Condenan ‘exparas’ del Élmer Cárdenas

Ocho años después de la desmovilización del bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas, el Tribunal de Medellín acaba de condenar a ocho integrantes de esa estructura armada ilegal a la pena alternativa de prisión contemplada en la Ley de Justicia y Paz, por considerar que “han cumplido de manera fehaciente y satisfactoria con los compromisos adquiridos con la sociedad, las víctimas, el Estado y la judicatura, consistentes en verdad, reparación, justicia y no repetición”.

Entre los condenados se encuentran Pablo José Montalvo Cuitiva, comandante del frente Pavarandó, y Elkin Jorge Castañeda Naranjo, comandante del frente Gabriela White, quienes ejercieron control militar, social y político en los municipios de Mutatá y Dabeiba (Antioquia), atendiendo al proyecto expansivo de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, que buscaba controlar la entrada a Urabá y el corredor Nudo de Paramillo-Riosucio.

Cuitiva, que ingresó a las autodefensas en 1996, fue condenado, entre otros delitos, por el secuestro y homicidio de los hermanos Jorge y Rodolfo Yabur Espitia, señalados por los desmovilizados como reconocidos narcotraficantes y contrabandistas de Necoclí. Por su parte, Efraín Homero Hernández, encargado de la seguridad de El Alemán, fue condenado por la masacre de La Horqueta, en la que fueron asesinadas 14 personas en noviembre de 1997.

Otros dos postulados, Darío Enrique Vélez y Dairon Mendoza Caraballo, fueron encontrados culpables de participar en la operación Oterloo, mediante la cual las autodefensas adquirieron 3.000 fusiles AK47 y 5 millones de municiones, que llegaron al puerto de Turbo en 2001 provenientes de Nicaragua. Según la Fiscalía, en estos hechos habrían participado funcionarios de la DIAN que recibieron jugosos sobornos para permitir el ingreso del armamento, reportado como un cargamento de balones propiedad de la empresa Banoli Ltda.

Teniendo en cuenta que los postulados cumplieron los requisitos establecidos por la ley, el Tribunal les impuso una pena de ocho años de prisión a Darío Enrique Vélez, Juan Pablo López, Pablo José Montalvo, Dairon Mendoza, Efraín Homero Hernández y Elkin Jorge Castañeda, mientras que a Bernardo Jesús Díaz y Carlos Arturo Furnieles los condenó a 6 años. Además les ordenó entregar $8.207 millones a 39 víctimas por concepto de reparación, monto que será revisado por la Unidad de Víctimas, y les recordó que deberán “continuar prestando una colaboración efectiva, so pena de perder sus beneficios y someterse al cumplimiento de la pena ordinaria”.

El Tribunal también les ordenó a las alcaldías de Dabeiba y Tocaima (Cundinamarca) ubicar placas conmemorativas con los nombres de las personas que fueron asesinadas en las incursiones armadas que ejecutó el bloque Élmer Cárdenas en esos municipios y le pidió a la Unidad de Víctimas crear un grupo interdisciplinario que establezca el daño social, cultural, familiar, colectivo y psicológico causado a las comunidades, además de prestar especial atención al impacto que pudieron causar esos exparamilitares en la pervivencia de los resguardos indígenas.

Por cuenta de este fallo, la Fiscalía también deberá crear una comisión especial que determine “la posible injerencia que tuvieron los grupos armados estatales (Ejército y Policía) en las tomas de Riosucio, Dabeiba, el caso de armas de Oterloo y la masacre de La Horqueta, así como en la forma como se desarrolló la investigación ordenada contra el general Alejandro Navas Ramos”, quien hoy funge como embajador de Colombia en Argentina. Sobre este último punto, la Procuraduría informó que ya constituyó una agencia especial.

El fiscal 45 de la Unidad de Justicia Transicional, Albeiro Chavarro, quien había recusado a los magistrados Rubén Darío Pinilla y María Consuelo Rincón en el proceso contra alias ‘Don Berna’, valoró que la sentencia demostrara las “tenebrosas alianzas que el grupo paramilitar tuvo con la clase política, los ganaderos y los comerciantes” en sus zonas de influencia. Asimismo, destacó que se hubiera corrido “ese manto de duda acerca de la pertenencia de las víctimas a un grupo insurgente”, teoría que también ha sido comprobada por el Tribunal de Bogotá.

