El contralor general Carlos Hernán Rodríguez inició la semana con una alerta mayúscula: según sus cálculos, basado en su competencia de vigilancia fiscal y en notas de medios de comunicación, 10 millones de personas están en riesgo de quedarse sin el servicio público de energía. Así lo alertó la Contraloría, al evidenciar que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras de ese servicio por parte del Ministerio de Minas.
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De acuerdo con la comunicación emitida por el órgano de control, ese es un dinero que ya ha sido asignado por el Ministerio de Hacienda. Además, que los principales afectados podrían ser los ciudadanos de la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada). La Contraloría le pidió acciones a la Superintendencia de Servicios Públicos y de Industria y Comercio, pues no conoce acciones a pesar de una situación de máxima gravedad.
“El Contralor General de la República hace un llamado al Gobierno nacional, a los ministerios y superintendencias involucradas, como garantes de satisfacer las necesidades más esenciales de la población, a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio público de energía eléctrica a las comunidades indicadas y evitar el riesgo sistémico que se cierne a nivel nacional. Entre ellas, deben considerarse aquellas medidas que regularicen el giro oportuno de los subsidios de energía”, explicó el órgano de control.
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Entre las falencias detectadas por la Contraloría está “la falta de decisión” del Gobierno con respecto al reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de la denominada “opción tarifaria”, que en su momento congeló tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Otro de los factores tiene que ver con las limitaciones que tienen los generadores de energía, especialmente con las empresas de las Costa Caribe.
Entre las preocupaciones está que el riesgo de que, al quedarse dichas comunidades sin energía, también puedan afectarse otros servicios como la salud, educación, comercio e incluso acueductos. “La no apropiación de rubros presupuestales suficientes para el pago de los servicios públicos domiciliarios por parte de las entidades públicas es otro factor que afecta la prestación del servicio y frente al cual existen circulares de la Procuraduría y la Contraloría, que advierten sobre la gravedad de tal conducta”, concluyó la Contraloría.
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