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Quince años después de la promulgación de la Ley 1257, la Red Nacional de Mujeres (RNM) presentó un informe exhaustivo sobre los avances y desafíos en su implementación. El análisis, respaldado por la USAID, destaca importantes rezagos en sectores clave como justicia, salud y educación, así como un alarmante índice de impunidad que impide garantizar una vida libre de violencias para las mujeres en Colombia.
El informe fue dado a conocer a representantes del gobierno, la comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil. Bajo el lema “Un llamado urgente a la acción”, el objetivo fue generar una discusión sobre los retos persistentes para cumplir con el mandato de esta ley fundamental, que obliga al Estado a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.
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La Ley 1257: una norma pionera
Promulgada en 2008, la Ley 1257 es considerada un hito en la lucha por los derechos de las mujeres en Colombia. Fruto del trabajo conjunto de organizaciones feministas y sociales, esta norma obliga al Estado a abordar las violencias contra las mujeres de manera integral, reconociendo que estas pueden manifestarse en ámbitos públicos y privados, incluyendo agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y patrimoniales.
Su objetivo central es garantizar el derecho humano de las mujeres a vivir sin violencias, a través de medidas de prevención, atención, protección, justicia y sanción. Sin embargo, el informe presentado por la Red Nacional de Mujeres evidencia que su implementación ha sido lenta, parcial y, en muchos casos, ineficaz.
El documento analiza el estado de implementación de la Ley 1257 en siete sectores clave, con un enfoque especial en justicia, el área con mayores rezagos. Según los hallazgos, el sistema judicial presenta graves deficiencias, con un 99% de los casos de acoso sexual en impunidad y medidas de protección limitadas que excluyen a víctimas fuera del entorno familiar.
Asimismo, los sectores de salud y educación han demostrado una falta de integración de la perspectiva de género en sus políticas y acciones, lo que perpetúa patrones de discriminación y vulnera los derechos de las mujeres. Según Susana Mejía, directora de la Red Nacional de Mujeres, la falta de políticas públicas basadas en diagnósticos actualizados y completos ha llevado a que las medidas adoptadas sean fragmentadas y no apunten a solucionar la problemática de fondo.
Asimismo, el documento subraya la insuficiencia de recursos destinados a combatir las violencias contra las mujeres. A pesar de la gravedad de la situación, solo el 3% del presupuesto nacional se destina a políticas de equidad de género, y apenas un 5.4% de esos recursos se enfocan en erradicar las violencias de género.
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Avances limitados y desafíos estructurales
El informe resalta ciertos progresos en áreas como el trabajo, subrayando iniciativas como la aplicación Ellas libres de violencias, que funciona como una guía práctica para orientar a las mujeres sobre las rutas de atención disponibles ante diversas formas de violencia, incluido el acoso sexual. Sin embargo, la mayoría de las acciones carecen de resultados concretos y sostenibles. Además, las mujeres rurales, con discapacidad o pertenecientes a minorías étnicas enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de orientación, asistencia legal y protección, lo que agrava su vulnerabilidad. Entre los obstáculos identificados, el documento destaca las campañas de sensibilización se han limitado a funcionarios públicos y no han alcanzado a la sociedad en general, donde persisten patrones culturales discriminatorios.
También evidencia un preocupante déficit en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, quienes enfrentan barreras como la revictimización y la ausencia de servicios especializados que garanticen procesos efectivos. Además, señala que las políticas públicas han sido fragmentadas, sin una articulación adecuada entre sectores clave como salud, educación, trabajo y justicia. Este panorama se agrava por el insuficiente compromiso institucional, donde los estereotipos de género perpetúan la impunidad y dificultan la implementación efectiva de la Ley 1257.
Para enfrentar esta situación, se proponen reformas estructurales urgentes. Entre las recomendaciones destacan la creación de un plan integral intersectorial que articule acciones en diferentes sectores con enfoque en prevención y atención, y un incremento significativo en los recursos destinados a la equidad de género. Asimismo, se plantea fortalecer el sistema judicial con mecanismos que reduzcan la impunidad, impulsar campañas masivas de sensibilización para erradicar estereotipos de género y consolidar sistemas de información robustos que permitan un monitoreo y evaluación efectiva de las políticas públicas.
“Esto implica reorientar las acciones para que no solo se midan resultados de gestión o producción, sino también impactos, y ampliar significativamente las metas para abordar esta problemática. Todas las entidades competentes, desde el Departamento Nacional de Planeación hasta el Ministerio de Igualdad, deben asumir su responsabilidad para garantizar respuestas integrales y eficaces”, manifestó Mejía, directora de la RNM.
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Por su parte, Nathalie Renaud, representante de USAID Colombia, destacó la labor de la Red Nacional de Mujeres y la Mesa de Implementación de la Ley 1257, resaltando que el trabajo realizado es de gran importancia para programas como Generando Equidad, los cuales buscan fortalecer a las organizaciones locales. “Este esfuerzo representa un hito en la cooperación directa con la sociedad civil”, declaró sobre este informe, el cual deja una reflexión y llamado al compromiso de todos los actores, desde las instituciones estatales hasta la sociedad civil, para garantizar que ninguna mujer en Colombia sea víctima de violencia.
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