Condenan otra vez al exgobernador de Chocó Julio Ibargüen Mosquera

Una nueva condena recae sobre Julio Ibargüen Mosquera, exgobernador del Chocó entre 2004 y 2007, quien en octubre de 2015 fue sentenciado a siete años de prisión por aliarse con los “paras” del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc. Esta vez, la Fiscalía le siguió la pista por la suscripción de tres resoluciones para educación, que incumplieron los requisitos legales y cuya inversión, en parte, habría terminado en los bolsillos del entonces secretario de Hacienda Roger Pastor Mosquera.

Antecedentes: Corte condenó a 90 meses de prisión a exgobernador del Chocó por parapolítica

Prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros. Esos fueron los delitos por los que Ibargüen fue condenado a seis años y seis meses de prisión, y por los que fue inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida. La Corte Suprema de Justicia confirmó, tras acusación de la Fiscalía, su falta de vigilancia como gobernador y, al parecer, su direccionamiento de los dineros públicos a su secretario de Hacienda.

Todo empezó el 27 de marzo de 2007 y el 30 de abril de ese año, cuando Ibargüen Mosquera expidió tres resoluciones que tenían por objetivo mejorar la educación del departamento, meta que los funcionarios involucrados en la inversión no justificaron en cuanto a elementos y que costó casi $130 millones en tres operaciones diferentes. Se trataba de dotación para las instituciones educativas, “bienes que en su mayoría no ingresaron a los colegios”, acusó el ente investigador.

“En calidad de gobernador del Chocó suscribió las resoluciones 0451 y 0452 de 27 de marzo de 2007 y 0725 de 30 de abril del mismo año, por medio de las cuales ordenó de forma contraria a la ley, girar avances a nombre de Roger Pastor Mosquera, quien fungía para esa época como Secretario de Hacienda Departamental, permitiendo con ello que terceros se apropiaran de dineros del erario público”, se explica en la acusación, confirmada por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

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Cada vez que Ibargüen Mosquera expidió una de las tres resoluciones, el tesorero departamental del Chocó, Rodolfo Murillo, ordenó al Banco de Bogotá debitar de la cuenta “Gobernación del Chocó-rendimiento encargo fiduciario” dinero para el secretario de Hacienda. El 28 de marzo de 2007 se giró un cheque por alrededor de $34 millones, ese mismo día otro más casi $74 millones y el 17 de mayo otro por $15 millones cerrados.

Ibargüen Mosquera fue el último en ser investigado por los hechos, pues el 24 de mayo de 2012 los servidores públicos Roger Pastor Mosquera y Rodolfo Murillo fueron condenados por el Juzgado Segundo Penal de Circuito de Quibdó como autores del delito de peculado por apropiación, sentencia que luego fue confirmada en 2013 por el Tribunal Superior de Quibdó. En ese proceso, en 2009, la Fiscalía ordenó compulsar copias al exgobernador Mosquera y recién hasta 2015 la Fiscalía Octava delegada ante la Corte Suprema abrió instrucción penal contra él.

Durante el juicio, Ibargüen Mosquera no pudo demostrar su error al utilizar la Caja Menor del departamento, reglas que él mismo dispuso en una resolución cuando entró a gobernar. De acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Hacienda, las Cajas Menores solo pueden utilizarse para gastos urgentes y que no pueden ser atendidos por los canales normales de contratación. Se trata de un mecanismo ágil y oportuno que responde a las necesidades prioritarias de las alcaldías o gobernaciones, que Ibargüen Mosquera desconoció.

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“En ninguna de esas resoluciones se argumentó que los gastos estuvieran destinados a suplir una necesidad urgente o que se tratara de gastos imprevistos e inaplazables que no pudieran ser atendidos por los canales normales de la contratación”, explicó la Corte Suprema. Asimismo, para la época en que Ibargüen Mosquera fue gobernador, la Caja Menor tenía un limite de $23 millones, sin embargo, se aprobaron pagos seis veces más allá de lo permitido -casi $130 millones-.

Además, la Corte Suprema solo pudo identificar que en la resolución 0725, por $15 millones, se propuso invertir en la sala de sistema de la Institución Educativa Agrícola Unión del municipio de Belén de Bajirá. En los demás hay una incógnita tan grande como el abuso a la Caja Menor. Los gastos, además, no fueron legalizados y aun así se validaron giro tras giro, lo cual está prohibido por el Ministerio de Hacienda. Además, el pago se fraccionó en distintas resoluciones, lo cual también es una violación a la normativa de Cajas Menores en Colombia.

Durante el proceso, Ibargüen Mosquera aseguró que tanto el entonces secretario de Hacienda como el tesorero departamental eran los llamados a dar las explicaciones pertinentes por los gastos, dado que fueron quienes manejaron las cuentas. Ellos, según el exgobernador en interrogatorio, debían indicar el motivo por el cual los avances de las resoluciones se debitaron de la cuenta “Gobernación del Chocó-rendimiento encargo fiduciario”.

“Que el fundamento de esos tres avances obedeció a que distintas instituciones educativas le presentaron al secretario de educación sus necesidades y éste las trasladó al secretario de hacienda, quien a su vez le ordenó al tesorero pagador del departamento que cumpliera con el giro de las cifras respectivas”, explicó la alta corte sobre el interrogatorio de Ibargüen Mosquera. Su abogado, por su parte, aseguró que las empresas Representaciones Casa Azul y Promotora Mercantil Santa Ana podían probar las compras de la gobernación.

