Consejo de Estado tumba inhabilidad de 18 años a Piedad Córdoba
La Sala Plena del Consejo de Estado acaba de anular una de las dos sanciones disciplinarias que la Procuraduría le impuso a la exsenadora y que la dejó por fuera de la política.
Redacción Judicial
Para ese año, Córdoba era reconocida especialmente por su trabajo de mediación ante las Farc para liberar secuestrados, aunque su cercanía con personajes como el presidente venezolano Hugo Chávez era frecuentemente criticada. Gracias a su gestión, víctimas en poder de la guerrilla como Sigifredo López, Consuelo González de Perdomo, Clara Rojas, así como militares y policías, recuperaron su libertad.
La Procuraduría, sin embargo, insistió en que las acciones de Córdoba iban mucho más allá de una mediación humanitaria. Señaló haber establecido “con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las Farc relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos”.
Para el Consejo de Estado, sin embargo, primó lo que se sabía desde 2008, cuando Raúl Reyes murió mientras su campamento era bombardeado por la Fuerza Pública colombiana: que las pruebas del computador de Reyes no eran válidas. Para 2010, cuando Córdoba fue sancionada por Ordóñez, la invalidez de esas evidencias era clarísima. Le tomó seis años que un alto tribunal reconociera que ella, y no Ordóñez, tenía la razón.
La razón por la cual Córdoba no puede volver aún al ruedo político es porque permanece una segunda sanción disciplinara en contra de ella: 14 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos porque, según la Procuraduría, le entregó $25 millones a un candidato a la Cámara de Representantes. Esa acción, según el organismo de control, se trataba de participación indebida en política. Para Córdoba, hacía parte del repertorio de "sevicia" del procurador en contra de ella.
Para ese año, Córdoba era reconocida especialmente por su trabajo de mediación ante las Farc para liberar secuestrados, aunque su cercanía con personajes como el presidente venezolano Hugo Chávez era frecuentemente criticada. Gracias a su gestión, víctimas en poder de la guerrilla como Sigifredo López, Consuelo González de Perdomo, Clara Rojas, así como militares y policías, recuperaron su libertad.
La Procuraduría, sin embargo, insistió en que las acciones de Córdoba iban mucho más allá de una mediación humanitaria. Señaló haber establecido “con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las Farc relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos”.
Para el Consejo de Estado, sin embargo, primó lo que se sabía desde 2008, cuando Raúl Reyes murió mientras su campamento era bombardeado por la Fuerza Pública colombiana: que las pruebas del computador de Reyes no eran válidas. Para 2010, cuando Córdoba fue sancionada por Ordóñez, la invalidez de esas evidencias era clarísima. Le tomó seis años que un alto tribunal reconociera que ella, y no Ordóñez, tenía la razón.
La razón por la cual Córdoba no puede volver aún al ruedo político es porque permanece una segunda sanción disciplinara en contra de ella: 14 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos porque, según la Procuraduría, le entregó $25 millones a un candidato a la Cámara de Representantes. Esa acción, según el organismo de control, se trataba de participación indebida en política. Para Córdoba, hacía parte del repertorio de "sevicia" del procurador en contra de ella.