La justicia le dio la razón a los familiares de Carlos Alfredo Castro, quien fue asesinado a manos del Ejército en 2004 y presentando como baja en combate. Diecinueve años después, el Tribunal Administrativo del Cesar encontró responsables a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército por este crimen y ordenó reparar a su familia, no solo con una millonaria indemnización, sino también con la petición de excusas públicas.
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El caso tiene su génesis en junio de 2004. Para esa fecha, Carlos Alfredo Castro fue reportado como un guerrillero muerto en combate con el Ejército en la vereda Cuesta de la Plata del municipio de Pueblo Bello, Cesar. Sin embargo, en 2017, se confirmó que jamás existió dicho enfrentamiento y que, por el contrario, fue asesinado cuando se encontraba indefenso para ser reportado como baja en combate, luego de ser engañado con la oferta de un falso trabajo recogiendo café.
“Carlos Alfredo Castro Aguirres le manifestó a una hermana que lo habían contratado para la recolección de café en una finca cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta; sin embargo, en vista de que no había comunicación con él, sus familiares comenzaron a buscarlo y en virtud de que no hubo respuesta positiva decidieron presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación”, dice el fallo.
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Luego de tres años, los familiares de Carlos Alfredo Castro encontraron que el nombre de la víctima aparecía en un listado de cadáveres sin identificar que habían sido sepultados en Valledupar, lo que reactivó su búsqueda. “En el Instituto de Medicina Legal, en donde les manifestaron que había muerto en un combate con miembros del Ejército, en el Batallón La Popa, les indicaron que no tenían conocimiento de lo sucedido; y en el cementerio les dijeron que si querían la entrega del cuerpo debían cavar ellos mismos la fosa y sacarlo, porque en la misma había más de mil cadáveres”, dice el fallo del Tribunal, que agrega que no fue hasta años después que investigaciones revelaron que todo se había tratado de un falso positivo, que fue reconocido incluso por un exmiembro del Ejército.
Por estos hechos, familiares de Carlos Alfredo Castro interpusieron una demanda en la que pedían que se declarara responsable a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército por estos hechos y que se les ordenara pagar los prejuicios morales que les causaron como familia, por la violación de los derechos fundamentales a la vida, libertad e integridad personal, honor, integridad y propia imagen. El Tribunal Administrativo del Cesar les dio la razón.
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En un fallo de 36 páginas, el Tribunal concluyó que el Ejército desestimó un argumento de las entidades del Estado, que argumentaban que se debía negar la demanda porque había sido presentada años después de los hechos, lo cual era contrario a la ley. Por el contrario, condenó a las entidades a pagar más de 300 salarios mínimos al concluir que se trató de un hecho ya reconocido por la justicia, y que estas entidades tenían el deber de proteger a las personas y no lo hicieron. Además, ordenó que deberán ofrecer excusas públicas.
En el Cesar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emprendido varias acciones para encontrar a personas que fueron víctimas de falsos positivos en el departamento. Por ejemplo, en el cementerio alterno de El Copey, municipio de Cesar, han hallado hasta la fecha 37 cuerpos no identificados. Según la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), entidad creada con el Acuerdo de Paz, los restos humanos corresponderían a personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado.
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