Congresistas y más de 2.000 intermediarios involucrados en fraude electoral
El fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que se encontraron varias irregularidades en distintas regiones del país respecto a los comicios electorales para la elección de congresistas que se llevaron a cabo este año.
Redacción Judicial
Un entramado de corrupción electoral que habría operado en las elecciones de marzo pasado para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República fue anunciada este jueves por el fiscal General, Néstor Humberto Martínez. En lo escencial, la investigación compromente a tres congresistas electos: Fabian Castillo, Margarita Restrepo y la ya detenida Aída Merlano. A dos empresarios: Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría. Y, además, da cuenta de actos irregulares en todo el departamento del Atlántico, mediante una estrategia llamada "Casa Blanca", otra en Ciénaga (Magdalena), en Medellín y en Bogotá.
Este esperado anuncio del fiscal Martínez, tiene que ver con la continuación de la investigación que se adelantó el caso de Aída Merlano, en donde se descubrió la existencia de una supuesta red de compra de voto, que motivó una compulsa copias a la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la captura de Merlano. Ahora, en una segunda fase, Martínez anunció que se encontraron más de 2.000 intermediarios que habrían favorecido a candidatos al Congreso. Para ello, fueron necesarias más de 2.112 horas de grabaciones y 50 investigadores.
(Lea: Así fue el fraude electoral de Aida Merlano)
De acuerdo con el Fiscal, la organización "Casa Blanca" venía operando desde el año 2015: “La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyados por un grupo de dirigentes políticos regionales que contactaban líderes encargados de reclutar electores en las barriadas, en las comunas. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas”. Así se habría apoyado a candidatura de Lilibeth Llinás para la Cámara de Representantes en el departamento del Atlántico por Cambio Radical, quien finalmente no resultó elegida.
De acuerdo con Martínez, era una red que contaba cona administradores para el manejo de los recursos; "punteadores" encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados; "pagadores" que debían entregar contraseñas en la casa de los líderes; "coordinadores" que entregaban contraseñas en casas de apoyo; y unos "didactas" que debían "enseñar" a la gente reclutada cómo debía votar.
“Para el día de elecciones arrendaron 187 terrazas n el departamento de Atlántico y en otros departamentos. A esos sitios tenían que volver los electores con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente al pago de cada voto para proceder al pago a los electores. El voto como una mercancía. Así llegaban los electores a hacer fila a Casa Blanca, increíble esta fotografía que hemos logrado en medio de las investigaciones”, afirmó Martinez.
Uno de los detalles más importantes encontrados por la entidad es que dicha organización se dedicaba al reclutamiento de votantes de bajos recursos, entre ellos adultos mayores, lo que fue calificado por el fiscal Martínez como “inconcebible”: los adultos mayores tenían que entrar a votar con niños, quienes verificaban que se haya cumplido el voto de manera correcta.
“La red habría estado conformada por los candidatos al Congreso en 2018 Aída Merlano y Lilibeth Llinás. Los dirigentes políticos regionales: Jorge Rangel, diputado de Atlántico. Margarita Balen, diputada del mismo departamento; Juan Carlos Zamora, concejal del distrito de Barranquilla; Aissar Castro Bravo concejal de la misma ciudad y su padre, el exconcejal Aissar Castro Reyes”, agregó el fiscal.
(Le puede interesar: Capturados dos hermanos en relación con el caso de Aída Merlano)
Esta red se habría financiado de manera pública y privada. La primera habla de contratos de prestación de servicios que s se habrían hecho entre integrantes de esa red con el Concejo de Barranquilla. La segunda tiene que ver cientos de cheques provenientes de varios particulares. Uno de los captuados Edwin Rafael Martínez Salas, habría cobrado en febrero 21 cheques que superaron $1.000 millones de pesos. Lo clave en este asunto es queel monto máximo para gastos de un candidato al Senado es de $900 millones de pesos.
Por esa razón, se anunció la impuación de cargos, el próximo 30 de febrero, de la candidata Llinás; los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén; los concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja; y a los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara. Además, se compulsaron copias a la Corte Suprema en contra de Aída Merlano por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales; y ante el Consejo Nacional Electoral por la posible doble militancia en que habrían incurrido tanto Merlano como Llinás.
Uno de los elementos claves del anuncio del fiscal Martínez es que se llamó a interrogatorio a los empresarios Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría, por su presunta participación en esta organización y el financiamiento electoral.
