Contraloría de Bogotá sancionó a Gustavo Petro por compra de camiones recolectores de basura

Por cuenta del caos que vivió Bogotá por las fallas en la recolección de las basuras en la ciudad en diciembre de 2012, el exalcalde Gustavo Petro acaba de ser sancionado, nuevamente, por la Contraloría de Bogotá. De acuerdo con el fallo que emitió el contralor Mauricio Barón Granados, director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, conocido por El Espectador, el exmandatario deberá pagar más de $40 mil millones, así como lo tendrá que hacer el exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Diego Fernando Bravo. Se trata de la segunda sentencia por responsabilidad fiscal en contra de Petro, quien ha reiterado en varias ocasiones que todo se trata de una persecución política en su contra. (En contexto: El esquema de aseo por el que destituyeron a Petro)

El caso que estudió esta vez la Contraloría fue el de la compra de unos camiones tras la implementación de un nuevo sistema de recolección de basuras hace cinco años, por orden de la alcaldía de Gustavo Petro. De acuerdo con la investigación del organismo de control, y de las pruebas que presentaron los sancionados, la transformación en el modelo fue la consecuencia del cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, que había obligado a la administración distrital a que incluyera a recicladores en los planes para la recolección de desechos de Bogotá. En abril de 2012, el exalcalde Petro puso en marcha su programa “Basuras Cero” y para diciembre de ese año comenzó a andar el nuevo modelo.

El resultado fue de completo caos. Los camiones que trajeron para reemplazar los de las empresas privadas que quedaron por fuera del negocio, llegaron con fallas mecánicas, sin las especificaciones de un compactador o una barredora, y se compraron más vehículos de los que en realidad se necesitaban y nunca se utilizaron. Precisamente esas fallas fueron las que rastreó la Contraloría. “Valoramos los hechos objeto del presente proceso y encontramos un daño patrimonial al erario distrital cuantificado en la suma de $33.343’280.858, los cuales corresponden al valor cancelado por los equipos que no fueron utilizados y no se necesitaban para la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá”, le explicó a este diario el contralor Mauricio Barón. (También le puede interesar: El 'paso a paso' de las basuras)

Para la Contraloría, lo que la Alcaldía gastó en estos automotores fue un gasto desproporcionado, excesivo y una inversión innecesaria que se hubiera podido evitar con procesos de planeación serios y con una diligente actuación del exalcalde Petro y el exgerente Bravo. Para el organismo de control, es claro que ninguno de los dos funcionarios “adelantaron actuación alguna para evitar el mal uso dado a los mismos, de igual forma omitieron adoptar medidas de contingencia tendientes a hacer cesar los efectos nocivos de sus determinaciones, una vez se suscribieron los contratos con los operadores privados, dio lugar con su actuar negligente y omisivo al daño patrimonial”.

Tanto Petro como Bravo le presentaron a la Contraloría pruebas para defenderse y además, le pidieron a la entidad que buscara unas por su propia cuenta. Ambos explicaron que no se les podía imputar ninguna irregularidad en el proceso de contratación y licitación, pues todas las decisiones se tomaron con base en informes técnicos que fueron evaluados antes de girar dinero. La defensa del exalcalde le dijo al contralor que llevaba el proceso que estaba haciendo “afirmaciones subjetivas sobre la expedición de decretos, la asistencia a juntas directivas, y le endilga conductas propias de un proceso contractual del que no existe prueba que Petro hubiere participado y que con esas actuaciones se hubiere causado un daño al patrimonio.

La Contraloría se defendió explicando que el resultado del trabajo del exalcalde y el exgerente no tenía ningún sustento, pues “la compra del 48 % de la flota de recolección de basuras que no se necesitaba evidentemente no es una apreciación subjetiva como de manera ligera lo afirma la defensa al quedarse sin argumentos serios para su trabajo, pues para este órgano de control fiscal está demostrando con los hechos ocurridos que efectivamente se compró una flota que no se necesitaba”. En el fallo además se descartó otro de los argumentos que presentó la defensa de los implicados de que todo se trataba del cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional.

