El presidente Gustavo Petro tendrá que retractarse de sus señalamientos en contra de Enrique Vargas Lleras y su familia, a quienes señaló en su cuenta de X, y en alocuciones presidenciales, de estar involucrados en el millonario desfalco de la Nueva EPS. El Consejo de Estado decidió en primera instancia proteger la honra y el buen nombre de Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
En la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se indica que el presidente de la república tiene el deber de verificar previamente las informaciones públicas que realiza, puesto que con ellas no puede atentar contra el derecho fundamental al buen nombre de las personas. El alto tribunal señaló que el “presidente no se limitó a expresar opiniones en el contexto de un debate político ni a informar a la opinión pública que se estaba adelantando una investigación por presuntas irregularidades en la citada entidad. En estas comunicaciones se imputó concretamente la existencia de un desfalco millonario, por el que debía responder la familia Vargas Lleras”.
Contexto: “No se ocultaron deudas de ningún tipo”: Enrique Vargas Lleras sobre Nueva EPS
Petro también expresó que, aunque el Estado giró los recursos necesarios para ello, los miembros de la familia Vargas Lleras escondieron y no pagaron facturas por $5.5 billones, “hicieron gastos billonarios innecesarios, negocios particulares y financiaron un partido político y que llevó a la bancarrota a la citada EPS.”
El 26 de julio de 2024 Enrique Vargas Lleras interpuso la acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro Urrego. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, pues al mandatario haber expresado estas afirmaciones, “no acreditó haber agotado siquiera un mínimo de diligencia en la verificación de los hechos que informó a la población, no como apreciaciones, sino como supuestos fácticos verdaderos o demostrados”.
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La información con la que se cuenta actualmente, es una declaración del superintendente de Salud, según la cual, durante la intervención de la Nueva EPS se detectó como hallazgo un ocultamiento financiero de facturas por $5 billones de pesos en los balances que se presentaban ante la junta directiva, por el que se adelantan investigaciones para determinar sus efectos y establecer los responsables. Sin embargo, en esta declaración no se señala que el accionante Enrique Vargas Lleras tuviera alguna responsabilidad por este hecho.
“Se indica que se ocultaron facturas, pero no se habla de pérdida de recursos públicos por esta suma; no se afirma que contra el accionante existan imputaciones o investigaciones dirigidas a demostrar que ordenó o autorizó realizar gastos billonarios suntuosos, innecesarios, o dirigidos a patrocinar un partido político o una campaña electoral” detalló el auto de la sentencia.
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