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Ad portas de iniciar la vacancia judicial, el Consejo de Estado se reunió en pleno para, antes de ir a descansar, responderle al presidente Gustavo Petro por los señalamientos que ha hecho sobre el trabajo de esta alta corte. El primer mandatario este fin de semana se refirió a la decisión del alto tribunal de tumbar la designación de Juan Pablo Castro Morales como consejero en la embajada de Colombia en Francia, diciendo que esa autoridad judicial “desmantela mi derecho constitucional a dirigir la política exterior de Colombia”.
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El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Milton Chavez, lideró la respuesta del alto tribunal. La Sala Plena manifestó tildó los mensajes de Petro como “graves, sistemáticos e irrespetuosos”, que “ponen en entredicho la honorabilidad, integridad y eficacia con la que actúa esta Corporación”.
Los magistrados se reunieron en el Palacio de Justicia para decir que “las sentencias, los conceptos y todas sus decisiones y actuaciones, que adopta como suprema autoridad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y como juez de los actos del gobierno y, en general, de la administración pública, son el resultado de procesos ajustados a la Constitución y a la ley, y están orientados por los principios de autonomía e independencia judicial”.
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Asimismo, rechazaron los señalamientos del jefe de Estado, asegurando que son “afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular, pues estas distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad”.
Las acciones del presidente Petro, según el Consejo de Estado, con las que cataloga como golpes blandos y perfidia las decisiones judiciales, hacen, según los togados, que se desconozca “la función del poder judicial, que actúa libre de todo tipo de presión”.
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Dentro de su pronunciamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado hicieron un llamado al primer mandatario en su deber de “respetar la independencia y autonomía judiciales que son la base del equilibrio y separación de poderes y del funcionamiento de una democracia sólida y estable”. De igual manera, que con su actuar pone en duda la “confianza en las instituciones es esencial para que la justicia siga siendo un pilar de nuestra sociedad, pues su debilitamiento solo favorece a aquellos que buscan el beneficio propio en lugar del bienestar colectivo”.
Finalmente, la Sala Plena le reclamó a “las altas dignidades del Estado que sus manifestaciones sean acordes con la responsabilidad del cargo que ejercen, como corresponde en un Estado constitucional y democrático de derecho”.
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