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La Contraloría declaró de impacto nacional los hechos relacionados con las presuntas irregularidades que se dieron en la compra de 40 carrotanques en La Guajira y abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra al exdirector general, los exsubdirectores generales y de atención de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y de los tres representantes legales que presentaron su cotización para este proceso. El órgano de control fiscal calcula que habría un presunto sobrecosto de $7.760 millones.
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La entidad explicó que a partir de una indagación preliminar, en la cual se revisaron las cotizaciones pertinentes, se identificó un presunto sobrecosto en la compra de cada carrotanque. El valor total de los 40 vehículos debió ser $31.567 millones, sin embargo, se pagó $39.327 millones a la empresa Impoamericana Roger SAS. Además, se logró establecer que las tres empresas que cotizaron los carrotanques tienen vínculos formales entre sí. Para el ente de control esto significa que no fueron escogidos de manera aleatoria y que no existió competencia entre ellas.
Sumado a esto, la Contraloría encontró que la empresa seleccionada era la que tenía menos capacidad dentro de las tres cotizantes. Además, determinaron que dentro de las actividades que desarrollaba no estaba incluida la venta de carrotanques y tenía poco acceso a capital para responder por un contrato que era de $46.800 millones. La UNGRD no ha presentado los estudios previos y de necesidad de adquisición de los vehículos, tampoco el estudio de mercado a partir del cual se calculó el valor de estos, a pesar de que estos ya fueron solicitados por el ente de control.
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Según expuso el ente de control, el proceso de contratación estuvo presuntamente viciado. La UNGRD escogió “en tiempo récord” quienes serían los posibles proveedores, indicando que había sido de forma aleatoria. Con la misma rapidez se habrían “materializado las invitaciones a ofertar, las ofertas de los proponentes y la adjudicación y suscripción de la Orden de Proveeduría por parte del exdirector general de la UNGRD”. Los funcionarios no solamente serán vinculados como presuntos responsables de la investigación, sino que también se decretarán medidas cautelares en su contra.
Los vehículos llegaron al país el pasado 19 de enero, con el objetivo de beneficiar a las comunidades más vulnerables de La Guajira, especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Según la entidad, gracias a un convenio con el Ejército y la Cruz Roja, se abastecería al departamento con 500.000 litros diarios de agua.
Desde el pasado 20 de febrero, la Fiscalía informó que también abrió una investigación para determinar si existieron posibles irregularidades en la compra de 40 carrotanques para distribuir agua en La Guajira. La entidad se encuentra investigando si se presentaron condiciones irregulares que podrían haber favorecido a un contratista y otros posibles delitos.
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