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Presunta compra de votos en otras regiones
El fiscal Martínez igualmente hizo referencia a otros casos de presunto fraude electoral. Uno de ellos, en Ciénaga (Magdalena) tiene que ver Sergio Andrés Lora Ávila, quien fue capturado en marzo pasado con dinero en efectivo que intentó justificar con un contrato y con propaganda política alusiva al candidato Fabián Castillo. El ente acusador encontró que dicho contrato sería falso y anunció la imputación de cargos contra Lora por corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude. Además, imputará cargos contra el alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, por presuntamente haber intentado favorecer a Lora Ávila durante el proceso de judicialización. Y se compulsaron copias ante la Corte Suprema de Justicia contra Castillo.En Medellín, se investigan hechos que involucran la campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara de Representantes, y reelegida al Congreso, tya que al parecer habróa ofrecido viajes a San Andrés a sus votantes, así como televisores y tabletas. Por eso, ayer fueron capturados Alejandro Cuartas Rodas (gerente de la campaña) en Jericó (Antioquia) y Elizabeth Jaramillo Rico en Medellín. Y se compulsaron copias a la Corte Suprema en contra la representante Margarita Restrepo.
En Caucasia, se capturó al subdirector del Sena, Braulio Suárez, quien habría reunido a empleados y particulares en diferentes lugares públicos para exigirles que votaran por el representante a la Cámara y ahora senador electo, Julián Bedoya Pulgarín. Y en Bogotá, se anunció la imputación de cargos de Julián Gutiérrez (contratista) y Jhon Francisco Rodríguez (subdirector regional de Kennedy de la Secretaría de Integración Social del Distrito), quienes habrían exigido a profesores que votaran por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal.
En Cauca, se llamó a interrogatorio a seis jurados de votación por presuntas irregularidades en las elecciones, que habrían beneficiado a Faber Muñoz, quien fue elegido como cuarto representante a la Cámara por el departamento. Según la denuncia, el fraude se habría presentado en siete mesas de seis corregimientos donde, aparentemente, los resultados del preconteo no se habrían reportado oportunamente a la Registraduría.
Y en Soledad (Atlántico) se anunció la imputación contra Marbe Luz Pizarro (Coordinadora de asuntos electorales de Soledad) y Édgar Lubo Pinedo (Registrador especial de Soledad) por el delito de prevaricato por omisión. Igualmente será imputada por el delito de falsedad en documento privado la señora Sheyla Ali Barrios. Todo esto tiene que ver con una presunta alteración en el procedimiento de selección de jurados de votación.
Un entramado de corrupción electoral que habría operado en las elecciones de marzo pasado para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República fue anunciada este jueves por el fiscal General, Néstor Humberto Martínez. En lo escencial, la investigación compromente a tres congresistas electos: Fabian Castillo, Margarita Restrepo y la ya detenida Aída Merlano. A dos empresarios: Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría. Y, además, da cuenta de actos irregulares en todo el departamento del Atlántico, mediante una estrategia llamada "Casa Blanca", otra en Ciénaga (Magdalena), en Medellín y en Bogotá.
Este esperado anuncio del fiscal Martínez, tiene que ver con la continuación de la investigación que se adelantó el caso de Aída Merlano, en donde se descubrió la existencia de una supuesta red de compra de voto, que motivó una compulsa copias a la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la captura de Merlano. Ahora, en una segunda fase, Martínez anunció que se encontraron más de 2.000 intermediarios que habrían favorecido a candidatos al Congreso. Para ello, fueron necesarias más de 2.112 horas de grabaciones y 50 investigadores.
(Lea: Así fue el fraude electoral de Aida Merlano)
De acuerdo con el Fiscal, la organización "Casa Blanca" venía operando desde el año 2015: “La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyados por un grupo de dirigentes políticos regionales que contactaban líderes encargados de reclutar electores en las barriadas, en las comunas. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas”. Así se habría apoyado a candidatura de Lilibeth Llinás para la Cámara de Representantes en el departamento del Atlántico por Cambio Radical, quien finalmente no resultó elegida.
De acuerdo con Martínez, era una red que contaba cona administradores para el manejo de los recursos; "punteadores" encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados; "pagadores" que debían entregar contraseñas en la casa de los líderes; "coordinadores" que entregaban contraseñas en casas de apoyo; y unos "didactas" que debían "enseñar" a la gente reclutada cómo debía votar.
“Para el día de elecciones arrendaron 187 terrazas n el departamento de Atlántico y en otros departamentos. A esos sitios tenían que volver los electores con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente al pago de cada voto para proceder al pago a los electores. El voto como una mercancía. Así llegaban los electores a hacer fila a Casa Blanca, increíble esta fotografía que hemos logrado en medio de las investigaciones”, afirmó Martinez.
