Congreso de EE. UU. le pide cuentas claras a Colombia sobre “chuzadas” del Ejército

En la noche del pasado martes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos le dio un contundente mensaje a Colombia, tras décadas de escándalos de “chuzadas” y seguimientos ilegales a manos las Fuerzas Militares, que todos los años reciben millones en financiación estadounidense. La Cámara Baja aprobó una enmienda al presupuesto de seguridad norteamericano sobre los recursos que le giran al Gobierno colombiano, en la cual obligaría al Departamento de Defensa a investigar a fondo todas las denuncias de posibles usos ilegales que se le han dado a estos dineros y equipos en Colombia en los últimos 18 años. A la iniciativa todavía le falta el visto bueno del Senado.

(En contexto: Dos generales y 11 oficiales del Ejército a juicio disciplinario por “carpetas secretas”)

La propuesta la hizo el representante demócrata del estado de Massachusetts, Jim McGovern, quien se ha vuelto un defensor del Acuerdo de Paz en Colombia, y es una herramienta para que el Gobierno de Donald Trump obligue a las autoridades colombianas a rendir cuentas sobre los malos usos de la inteligencia, según se lee en la adenda. Asimismo, la medida hace parte de un gran paquete de iniciativas que fueron aprobadas en la Cámara el pasado martes, entre las que está, por ejemplo, la de la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez de no financiar la fumigación aérea con glifosato en tanto no cumpla con los estándares que la propia Corte Constitucional colombiana ha impuesto.

Si la propuesta de McGovern se convierte en ley, el Gobierno de EE. UU. tendrá 120 días para elaborar un informe sobre las “chuzadas”, en estos términos: “El Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, presentará a los comités competentes del Congreso un informe que evalúe las acusaciones de que la asistencia del sector de seguridad de los EE. UU. proporcionada al Gobierno de Colombia fue utilizada con fines de vigilancia ilegal o recolección de inteligencia dirigida a la población civil, incluidos defensores de los derechos humanos, personal judicial, periodistas y la oposición”.

(Lea también: Los “trabajos especiales” de inteligencia por los que irán a juicio disciplinario 13 militares)

A la iniciativa solo le falta una discusión en el Senado —dominado por el partido de Gobierno, los republicanos—para volverse ley. Sin embargo, llega en un momento crítico para la Fuerza Pública, que se ha visto envuelta en un sinnúmero de escándalos de “chuzadas”. Desde los varios casos en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); pasando por la Operación Andrómeda, en la que militares buscaban información sobre las negociaciones con las Farc en La Habana; hasta el más reciente escándalo de perfilamientos y seguimientos informáticos, llamado “carpetas secretas”, y por el que ya salieron del Ejército tres generales.

La adenda parte de los principios de que Estados Unidos reconoce a Colombia como un “compañero” comprometido en la promoción de la democracia, los derechos humanos y la seguridad. No obstante, aclara que “ningún equipo o suministro militar o de inteligencia transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia en el marco de los programas de asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos debe utilizarse con fines de vigilancia ilegal o recopilación de inteligencia dirigida a la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposición política”.

(Lea también: La historia de las interceptaciones ilegales en Colombia: un país chuzado)

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, fue uno de los que dio a conocer la iniciativa:

Laura Gil, socióloga y directora del portal La Línea del Medio explicó en una columna que “se pondrá la lupa así a los dos periodos de Uribe y se otorgará un especial interés a los dos últimos años. ¿Quién lo hizo? ¿A quién reportó? ¿Quién dio la orden? Esas son algunas de las preguntas que se deberán contestar”. Y contó que la iniciativa de McGovern tuvo tanto apoyo de republicanos y demócratas que se aprobó no por una votación uno a uno, sino voice vote, que se utiliza solo cuando los proyectos de ley tienen un apoyo abrumador, pues simplemente quien preside la Cámara pregunta quiénes votan Sí y todos los que estén a favor vocean al unísono.

El informe, además, deberá tener seis elementos, según se lee en la adenda aprobada por el Congreso estadounidense. Estos son:

1. “Un resumen detallado de los hallazgos con respecto a cualquier participación de las unidades militares, policiales, de seguridad o de inteligencia en la vigilancia ilegal o la recolección de inteligencia dirigida a sectores de la población civil y no combatientes desde 2002 hasta 2018.

2. “Cualquier hallazgo con respecto a cualquier vigilancia ilegal o recolección de inteligencia presuntamente reportada por unidades militares, policiales, de seguridad o de inteligencia colombianas en 2019 y 2020 y una evaluación del alcance completo de tales actividades, incluida la identificación de las unidades involucradas, las cadenas de mando pertinentes y la naturaleza y los objetivos de dicha vigilancia o recopilación de inteligencia.

3. “Una descripción detallada de cualquier uso de la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos para dicha vigilancia ilegal o recopilación de inteligencia.

4. “Información completa sobre las medidas adoptadas por el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa o la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en respuesta a cualquier uso indebido o acusación creíble de uso indebido de la asistencia del sector de la seguridad de los Estados Unidos

5. “Información completa sobre las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano y todas las autoridades colombianas pertinentes en respuesta a cualquier uso indebido o acusación creíble de uso indebido de la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos, incluida una descripción de las medidas adoptadas para garantizar que ese uso indebido de equipos o suministros militares o de inteligencia no se repita en el futuro.

6. “Un análisis de la adecuación de la doctrina y capacitación militar y de seguridad de Colombia para asegurar que las operaciones de vigilancia y recolección de inteligencia se lleven a cabo de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Gobierno de Colombia y cualquier asistencia y capacitación adicional que los Estados Unidos puedan proporcionar para fortalecer la adhesión de las fuerzas militares y de seguridad colombianas a las obligaciones internacionales de derechos humanos”.

