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El suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, solo podrá volver a su cargo pasados tres meses desde que lo apartaron de este, o cuando acaben las elecciones para presidencia que se llevarán a cabo el próximo 19 de junio. Así lo confirmó el Consejo de Estado tras analizar unas acciones de tutela que buscaban tumbar la determinación de la Procuraduría que, el mes pasado, lo dejó por fuera de su puesto de trabajo por supuesta participación en política.
En su momento, Quintero, su abogado y algunos seguidores, presentaron recursos para tumbar su condición de suspendido porque, a su juicio, le violaban los derechos al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegidos. No obstante, este viernes, el alto tribunal no les dio la razón, por el contrario, aclaró que el viceprocurador está facultado para realizar suspensiones de cargo cuando considere que existe una posible falta disciplinaria por parte de un funcionario público.
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“El viceprocurador general de la Nación tiene competencia preferente para asumir el conocimiento de la investigación seguida contra el alcalde, por la presunta utilización del cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos; La suspensión del cargo es una medida provisional, no definitiva, que busca evitar que el disciplinable, en ejercicio de su cargo, pueda interferir en la contienda electoral que actualmente se desarrolla en el país”, resaltó el alto tribunal y añadió que la suspensión es “necesaria y proporcional”.
Contra la decisión del Consejo de Estado no se presenta ningún recurso, por lo que el mandatario local deberá permanecer alejado de su cargo hasta que culminen las contiendas electorales en las que sus protagonistas son los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, siendo este último la opción más clara para Quintero. El mes pasado, el mandatario local, a través de sus redes sociales, le hizo un guiño al líder del Pacto Histórico con el famoso “cambio en primera”, puesto que era la única campaña política que pretendía ganar en primera vuelta.
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Ese espaldarazo al Pacto Histórico le salió caro al mandatario local, que días después, a través de la acción de tutela alegó que, al ser suspendido de su cargo, se desconoció el precedente judicial establecido por el Consejo de Estado en torno a las competencias de la Procuraduría General frente a funcionarios elegidos por voto popular, a la luz de cumplir la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). No obstante, en este caso, el alto tribunal aclaró que ese precedente se fijó para las sanciones definitivas, más no para sanciones provisionales.
La acción de tutela no fue el único recurso que anunció el mandatario de la eterna primavera, su equipo de abogados afirmaron que presentaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Acudieron a esta instancia para denunciar las supuestas irregularidades de la Procuraduría al suspenderlo. “Solicitamos unas medidas cautelares para que el derecho del alcalde Quintero sea restablecido por una orden de la Comisión Interamericana, ese derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido y el derecho de los electores, porque los electores también tiene derechos”, dijeron en su momento los defensores de Quintero.
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Desde la CIDH aún no hay un pronunciamiento formal sobre el caso de Quintero, y mientras eso se resuelve, en la Procuraduría sigue su proceso. En concreto, el Ministerio Público le reprocha “utilizar, al parecer, el cargo de alcalde de Medellín para, a través de medios de comunicación y redes sociales, publicar, difundir, defender y respaldar ideas afines al movimiento político Pacto Histórico de cara a la contienda electoral del año 2022, lo que implicaría la comisión de falta disciplinaria por intervención en política”.
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