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Al final, la Corte Suprema consideró que el exgobernador de Chocó era responsable por sus acciones y definitivamente es imputable, dado que está en el mundo de la política desde hace décadas. Fue profesor de primaria, presidente del sindicato docente del Chocó, vicepresidente de Fecode, concejal, diputado y congresista. Ibargüen Mosquera deberá pagar una multa de $289 millones y deberá reparar al departamento con otros $238 millones.

Una nueva condena recae sobre Julio Ibargüen Mosquera, exgobernador del Chocó entre 2004 y 2007, quien en octubre de 2015 fue sentenciado a siete años de prisión por aliarse con los “paras” del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc. Esta vez, la Fiscalía le siguió la pista por la suscripción de tres resoluciones para educación, que incumplieron los requisitos legales y cuya inversión, en parte, habría terminado en los bolsillos del entonces secretario de Hacienda Roger Pastor Mosquera.

Antecedentes: Corte condenó a 90 meses de prisión a exgobernador del Chocó por parapolítica

Prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros. Esos fueron los delitos por los que Ibargüen fue condenado a seis años y seis meses de prisión, y por los que fue inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida. La Corte Suprema de Justicia confirmó, tras acusación de la Fiscalía, su falta de vigilancia como gobernador y, al parecer, su direccionamiento de los dineros públicos a su secretario de Hacienda.

Todo empezó el 27 de marzo de 2007 y el 30 de abril de ese año, cuando Ibargüen Mosquera expidió tres resoluciones que tenían por objetivo mejorar la educación del departamento, meta que los funcionarios involucrados en la inversión no justificaron en cuanto a elementos y que costó casi $130 millones en tres operaciones diferentes. Se trataba de dotación para las instituciones educativas, “bienes que en su mayoría no ingresaron a los colegios”, acusó el ente investigador.

“En calidad de gobernador del Chocó suscribió las resoluciones 0451 y 0452 de 27 de marzo de 2007 y 0725 de 30 de abril del mismo año, por medio de las cuales ordenó de forma contraria a la ley, girar avances a nombre de Roger Pastor Mosquera, quien fungía para esa época como Secretario de Hacienda Departamental, permitiendo con ello que terceros se apropiaran de dineros del erario público”, se explica en la acusación, confirmada por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

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Cada vez que Ibargüen Mosquera expidió una de las tres resoluciones, el tesorero departamental del Chocó, Rodolfo Murillo, ordenó al Banco de Bogotá debitar de la cuenta “Gobernación del Chocó-rendimiento encargo fiduciario” dinero para el secretario de Hacienda. El 28 de marzo de 2007 se giró un cheque por alrededor de $34 millones, ese mismo día otro más casi $74 millones y el 17 de mayo otro por $15 millones cerrados.

Ibargüen Mosquera fue el último en ser investigado por los hechos, pues el 24 de mayo de 2012 los servidores públicos Roger Pastor Mosquera y Rodolfo Murillo fueron condenados por el Juzgado Segundo Penal de Circuito de Quibdó como autores del delito de peculado por apropiación, sentencia que luego fue confirmada en 2013 por el Tribunal Superior de Quibdó. En ese proceso, en 2009, la Fiscalía ordenó compulsar copias al exgobernador Mosquera y recién hasta 2015 la Fiscalía Octava delegada ante la Corte Suprema abrió instrucción penal contra él.

Durante el juicio, Ibargüen Mosquera no pudo demostrar su error al utilizar la Caja Menor del departamento, reglas que él mismo dispuso en una resolución cuando entró a gobernar. De acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Hacienda, las Cajas Menores solo pueden utilizarse para gastos urgentes y que no pueden ser atendidos por los canales normales de contratación. Se trata de un mecanismo ágil y oportuno que responde a las necesidades prioritarias de las alcaldías o gobernaciones, que Ibargüen Mosquera desconoció.

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Además, la Corte Suprema solo pudo identificar que en la resolución 0725, por $15 millones, se propuso invertir en la sala de sistema de la Institución Educativa Agrícola Unión del municipio de Belén de Bajirá. En los demás hay una incógnita tan grande como el abuso a la Caja Menor. Los gastos, además, no fueron legalizados y aun así se validaron giro tras giro, lo cual está prohibido por el Ministerio de Hacienda. Además, el pago se fraccionó en distintas resoluciones, lo cual también es una violación a la normativa de Cajas Menores en Colombia.

Durante el proceso, Ibargüen Mosquera aseguró que tanto el entonces secretario de Hacienda como el tesorero departamental eran los llamados a dar las explicaciones pertinentes por los gastos, dado que fueron quienes manejaron las cuentas. Ellos, según el exgobernador en interrogatorio, debían indicar el motivo por el cual los avances de las resoluciones se debitaron de la cuenta “Gobernación del Chocó-rendimiento encargo fiduciario”.

“Que el fundamento de esos tres avances obedeció a que distintas instituciones educativas le presentaron al secretario de educación sus necesidades y éste las trasladó al secretario de hacienda, quien a su vez le ordenó al tesorero pagador del departamento que cumpliera con el giro de las cifras respectivas”, explicó la alta corte sobre el interrogatorio de Ibargüen Mosquera. Su abogado, por su parte, aseguró que las empresas Representaciones Casa Azul y Promotora Mercantil Santa Ana podían probar las compras de la gobernación.

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