Congresista Julián Gallo ("Carlos Lozada") pierde tutela contra periodista

Julián Gallo Cubillos, quien en la guerra fue más conocido como Carlos Antonio Lozada, fue derrotado en la primera batalla jurídica que emprendió contra Vanessa Vallejo, editora en jefe y columnista del portal Panam Post. La razón de ser de su disputa es una columna que Vallejo publicó el 20 de agosto de 2019, titulada “Los violadores que son ‘honorables’ congresistas en Colombia”, con una foto de Gallo, quien tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc llegó al Congreso para ocupar una de las cinco curules que se le otorgó a la guerrilla en el Senado hasta 2022. (Pelea del senador Julián Gallo con periodista que lo llamó violador tiene nuevo capítulo)

Julián Gallo Cubillos, quien en la guerra fue más conocido como Carlos Antonio Lozada, fue derrotado en la primera batalla jurídica que emprendió contra Vanessa Vallejo, editora en jefe y columnista del portal Panam Post. La razón de ser de su disputa es una columna que Vallejo publicó el 20 de agosto de 2019, titulada “Los violadores que son ‘honorables’ congresistas en Colombia”, con una foto de Gallo, quien tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc llegó al Congreso para ocupar una de las cinco curules que se le otorgó a la guerrilla en el Senado hasta 2022. (Pelea del senador Julián Gallo con periodista que lo llamó violador tiene nuevo capítulo)

“En Colombia todo el mundo sabe que los guerrilleros de las FARC reclutaron y violaron menores de edad durante décadas. Las denuncias, las pruebas y los casos están, pero, a pesar de eso, los colombianos tuvimos que ver cómo por cuenta de un pacto entre las Farc y el expresidente Juan Manuel Santos sus delitos quedaron, por ahora, en la impunidad”, escribió Vallejo en su columna. “Es el caso del honorable’ senador Carlos Antonio Lozada, quien, según Lorena Murcia, reclutada por las Farc  (…) era conocido como tornillo, porque violaba a los niños que llegaban a su campamento”.

Ante la gravedad de los señalamientos contenidos en la columna de la periodista Vallejo, el senador del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) reaccionó de inmediato y acudió a la justicia. Lo primero que hizo, el pasado 27 de agosto -una semana después de la publicación-, fue pasar un derecho de petición a la Fiscalía, “a efectos de solicitar y corroborar que la información publicada por la demandada es falsa, reafirmando con ello su compromiso con el esclarecimiento de la verdad y la no repetición de ejercer política a través de las armas”.

El 19 de septiembre, Gallo Cubillos tocó las puertas del Panam Post con una solicitud formal de rectificación. Le pidió a Vallejo que aclarara la información divulgada con base en las sentencias que puedan existir en su contra para sustentar esas acusaciones. “Aunado a lo anterior, se tiene que la comunicadora Vanessa Vallejo ha realizado en sus redes sociales publicaciones ofensivas que hacen apología al odio y a la violencia hacia los miembros reinsertados de las Farc”, resume el fallo que profirió el pasado 5 de marzo el Juzgado Sexto Penal de Conocimiento de Bogotá. (Vea aquí la columna que generó esta disputa legal)

Lo que Gallo (Carlos Antonio Lozada) pretendía con su recurso judicial era ordenar a Vallejo una rectificación tanto en sus redes sociales como en el portal Panam Post, que se retractara de los “comentarios calumniosos efectuados”. Asimismo, pidió que la decisión le fuera comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores, “para que adelanten las acciones pertinentes de salvaguarda y protección de la Constitución Política de Colombia ante el portal web Panam Post”.

El caso empezó a andar en el sistema judicial el 10 de octubre del año pasado. Ni el Panam Post ni la propia Vallejo quisieron responderle al juez del caso, por lo que este continuó “con las pruebas allegadas en el escrito de la presente acción”. Pero, el pasado 5 de diciembre, Vanessa Vallejo pidió que se anulara todo lo actuado, pues las notificaciones no se habían hecho de manera correcta, en su sentir. Se hicieron vía email. Así las cosas, el 15 de enero de este año, se anuló todo lo que se había avanzado en el proceso y este volvió a comenzar. Gallo Cubillos reprochó ante el Tribunal Superior de Bogotá, pero esa decisión se mantuvo.

