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El Ejército y el Ministerio de Defensa son responsables por el desplazamiento forzado que sufrieron algunos habitantes del corregimiento La Granja, en Ituango, Antioquia, tras la masacre perpetrada en los años 90 por paramilitares en conjunto con el Ejército. Así lo determinó un fallo del Consejo de Estado que condenó a la Nación a reparar alrededor de 60 personas, modificando con esa decisión una sentencia emitida en 2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
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La reparación por desplazamiento forzado será para las personas que no fueron reconocidas como víctimas en la sentencia de julio de 2006 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Idh) que conoció el caso y las vulneraciones a las que se enfrentaron algunos habitantes del sector tras las alianzas criminales entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública. El Estado, entonces, debe reparar a las víctimas con más de $3.000 millones.
El fallo de 19 páginas da cuenta que algunas personas que resultaron afectadas por esos hechos del conflicto, en su momento, no fueron reconocidos como víctimas. Si bien la Corte Idh condenó al Estado por la muerte de varios habitantes del sector y reconoció a más de 30 víctimas de desplazamiento, no ordenó la indemnización, sino que impulsó a que se garantizara el regreso de los desplazados al territorio.
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“El Estado deberá realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los exhabitantes de los corregimientos de El Aro y La Granja que se hayan visto desplazados puedan regresar a El Aro o La Granja, según sea el caso y si así lo desearan”, ordenó en su momento la sentencia internacional que, según el Consejo de Estado, ha sido incumplida.
Si bien en un primer round con la justicia colombiana, en una decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia los afectados por desplazamiento tuvieron luz verde para ser reparados. El consejero Martín Bermúdez, con su ponencia, ratificó la condena contra la Nación y ordenó que los beneficios de reparación se extendieran a personas que no fueron tenidas en cuenta por la justicia años atrás.
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“En este proceso se pretende la declaratoria de responsabilidad estatal y la indemnización de perjuicios por el desplazamiento forzado de los habitantes de La Granja ocurrido en junio de 1996; y lo que se advierte es que algunos miembros del grupo fueron parte en el proceso ante la Corte Interamericana en el cual existió decisión de fondo sobre su reparación en sentencia del 1° de julio de 2006″, explica el consejero en el fallo.
La decisión del Consejo de Estado llegó por cuenta de un recurso que presentaron las víctimas de desplazamiento en donde alegaron que, además, de su retorno a los territorios debían ser reparados por los daños morales que tuvieron en la época y que no solo dejó afectaciones en su vida cotidiana sino también fomentó hechos de vulnerabilidad a su integridad y la de sus familias.
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La masacre por la que hoy es condenada la Nación ocurrió un martes de junio de 1996 cuando aproximadamente 30 paramilitares liderados por los hermanos Castaño incursionaron en el corregimiento y obligaron a la población a cerrar los establecimientos públicos y permanecer confinados en la plaza del pueblo. Lo que dicen las investigaciones es que cuando todos estaban reunidos, los subversivos torturaron a cinco campesinos que eran líderes sindicales y fueron acusados de ser auxiliadores de las extintas Farc.
Sobre la responsabilidad del Ejército y la fuerza pública, las investigaciones dan cuenta que omitieron su labor de proteger a la ciudadanía y por el contrario permitieron las incursiones de los paramilitares a la zona para que con ello, además, de masacres fomentaran temor en la población lo que derivó en desplazamientos masivos.
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