Consejo de Estado revisará tutela contra Petro por denuncia sobre uso de Pegasus

La Sección Tercera del Consejo de Estado aceptó estudiar una acción de tutela en contra del presidente Gustavo Petro por una supuesta vulneración de derechos fundamentales, luego de la alocución realizada el pasado 4 de septiembre, en la que anunció una supuesta compra del software Pegasus durante el gobierno de Iván Duque.

El recurso fue presentado por Stefan Bravo Martínez, quien señala actuar como representante legal de la veeduría ciudadana denominada “Antioqueños por Colombia” o “Abogados por la verdad”. En sus argumentos, el demandante señala que se busca proteger los derechos fundamentales a la vida, a la libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de fundar medios masivos de comunicación y honra.

De acuerdo con el recurso, estos derechos se habrían visto vulnerados con ocasión de la alocución en que el presidente mencionó la supuesta compra del programa de espionaje, con el cual, además, señaló que se pagaron US$11 millones en efectivo momentos antes de la campaña presidencial para 2022 y durante el estallido social contra el gobierno Duque.

Además de admitir el recurso, el alto tribunal solicitó vincular a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia, “en calidad de terceros con interés”. De acuerdo con el demandante, el ente de control deberá explicar por qué, luego de conocerse la denuncia, aseguró que “no hay pruebas y evidencias sobre la utilización sobré el software Pegasus”. Entretanto, la cartera, solicita el demandante, debería aclarar si hubo o no utilización de Pegasus.

El recurso, además, señala que la Fiscalía, a pesar de haber sostenido un encuentro con el mandatario para hablar sobre el asunto, el ente de control concluyó que no tenía evidencia para garantizar si la compra del software existió o no. Situación similar, agrega el demandante, sucede con la Procuraduría, que ha iniciado investigaciones para determinar el alcance disciplinario de la supuesta compra de Pegasus, “sin embargo, destacó que, de momento, no han encontrado ningún indicio de la utilización de este software.

Para Bravo Martínez, el jefe de Estado pudo haber incurrido en una “denuncia falsa”, pues no se han puesto en evidencia las pruebas de su denuncia, y los entes de control tampoco han encontrado algún rastro de la utilización del software israelí. Además, el recurso indica la comisión del posible delito de injuria y calumnia en contra del expresidente Iván Duque.

“Conforme a los hechos de la demanda de tutela aquí descrita, existe la prueba suficiente de haberse incurrido en un delito de Injuria y calumnia (...) sin tener pruebas contra expresidente Iván Duque y quiénes fueron ministros de Defensa y directores de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), a quienes se les imputa presuntamente el pagó 11 millones de dólares en efectivo por la adquisición del software Pegasus”, precisa el documento conocido por este diario.

Cabe recordar que, el pasado 5 de octubre, a través de una queja disciplinaria anónima, dejada en el escritorio de la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, se le pidió al Ministerio Público que investigue por supuesto mal manejo de información reservada al director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Sección Tercera del Consejo de Estado aceptó estudiar una acción de tutela en contra del presidente Gustavo Petro por una supuesta vulneración de derechos fundamentales, luego de la alocución realizada el pasado 4 de septiembre, en la que anunció una supuesta compra del software Pegasus durante el gobierno de Iván Duque.

El recurso fue presentado por Stefan Bravo Martínez, quien señala actuar como representante legal de la veeduría ciudadana denominada “Antioqueños por Colombia” o “Abogados por la verdad”. En sus argumentos, el demandante señala que se busca proteger los derechos fundamentales a la vida, a la libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de fundar medios masivos de comunicación y honra.

De acuerdo con el recurso, estos derechos se habrían visto vulnerados con ocasión de la alocución en que el presidente mencionó la supuesta compra del programa de espionaje, con el cual, además, señaló que se pagaron US$11 millones en efectivo momentos antes de la campaña presidencial para 2022 y durante el estallido social contra el gobierno Duque.

Además de admitir el recurso, el alto tribunal solicitó vincular a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia, “en calidad de terceros con interés”. De acuerdo con el demandante, el ente de control deberá explicar por qué, luego de conocerse la denuncia, aseguró que “no hay pruebas y evidencias sobre la utilización sobré el software Pegasus”. Entretanto, la cartera, solicita el demandante, debería aclarar si hubo o no utilización de Pegasus.

El recurso, además, señala que la Fiscalía, a pesar de haber sostenido un encuentro con el mandatario para hablar sobre el asunto, el ente de control concluyó que no tenía evidencia para garantizar si la compra del software existió o no. Situación similar, agrega el demandante, sucede con la Procuraduría, que ha iniciado investigaciones para determinar el alcance disciplinario de la supuesta compra de Pegasus, “sin embargo, destacó que, de momento, no han encontrado ningún indicio de la utilización de este software.

Para Bravo Martínez, el jefe de Estado pudo haber incurrido en una “denuncia falsa”, pues no se han puesto en evidencia las pruebas de su denuncia, y los entes de control tampoco han encontrado algún rastro de la utilización del software israelí. Además, el recurso indica la comisión del posible delito de injuria y calumnia en contra del expresidente Iván Duque.

“Conforme a los hechos de la demanda de tutela aquí descrita, existe la prueba suficiente de haberse incurrido en un delito de Injuria y calumnia (...) sin tener pruebas contra expresidente Iván Duque y quiénes fueron ministros de Defensa y directores de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), a quienes se les imputa presuntamente el pagó 11 millones de dólares en efectivo por la adquisición del software Pegasus”, precisa el documento conocido por este diario.

Cabe recordar que, el pasado 5 de octubre, a través de una queja disciplinaria anónima, dejada en el escritorio de la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, se le pidió al Ministerio Público que investigue por supuesto mal manejo de información reservada al director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica.

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