omisión alguna.

<<Alabaos para los muertos de Bojayá

Las víctimas citaron los documentos de alerta temprana y solicitudes de apoyo enviadas a distintos miembros del gobierno, a los gobernadores de Chocó, Antioquia y Córdoba, y hasta una respuesta de promesa del entonces presidente, Andrés Pastrana, de intervenir en la zona con el objeto de constatar él mismo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Estos mismos argumentos fueron retomados por el Tribunal Administrativo del Chocó, en segunda instancia, donde se ratificó la responsabilidad del daño que recaía en la Procuraduría, el Ejército y la Policía y, como consecuencia de ello, en la Nación.