Uno de los detalles más importantes encontrados por la entidad es que dicha organización se dedicaba al reclutamiento de votantes de bajos recursos, entre ellos adultos mayores, lo que fue calificado por el fiscal Martínez como “inconcebible”: los adultos mayores tenían que entrar a votar con niños, quienes verificaban que se haya cumplido el voto de manera correcta.
“La red habría estado conformada por los candidatos al Congreso en 2018 Aída Merlano y Lilibeth Llinás. Los dirigentes políticos regionales: Jorge Rangel, diputado de Atlántico. Margarita Balen, diputada del mismo departamento; Juan Carlos Zamora, concejal del distrito de Barranquilla; Aissar Castro Bravo concejal de la misma ciudad y su padre, el exconcejal Aissar Castro Reyes”, agregó el fiscal.
(Le puede interesar: Capturados dos hermanos en relación con el caso de Aída Merlano)
Esta red se habría financiado de manera pública y privada. La primera habla de contratos de prestación de servicios que s se habrían hecho entre integrantes de esa red con el Concejo de Barranquilla. La segunda tiene que ver cientos de cheques provenientes de varios particulares. Uno de los captuados Edwin Rafael Martínez Salas, habría cobrado en febrero 21 cheques que superaron $1.000 millones de pesos. Lo clave en este asunto es queel monto máximo para gastos de un candidato al Senado es de $900 millones de pesos.
Por esa razón, se anunció la impuación de cargos, el próximo 30 de febrero, de la candidata Llinás; los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén; los concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja; y a los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara. Además, se compulsaron copias a la Corte Suprema en contra de Aída Merlano por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales; y ante el Consejo Nacional Electoral por la posible doble militancia en que habrían incurrido tanto Merlano como Llinás.
Uno de los elementos claves del anuncio del fiscal Martínez es que se llamó a interrogatorio a los empresarios Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría, por su presunta participación en esta organización y el financiamiento electoral.
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Presunta compra de votos en otras regiones
El fiscal Martínez igualmente hizo referencia a otros casos de presunto fraude electoral. Uno de ellos, en Ciénaga (Magdalena) tiene que ver Sergio Andrés Lora Ávila, quien fue capturado en marzo pasado con dinero en efectivo que intentó justificar con un contrato y con propaganda política alusiva al candidato Fabián Castillo. El ente acusador encontró que dicho contrato sería falso y anunció la imputación de cargos contra Lora por corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude. Además, imputará cargos contra el alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, por presuntamente haber intentado favorecer a Lora Ávila durante el proceso de judicialización. Y se compulsaron copias ante la Corte Suprema de Justicia contra Castillo.En Medellín, se investigan hechos que involucran la campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara de Representantes, y reelegida al Congreso, tya que al parecer habróa ofrecido viajes a San Andrés a sus votantes, así como televisores y tabletas. Por eso, ayer fueron capturados Alejandro Cuartas Rodas (gerente de la campaña) en Jericó (Antioquia) y Elizabeth Jaramillo Rico en Medellín. Y se compulsaron copias a la Corte Suprema en contra la representante Margarita Restrepo.
En Caucasia, se capturó al subdirector del Sena, Braulio Suárez, quien habría reunido a empleados y particulares en diferentes lugares públicos para exigirles que votaran por el representante a la Cámara y ahora senador electo, Julián Bedoya Pulgarín. Y en Bogotá, se anunció la imputación de cargos de Julián Gutiérrez (contratista) y Jhon Francisco Rodríguez (subdirector regional de Kennedy de la Secretaría de Integración Social del Distrito), quienes habrían exigido a profesores que votaran por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal.
En Cauca, se llamó a interrogatorio a seis jurados de votación por presuntas irregularidades en las elecciones, que habrían beneficiado a Faber Muñoz, quien fue elegido como cuarto representante a la Cámara por el departamento. Según la denuncia, el fraude se habría presentado en siete mesas de seis corregimientos donde, aparentemente, los resultados del preconteo no se habrían reportado oportunamente a la Registraduría.
Y en Soledad (Atlántico) se anunció la imputación contra Marbe Luz Pizarro (Coordinadora de asuntos electorales de Soledad) y Édgar Lubo Pinedo (Registrador especial de Soledad) por el delito de prevaricato por omisión. Igualmente será imputada por el delito de falsedad en documento privado la señora Sheyla Ali Barrios. Todo esto tiene que ver con una presunta alteración en el procedimiento de selección de jurados de votación.