La Contraloría General reportó irregularidades en el manejo de los recursos de los proyectos OCAD Paz que ascenderían a los $339 mil millones, en los últimos 20 meses de gestión de este sistema. El cual se encarga de aprobar los recursos y proyectos destinados a la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016. El ente de control identificó estos hallazgos fiscales a partir de auditorías y atención a denuncias sobre el presunto mal manejo de recursos, las cuales incluyen la presunta entrega de obras incompletas o la suspensión de algunas de ellas en varias regiones del país.
El periodo analizado por el ente de control va desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2024. En ese tiempo, se auditaron 242 proyectos que eran financiados con recursos para la Paz, provenientes del fondo de regalías, por un valor total de $2.8 billones. En este análisis, las principales irregularidades que se reportaron fueron la mala calidad de las obras, proyectos que no cumplían con el objetivo para el cual se pedían los recursos, malos manejos financieros, incumplimiento de lo planeado y la no sostenibilidad de los proyectos a largo plazo.
Las irregularidades que encontró la Contraloría se centraban en proyectos de vivienda, transporte y energía. Por otra parte, se encontró que la región caribe sería una de las más afectadas, en esta zona se concentró el mayor número de hallazgos fiscales o presuntos casos de mal manejo de los recursos, con un total de 43 incidentes y un valor de $106 mil millones. Luego se encontraría el Eje Cafetero con 29 casos, la región central con 25, el pacífico con 24 y finalmente los Llanos orientales con 17.
La figura del OCAD PAZ nació en 2016 tras la firma del Acuerdo de Paz y es el órgano del Sistema General de Regalías (SGR) que aprueba que proyectos de inversión serán financiados, específicamente en 170 municipios que fueron afectados por el conflicto armado. Las denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de estos recursos comenzaron en el periodo presidencial de Iván Duque, donde se descubrió un escándalo de corrupción por el presunto robo de $500 mil millones, con los cuales se les habría pagado a funcionarios de planeación Nacional, Contraloría y congresistas.
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