El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín sentenció a cuatro suboficiales del Ejército, un civil, un soldado profesional y un exagente de la policía a siete años de prisión por cooperar con una banda que se dedicaba a la venta de armamento y municiones a miembros de bandas criminales de Córdoba y Urabá, así como a integrantes de la guerrilla.
Se trata de los sargentos Juan Pablo Laguna Medina, Carlos Fernando Borda Garzón, Alexander Sánchez Puerta y Gerardo Márquez Guerrero; el soldado Silva Rincón y el exagente de la policía Néstor Wilson Pinto, quienes aceptaron los cargos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Miembros de la Dirección Nacional Contra el Crimen Organizado establecieron que la banda criminal estaría liderada por el detenido coronel Robinson Javier González del Río.
Al parecer los miembros del Ejército, junto con González del Río, entregaban armas de largo alcance y explosivos a las Farc, al bloque Mártires de Córdoba de las autodefensas Gaitanistas y al llamado Clan Úsuga desde hace unos cuatro años. El material bélico era trasladado en el vehículo oficial del alto militar, conducido por el soldado profesional José Ignacio Silva Rincón, alias El Primo.
El pasado 28 de julio se conoció que González del Río llegó a un preacuerdo con la justicia en el que aceptaría su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y tráfico de armas, lo que le permitiría una considerable reducción de la pena, que oscilaría entre seis y siete años de prisión.
El coronel González del Río está inmerso en investigaciones por casos de 'falsos positivos', por lo menos 70, en los que también habrían participado generales. Sus amistades con el magistrado Henry Villaraga llevaron a aumentar el escándalo que lo enreda además con líos por un 'carrusel' de contratos en el Ejército.