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El Consejo de Estado ha decidido mantener la investidura de los congresistas Alexander Harley Bermúdez Lasso, representante a la Cámara por el Guaviare, y Wilson Neber Arias Castillo, senador por el Valle del Cauca, tras revisar varias demandas que amenazaban su permanencia en el cargo.
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En el caso de Alexander Bermúdez, del partido Liberal, la demanda en su contra se centraba en una supuesta indebida destinación de dineros públicos, ya que se alegaba que el congresista había certificado el trabajo de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) sin que el equipo hubiese realizado las funciones correspondientes. Sin embargo, el alto tribunal demostró que durante los meses de agosto y septiembre de 2019, la UTL de Bermúdez estuvo compuesta por diez personas, lo que no permitió evidenciar ninguna irregularidad en la gestión del congresista.
“Se constató que el Congresista no había desconocido lo previsto en el artículo 388 de la Ley 5″, indicó el Consejo de Estado, lo que llevó a la decisión de no retirar la investidura de Bermúdez.
Por otro lado, el caso del senador Wilson Arias, del partido Pacto Histórico, se presentó una solicitud de pérdida de investidura alegando una presunta violación del régimen de conflictos de intereses. Los demandantes argumentaban que Arias había participado en la discusión de la Reforma a la Salud a pesar de que su campaña electoral había sido financiada por una empresa que administra una IPS en Ibagué.
Sin embargo, el Consejo de Estado, tras una exhaustiva investigación, concluyó que la empresa en cuestión no se dedicaba exclusivamente al sector salud, sino que también ofrecía servicios de transporte. Esta dualidad de actividades complicó la evaluación del impacto económico que las reformas podrían tener sobre la IPS.
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El alto tribunal enfatizó que la falta de exclusividad en las operaciones de la empresa impide determinar con claridad el efecto que las reformas podrían tener en sus finanzas. “Esto impide dilucidar el impacto económico que tendrían las reformas impulsadas por los proyectos en las finanzas de dicha IPS, con el ánimo de tener un panorama completo del impacto por posibles beneficios”, señaló el Consejo de Estado en su fallo. Esto llevó a la conclusión de que no había fundamento suficiente para sustentar la pérdida de investidura de Arias.
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