Teniendo en cuenta que ninguna de las partes presentó recurso, la sentencia quedó en firme y se constituyó en la primera decisión de ese tipo proferida en Antioquia en desarrollo del proceso de Justicia y Paz. En diciembre de 2011, el Tribunal de Bogotá condenó a ‘El Alemán’ por el reclutamiento de al menos 309 menores en Antioquia y Chocó, además del secuestro del exalcalde de Ungía Rigoberto Castro Mora.

mflorez@elespectador.com
@elenaflorezr

Ocho años después de la desmovilización del bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas, el Tribunal de Medellín acaba de condenar a ocho integrantes de esa estructura armada ilegal a la pena alternativa de prisión contemplada en la Ley de Justicia y Paz, por considerar que “han cumplido de manera fehaciente y satisfactoria con los compromisos adquiridos con la sociedad, las víctimas, el Estado y la judicatura, consistentes en verdad, reparación, justicia y no repetición”.

Entre los condenados se encuentran Pablo José Montalvo Cuitiva, comandante del frente Pavarandó, y Elkin Jorge Castañeda Naranjo, comandante del frente Gabriela White, quienes ejercieron control militar, social y político en los municipios de Mutatá y Dabeiba (Antioquia), atendiendo al proyecto expansivo de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, que buscaba controlar la entrada a Urabá y el corredor Nudo de Paramillo-Riosucio.

Cuitiva, que ingresó a las autodefensas en 1996, fue condenado, entre otros delitos, por el secuestro y homicidio de los hermanos Jorge y Rodolfo Yabur Espitia, señalados por los desmovilizados como reconocidos narcotraficantes y contrabandistas de Necoclí. Por su parte, Efraín Homero Hernández, encargado de la seguridad de El Alemán, fue condenado por la masacre de La Horqueta, en la que fueron asesinadas 14 personas en noviembre de 1997.

Otros dos postulados, Darío Enrique Vélez y Dairon Mendoza Caraballo, fueron encontrados culpables de participar en la operación Oterloo, mediante la cual las autodefensas adquirieron 3.000 fusiles AK47 y 5 millones de municiones, que llegaron al puerto de Turbo en 2001 provenientes de Nicaragua. Según la Fiscalía, en estos hechos habrían participado funcionarios de la DIAN que recibieron jugosos sobornos para permitir el ingreso del armamento, reportado como un cargamento de balones propiedad de la empresa Banoli Ltda.

Teniendo en cuenta que los postulados cumplieron los requisitos establecidos por la ley, el Tribunal les impuso una pena de ocho años de prisión a Darío Enrique Vélez, Juan Pablo López, Pablo José Montalvo, Dairon Mendoza, Efraín Homero Hernández y Elkin Jorge Castañeda, mientras que a Bernardo Jesús Díaz y Carlos Arturo Furnieles los condenó a 6 años. Además les ordenó entregar $8.207 millones a 39 víctimas por concepto de reparación, monto que será revisado por la Unidad de Víctimas, y les recordó que deberán “continuar prestando una colaboración efectiva, so pena de perder sus beneficios y someterse al cumplimiento de la pena ordinaria”.

El Tribunal también les ordenó a las alcaldías de Dabeiba y Tocaima (Cundinamarca) ubicar placas conmemorativas con los nombres de las personas que fueron asesinadas en las incursiones armadas que ejecutó el bloque Élmer Cárdenas en esos municipios y le pidió a la Unidad de Víctimas crear un grupo interdisciplinario que establezca el daño social, cultural, familiar, colectivo y psicológico causado a las comunidades, además de prestar especial atención al impacto que pudieron causar esos exparamilitares en la pervivencia de los resguardos indígenas.

Por cuenta de este fallo, la Fiscalía también deberá crear una comisión especial que determine “la posible injerencia que tuvieron los grupos armados estatales (Ejército y Policía) en las tomas de Riosucio, Dabeiba, el caso de armas de Oterloo y la masacre de La Horqueta, así como en la forma como se desarrolló la investigación ordenada contra el general Alejandro Navas Ramos”, quien hoy funge como embajador de Colombia en Argentina. Sobre este último punto, la Procuraduría informó que ya constituyó una agencia especial.

El fiscal 45 de la Unidad de Justicia Transicional, Albeiro Chavarro, quien había recusado a los magistrados Rubén Darío Pinilla y María Consuelo Rincón en el proceso contra alias ‘Don Berna’, valoró que la sentencia demostrara las “tenebrosas alianzas que el grupo paramilitar tuvo con la clase política, los ganaderos y los comerciantes” en sus zonas de influencia. Asimismo, destacó que se hubiera corrido “ese manto de duda acerca de la pertenencia de las víctimas a un grupo insurgente”, teoría que también ha sido comprobada por el Tribunal de Bogotá.

Teniendo en cuenta que ninguna de las partes presentó recurso, la sentencia quedó en firme y se constituyó en la primera decisión de ese tipo proferida en Antioquia en desarrollo del proceso de Justicia y Paz. En diciembre de 2011, el Tribunal de Bogotá condenó a ‘El Alemán’ por el reclutamiento de al menos 309 menores en Antioquia y Chocó, además del secuestro del exalcalde de Ungía Rigoberto Castro Mora.

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