La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un valor de $24.315 millones, el cual investigará presuntas irregularidades en la realización de dos contratos que tenían como objetivo la construcción de 909 viviendas en Mocoa (Putumayo). Este proyecto de construcción surgió en el marco de la Declaratoria de Emergencia por la avalancha que ocurrió en el municipio en marzo de 2017 y que generó un déficit de vivienda para los damnificados.
La entidad determinó que aunque ya se giraron $18,566 millones, distribuidos entre los dos contratos, este presupuesto no se ve reflejado en la construcción de las viviendas. Sumado a esto, debido a que no se realizó la entrega oportuna de las construcciones, se generó un detrimento patrimonial de $5.748 millones, pues el Estado debió continuar con el pago de los subsidios a la población afectada más allá de lo que tenían programado inicialmente.
Los exdirectores que fueron vinculados como presuntos responsables son Eduardo José González, Javier Pava Sánchez, Olmedo López Martínez, Fernando Carvajal Calderón, Gerardo Jaramillo Montenegro y el actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Algunos de ellos se desempeñaron como directores encargados.
Así mismo, también fue vinculado Juan Carlos Orrego, exsubdirector general de la UNGRD y el Consorcio Mocoa 2019 con sus integrantes. Finalmente, la Contraloría informó que realizó dos audiencias públicas en Mocoa para lograr “llamar la atención” sobre las problemáticas que generó la reconstrucción de los daños que generó la avalancha y la realización del proyecto denominado Sauces II. Este Proceso tuvo su origen en un hallazgo realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico.
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