Los congresistas que apoyaron la recolección de dinero, o comúnmente denominada “vaca”, para la construcción de las vías de cuarta generación en Antioquia no perderán su investidura. Así lo decidió el Consejo de Estado, luego de evaluar una demanda que pedía sacar del cargo a 10 congresistas de la República.
Antecedentes: Consejo de Estado citó a 10 congresistas por haber aportado a “vaca” por vías 4G
La demanda señala que los congresistas habrían violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que les prohíbe “gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno”.
Sin embargo, el Consejo de Estado, en decisión de primera instancia, consideró que “no se evidenció que los congresistas intervinieran directa o indirectamente en la celebración del contrato, ni que actuaran en beneficio propio o de terceros”, como lo explicó la alta corte a través de un comunicado.
En contexto: Admiten demanda contra congresistas que aportaron a la “vaca” por las vías 4G
Quienes se salvaron de la medida judicial son los senadores Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín Moreno y María Fernanda Cabal Molina.
Así mismo, el fallo favorece a los representantes a la Cámara, Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Márquez, John Jairo Berrio López y Julián Peinado Ramírez, también elegidos para el periodo constitucional 2022-2026.
En definitiva, la alta corte concluyó que “lo que se probó es que el aporte iba encaminado a la financiación de obras cuyo beneficiario es la comunidad”, y, por lo tanto, no se probó que se afectara el interés general con el apoyo a la denominada “vaca”.
La “vaca” arrancó el pasado 22 de marzo y la coordinó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Además, fue apoyada por un amplio sector de la derecha y por figuras como el expresidente Álvaro Uribe y congresistas del Centro Democrático.
Desde el día uno, la iniciativa causó polémica, principalmente porque no había ninguna herramienta para acreditar que las donaciones fueran legal y tuvieran un origen ilícito. Por eso, el Pacto Histórico también radicó una denuncia para que la Fiscalía investigara un posible caso de lavado de activos.
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