“No hay límites formales para el control judicial contencioso administrativo de los actos proferidos por las autoridades administrativas disciplinarias y la Procuraduría General de la Nación, salvo aquellos límites implícitos en el texto mismo de la Constitución y en las normas legales aplicables. Las argumentaciones que sostienen que el control judicial es meramente formal y limitado, o que las decisiones disciplinarias de la Procuraduría tienen naturaleza jurisdiccional, no son de recibo por ser jurídicamente inaceptables”, sostuvo el alto tribunal.
Y agregó que “resulta indudable que los actos de control disciplinario, adoptados por la Administración Pública y por la Procuraduría, es decir, aquellos actos expedidos en ejercicio de la potestad disciplinaria en sus ámbitos interno y externo son actos administrativos sujetos al pleno control por la jurisdicción contencioso-administrativa”.
Así lo hizo en un fallo en el que redujo la sanción que le había impuesto la Policía a un agente por ausentarse de su trabajo. En su criterio, “la sanción impuesta al demandante fue desproporcionada y no se estableció en debida forma la culpabilidad”. Por ello, redujo la sanción de 10 años de destitución a 2 meses de suspensión del cargo.
Este fallo se produce en momentos en los que se discute alrededor de los poderes del procurador general tras la controversia producida por la sanción que le impuso el jefe del Ministerio Público al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, de 15 años de destitución e inhabilidad por errores en la implementación del nuevo esquema de basuras.