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El exgobernador de Guainía, Efrén de Jesús Ramírez (2003-2007), fue condenado a siete años de prisión por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Se demostró su responsabilidad en la suscripción de alrededor de una decena de contratos públicos, los cuales fueron suscritos violando las reglas y, de igual forma, permitió que terceros se amañaran millonarios dineros públicos. La mayoría de los acuerdos estaban destinados a la educación de la infancia.
Antecedentes: Gobernadores destituidos
“Evidentemente, a pesar de las obligaciones que le imponía el ejercicio de la función de ordenador del gasto del departamento, con pleno conocimiento del interés general que debía inspirar el manejo presupuestal de la entidad, dirigió su actuar de manera voluntaria en beneficio particular, al afectar el patrimonio de la entidad para favorecerse él y a terceros”, sentenció la Sala de Primera Instancia.
Efrén de Jesús Ramírez fue sentenciado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En los noventa, fue condenado a 12 meses de prisión por inasistencia alimentaria, lo cual le valió una inhabilidad por 11 años para ocupar cargos públicos, según orden de la Procuraduría. Aun así, se posesionó y sus andanzas quedaron plasmadas en un reciente fallo sobre su gestión administrativa.
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A la Fiscalía llegó una denuncia que ponía en aprietos a Ramírez por más de 50 contratos, que oscilaban entre los $10 y los $899 millones. La Fiscalía llevó a juicio al exgobernador por una cantidad aproximada, pero su investigación fue tan regular, que por algunos resultó absuelto y en otros no se aportó prueba alguna. Los magistrados de la Sala regañaron varias veces a la Fiscalía en el documento de casi 200 páginas e incluso le recriminó por no haber incluido en su teoría del caso los delitos de constreñimiento ilegal y falsedad ideológica en documento público.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia estudió una serie de acuerdos que presentaron diversas irregularidades. Por ejemplo, dos contratos de abril de 2004, por $57 millones cada uno, firmados respectivamente por Mayerlin Guayara y Gerardo Reyes. Se encontró fraccionamiento, pues ambos compartían el mismo objeto: el pago de abastecimiento de combustible de enero de 2004, con el propósito de contar con la prestación del servicio de educación para el departamento ¿Para qué se dividió? Según la Fiscalía, como aprobó la corte, para no realizar una licitación pública, en la cual participaran más oferentes.
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La contratación para elementos de aseo para centros educativos, del 17 de mayo de 2004, no tiene sentido. La Gobernación pagó $58 millones a Ana Luisa Mesa, la cual prometió entregar los elementos en 30 días con una garantía de un año. Sin embargo, el señor Floresmiro Capera había hecho una oferta más barata, que entregaría las herramientas 10 días antes y con garantía de año y medio. En otro acuerdo para crear un pozo séptico en una comunidad indígena, por $31 millones, el contratista aceptó en testimonio que subcontrató la obra, pues su profesión nada tenía que ver con el oficio que se le encargó.
Sobre el Contrato 33 del 15 de junio de 2004, por $295 millones, para la adquisición de dotación para el personal administrativo y docente de la Secretaría de Educación, la Fiscalía encontró que: “No contaba con estudios o análisis de conveniencia y oportunidad para contratar”. Al final, poniendo entre las cuentas el precio total de los productos, los costos de legalización, la utilidad del contratista y los impuestos, el contratista Jaime Antonio Arango resultó favorecido con $67 millones injustificadamente.
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Asimismo, en un contrato por $730 millones, para el Plan de Atención Básica en Salud para la población afiliada al régimen subsidiado, se presentaron retrasos por meses. Incluso, la gobernación nunca visitó comunidades, dejando esquemas de vacunación incompletos. En un convenio administrativo, se demostró que la Gobernación permitió que 124 personas hicieran maletas y se subieran gratis a unos vuelos Inírida-Bogotá-Inírida. Además de pasar siete años en prisión, pagará una multa de $515 millones y deberá reparar al Guainía con $308 millones por daños y perjuicios.
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