Consejo de Estado suspende provisionalmente extradición de alias “Otoniel”

Pese a que la Corte Suprema de Justicia avaló, a principio de abril, la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, y este jueves, el Ministerio de Justicia rechazó el último recurso que interpuso su defensa para frenar su inminente traslado a Estados Unidos, en un revés, el Consejo de Estado le ordenó al presidente Iván Duque suspender el trámite. La decisión del alto tribunal obedece a una medida provisional que decretó el magistrado César Palomino Cortés tras analizar una acción de tutela de un grupo de víctimas que piden verdad por parte del jefe del Clan.

Aunque Otoniel ha entregado información ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, sobre su paso por el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Farc y el Clan del Golfo, como máximo jefe, para las víctimas no es suficiente y solicitaron ante autoridades judiciales frenar el traslado a territorio extranjero porque, a su juicio, se lleva la verdad que las víctimas necesitan como acto de reparación y no repetición. Si bien la decisión del Consejo de Estado es provisional mientras se resuelve de fondo el recurso, abre una luz de esperanza no solo para las víctimas, sino también para Otoniel y su defensa.

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“Ordenar al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, o a quien corresponda, suspender la ejecución material de la orden de extradición del señor Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, hasta tanto se emita decisión de fondo en este amparo constitucional, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”, señala el documento de cinco páginas emitidas por el magistrado Palomino Cortés.

Para el consejero, la medida provisional resulta importante porque, prácticamente, el traslado de Otoniel a territorio extranjero es inminente, pues en materia penal ya se adelantaron todos los trámites. La Corte Suprema avaló su extradición y está a una firma del presidente Duque para que su envío sea un hecho. No obstante, el magistrado consideró pertinente suspender el procedimiento porque se deben garantizar los derechos de las personas que, a través de la acción de tutela, se proclamaron víctimas del conflicto armado.

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Además de la suspensión de traslado, el magistrado vinculó al expediente al Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y alias Otoniel, haciéndoles llegar copia del escrito de tutela, para que presenten ante su despacho las manifestaciones que consideren pertinentes. El recibo de esos documentos tendrá una plazo de dos días una vez emitida la decisión.

El despacho también notificó a la Presidencia de la República, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, puesto que el recurso que presentaron más de cinco personas y colectivos de víctimas fue, precisamente, en contra de dichas instituciones. Aunque está es la primera decisión que se toma frente a las iniciativas que han adelantado, la intención por parte de las víctimas ha estado desde octubre del año pasado cuando se registró la captura del jefe del Clan.

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Las víctimas desde un principio dejaron claro que el traslado de Otoniel a territorio extranjero supone para ellos un manto de impunidad, puesto que, además de no pagar por sus cuentas pendientes en Colombia, se llevará consigo la verdad sobre los hechos cometidos durante el conflicto armado que aquejó varias zonas del país, y el cual él conoce por haber sido miembro de varios grupos al margen de la ley. El jefe del Clan, quien ha dicho que se entregó voluntariamente ante las autoridades, ha declarado en más de cinco ocasiones ante la JEP. En la justicia transicional ha salpicado a altos mandos militares entre otras personalidades.

En sus últimas declaraciones que, además, estuvieron intervenidas por oficiales de la Dijín de la Policía, a juicio de su defensa de manera irregular, el capo ha dicho que los generales (r) Henry Torres Escalante y Leonardo Barrero Gordillo habrían cometido acciones criminales en Meta y Casanare, entre 2005 y 2007. Resaltó que, los oficiales, como comandantes de la Brigada XVI, habrían permitido e impulsado masacres, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en esa región del país. En otras declaraciones también salpicó al actual candidato presidencial Luis Pérez.

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Otoniel en su última declaración entregó a la magistratura de la JEP un listado, en el que, al parecer, relaciona a políticos y empresarios que en algún momento tuvieron vínculo directo o indirecto con el mundo del crimen. Sobre el expediente que deja en Colombia, la Fiscalía tiene más de 122 órdenes de captura emitidas en su contra y alrededor de siete medidas de aseguramiento por los delitos de homicidio, reclutamiento, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico.

Si bien, la decisión actual del Consejo de Estado no garantiza que vaya a pagar por sus crimines en Colombia, el retraso en su traslado puede ocasionar, de alguna forma, que el jefe del Clan siga revelando detalles ante la justicia transicional mientras el alto tribunal toma decisión de fondo. El revés que le da una luz de esperanza a la víctimas y al mismo Otoniel se conoció el mismo día en el que la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de su hermana Nini Johana Úsuga quien es requerida por la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

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Sobre su hermana pesa una condena de más de nueve años por ser la jefe de finanzas del Clan. El expediente de alias “La Negra”, como es conocida en el mundo del crimen, estará durante las próximas horas sobre el despacho del presidente Duque quien tiene la responsabilidad de dar el último aval para su traslado. Mientras ello ocurre, el expediente de su hermano sigue en Stand By y la Corte del Distrito Sur de Nueva York que lo requirió por los delitos concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes deberá seguir esperando por su arribo a territorio extranjero.

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