El 25 de febrero pasado, Vallejo replicó que el Juzgado Sexto Penal de Conocimiento de Bogotá carecía de competencia sobre el caso porque ni ella ni Panam Post se encontraban en el país. Aseguró también que Gallo Cubillos, en su tutela, había recurrido a “imprecisiones, tergiversaciones y amaño de información y de pruebas”. Agregó que ha sido “clara en que  (…) sus afirmaciones se fundan en los testimonios expuestos por los miembros de la Corporación Rosa Blanca, que agrupa a más de 1.200 víctimas de la guerrilla”, un colectivo que se ha enfocado en denunciar casos de violencia sexual cometida por las Farc. ("Carlos Antonio Lozada", de jefe de las milicias a senador)

Las anotaciones del juez

El funcionario judicial señaló que en el artículo en cuestión veía “más inexactitudes que aciertos”. Por ejemplo, explicó que el Acuerdo de Paz no lo firmaron las Farc con el presidente Juan Manuel Santos sino con el Estado colombiano, del cual Santos era un representante. Asimismo, que ese Acuerdo pasó tanto por el Congreso como por la Corte Constitucional, que ejercieron “los respectivos controles”. Por eso, subrayó el juez, “(se) demuestra el interés de Vanessa Vallejo de desinformar a la comunidad internacional y una negligente labor investigativa de la comunicadora en verificar que el mensaje que entrega a los lectores sea veraz”.

El juez le indicó también que ella, aunque no viviera en el país, ostentaba ciudadanía colombiana y, por eso, era “sujeto de derechos y deberes”. Así las cosas, observó el juez, “aunque la señora Vallejo resida fuera del país, conserva el deber de respetar los derechos fundamentales de los connacionales”. En lo que el juez sí le dio la razón fue en desvincular al portal Panam Post del proceso, con base en lo que la propia Vallejo señaló: que ella había escrito una “opinión personal” que reflejaba “solo” su criterio y el de las fuentes que consultó para su nota periodística. (Senador de FARC auxilió a José Obdulio Gaviria tras sufrir un desmayo)

Por último, el juez pasó a lo más importante: las evidencias que entregó Vanessa Vallejo. ¿Eran suficientes como para no acatar la petición del congresista y exlíder guerrillero Julián Gallo Cubillos, quien pidió protección para su derecho al buen nombre? “Las precedentes pruebas (…) sí abren una incógnita a este juzgado respecto de la existencia de una inferencia razonable que denoten que el señor Julián Gallo Cubillos fue partícipe de alguna conducta que atentara contra el bien jurídico tutelado de la libertad y formación sexual de los menores que fueran víctima del conflicto armado colombiano”.

En otras palabras, el juez concluyó que, aunque no había pruebas irrefutables o fallos ejecutoriados en los cuales se señalara la responsabilidad de Gallo Cubillos por violencia sexual, sí había pruebas para dudar de su inocencia. Por ejemplo, un escrito de Lorena Murcia, quien hace parte de la corporación Rosa Blanca y “afirma haber sido víctima de abuso sexual por parte del actor”. O una publicación en el portal web de la emisora La FM, titulada “¿Quiénes son los 25 exguerrilleros de Farc con más denuncias por violación?”. Se basa en un documento que entregó Murcia en el Congreso, en que se lee que Gallo Cubillos ha sido denunciado por 12 casos de aborto, tres de violación sexual a hombres y 32 casos de reclutamiento.

Al final, el juez declaró que todo este asunto excedía el recurso de la tutela, pues se trata de dilucidar si son ciertos o falsos unos señalamientos propios del resorte penal. De no ser verdaderos, Vallejo habría incurrido en el delito de calumnia, indica el funcionario judicial. “Será la jurisdicción penal la que disponga el paso a seguir respecto de las conductas denunciadas en el artículo y las redes sociales de Vanessa Vallejo y los hechos supuestamente vulneratorios de los derechos e Gallo Cubillos”. Por esa razón, declaró improcedente la tutela presentada por el exjefe guerrillero. Si él quisiera insistir en su pelea con Vallejo, tendría que acudir a la Fiscalía.