En la noche del pasado martes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos le dio un contundente mensaje a Colombia, tras décadas de escándalos de “chuzadas” y seguimientos ilegales a manos las Fuerzas Militares, que todos los años reciben millones en financiación estadounidense. La Cámara Baja aprobó una enmienda al presupuesto de seguridad norteamericano sobre los recursos que le giran al Gobierno colombiano, en la cual obligaría al Departamento de Defensa a investigar a fondo todas las denuncias de posibles usos ilegales que se le han dado a estos dineros y equipos en Colombia en los últimos 18 años. A la iniciativa todavía le falta el visto bueno del Senado.

(En contexto: Dos generales y 11 oficiales del Ejército a juicio disciplinario por “carpetas secretas”)

La propuesta la hizo el representante demócrata del estado de Massachusetts, Jim McGovern, quien se ha vuelto un defensor del Acuerdo de Paz en Colombia, y es una herramienta para que el Gobierno de Donald Trump obligue a las autoridades colombianas a rendir cuentas sobre los malos usos de la inteligencia, según se lee en la adenda. Asimismo, la medida hace parte de un gran paquete de iniciativas que fueron aprobadas en la Cámara el pasado martes, entre las que está, por ejemplo, la de la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez de no financiar la fumigación aérea con glifosato en tanto no cumpla con los estándares que la propia Corte Constitucional colombiana ha impuesto.

Si la propuesta de McGovern se convierte en ley, el Gobierno de EE. UU. tendrá 120 días para elaborar un informe sobre las “chuzadas”, en estos términos: “El Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, presentará a los comités competentes del Congreso un informe que evalúe las acusaciones de que la asistencia del sector de seguridad de los EE. UU. proporcionada al Gobierno de Colombia fue utilizada con fines de vigilancia ilegal o recolección de inteligencia dirigida a la población civil, incluidos defensores de los derechos humanos, personal judicial, periodistas y la oposición”.

(Lea también: Los “trabajos especiales” de inteligencia por los que irán a juicio disciplinario 13 militares)

A la iniciativa solo le falta una discusión en el Senado —dominado por el partido de Gobierno, los republicanos—para volverse ley. Sin embargo, llega en un momento crítico para la Fuerza Pública, que se ha visto envuelta en un sinnúmero de escándalos de “chuzadas”. Desde los varios casos en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); pasando por la Operación Andrómeda, en la que militares buscaban información sobre las negociaciones con las Farc en La Habana; hasta el más reciente escándalo de perfilamientos y seguimientos informáticos, llamado “carpetas secretas”, y por el que ya salieron del Ejército tres generales.

La adenda parte de los principios de que Estados Unidos reconoce a Colombia como un “compañero” comprometido en la promoción de la democracia, los derechos humanos y la seguridad. No obstante, aclara que “ningún equipo o suministro militar o de inteligencia transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia en el marco de los programas de asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos debe utilizarse con fines de vigilancia ilegal o recopilación de inteligencia dirigida a la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposición política”.

(Lea también: La historia de las interceptaciones ilegales en Colombia: un país chuzado)

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, fue uno de los que dio a conocer la iniciativa:

Laura Gil, socióloga y directora del portal La Línea del Medio explicó en una columna que “se pondrá la lupa así a los dos periodos de Uribe y se otorgará un especial interés a los dos últimos años. ¿Quién lo hizo? ¿A quién reportó? ¿Quién dio la orden? Esas son algunas de las preguntas que se deberán contestar”. Y contó que la iniciativa de McGovern tuvo tanto apoyo de republicanos y demócratas que se aprobó no por una votación uno a uno, sino voice vote, que se utiliza solo cuando los proyectos de ley tienen un apoyo abrumador, pues simplemente quien preside la Cámara pregunta quiénes votan Sí y todos los que estén a favor vocean al unísono.

El informe, además, deberá tener seis elementos, según se lee en la adenda aprobada por el Congreso estadounidense. Estos son:

1. “Un resumen detallado de los hallazgos con respecto a cualquier participación de las unidades militares, policiales, de seguridad o de inteligencia en la vigilancia ilegal o la recolección de inteligencia dirigida a sectores de la población civil y no combatientes desde 2002 hasta 2018.

2. “Cualquier hallazgo con respecto a cualquier vigilancia ilegal o recolección de inteligencia presuntamente reportada por unidades militares, policiales, de seguridad o de inteligencia colombianas en 2019 y 2020 y una evaluación del alcance completo de tales actividades, incluida la identificación de las unidades involucradas, las cadenas de mando pertinentes y la naturaleza y los objetivos de dicha vigilancia o recopilación de inteligencia.

3. “Una descripción detallada de cualquier uso de la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos para dicha vigilancia ilegal o recopilación de inteligencia.

4. “Información completa sobre las medidas adoptadas por el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa o la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en respuesta a cualquier uso indebido o acusación creíble de uso indebido de la asistencia del sector de la seguridad de los Estados Unidos

5. “Información completa sobre las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano y todas las autoridades colombianas pertinentes en respuesta a cualquier uso indebido o acusación creíble de uso indebido de la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos, incluida una descripción de las medidas adoptadas para garantizar que ese uso indebido de equipos o suministros militares o de inteligencia no se repita en el futuro.

6. “Un análisis de la adecuación de la doctrina y capacitación militar y de seguridad de Colombia para asegurar que las operaciones de vigilancia y recolección de inteligencia se lleven a cabo de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Gobierno de Colombia y cualquier asistencia y capacitación adicional que los Estados Unidos puedan proporcionar para fortalecer la adhesión de las fuerzas militares y de seguridad colombianas a las obligaciones internacionales de derechos humanos”.