El contralor Barón explicó en la sentencia que el cumplimento de ninguna orden de un tribunal, por más importante que sea, debe ir en contra del detrimento patrimonial de una ciudad, departamento o municipio. Tanto a Petro como a Bravo, la Contraloría también les reprochó el hecho de que no tomaran medidas legales y penales cuando se dieron cuenta de que su modelo de recolección de basuras estaba fracasando, “lo cual influyó en ahondar la crisis inoperativa de la flota presentada en noviembre de 2013 y que llegó a tener en enero 28 de 2014 una cantidad de 127 unidades inoperativas por diferentes causas, que representaban el 45,7 % de la flota, de los 278 vehículos entregados”.

Junto a Gustavo Petro y Diego Bravo, la Contraloría llamó a responder a dos compañías aseguradoras: Previsora S.A. y Seguros del Estado S.A. que, si no se acepta ningún recurso de reposición o apelación, deberán activar las pólizas para pagar la millonaria suma de la sanción. Con esta, Petro ya completa dos procesos con fallo en la Contraloría. La ratificación del primero se conoció en diciembre del año pasado por $217 mil millones, por no subir los pasajes de Transmilenio, y todavía hace falta que se resuelva el expediente más jugoso: el de $800 mil millones por la recompra que hizo la Empresa de Energía de las acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI). (Lea: Contraloría Distrital ratifica sanción contra Petro por rebaja de tarifas en Transmilenio)

En todas las investigaciones en su contra, Petro ha salido al paso explicando que hay intereses políticos detrás de las sanciones. El 19 de junio pasado, el exalcalde publicó una entrada en su blog en la que criticó los procesos en su contra y dijo que todo “se trata de una labor sistemática de persecución contra los dirigentes del Progresismo hecha desde un aparato administrativo del Estado”. Además, en esa publicación se atrevió a decir que el trabajo de la Contraloría en su contra no era otra cosa que la acción de la “policía política” de Germán Vargas Lleras para frenar sus aspiraciones a la Presidencia en 2018. El Espectador trató de conocer la reacción de Petro a este nuevo fallo, pero fue su abogado, Dagoberto Quiroga, quien tomó la vocería.

“Frente a estas investigaciones originadas por las políticas públicas de Petro, hemos presentado ya varias recusaciones, pues no hay sustento jurídico para probar que el alcalde actuó de mala fe. Lo único que hizo fue trabajar convencido de que lo que estaba haciendo era lo que necesitaba Bogotá. Esto sólo obedece a una persecución política”, expresó Quiroga, quien agregó que ya están preparando la apelación al fallo de la Contraloría.

“Cada decisión que se toma desde un ente de control como en este caso es la Contraloría, eso impacta. Existen servidores públicos afectados, no aceptan procesos técnicos y garantistas. Lo que se debe hacer en todos los casos que se den por parte de nuestra entidad es explicar el manejo de los recursos públicos y no buscar razones políticas”, le expresó a El Espectador Juan Carlos Granados, contralor de Bogotá. Aunque, en teoría, este tipo de sanciones fiscales no tienen ninguna implicación en la aspiración a la Presidencia de Petro, pues la ley le permite ser candidato, la historia es diferente si llega a ganar la contienda pues, para posesionarse, tendría que pagar las millonarias multas que ya tiene acumuladas.

Por cuenta del caos que vivió Bogotá por las fallas en la recolección de las basuras en la ciudad en diciembre de 2012, el exalcalde Gustavo Petro acaba de ser sancionado, nuevamente, por la Contraloría de Bogotá. De acuerdo con el fallo que emitió el contralor Mauricio Barón Granados, director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, conocido por El Espectador, el exmandatario deberá pagar más de $40 mil millones, así como lo tendrá que hacer el exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Diego Fernando Bravo. Se trata de la segunda sentencia por responsabilidad fiscal en contra de Petro, quien ha reiterado en varias ocasiones que todo se trata de una persecución política en su contra. (En contexto: El esquema de aseo por el que destituyeron a Petro)

El caso que estudió esta vez la Contraloría fue el de la compra de unos camiones tras la implementación de un nuevo sistema de recolección de basuras hace cinco años, por orden de la alcaldía de Gustavo Petro. De acuerdo con la investigación del organismo de control, y de las pruebas que presentaron los sancionados, la transformación en el modelo fue la consecuencia del cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, que había obligado a la administración distrital a que incluyera a recicladores en los planes para la recolección de desechos de Bogotá. En abril de 2012, el exalcalde Petro puso en marcha su programa “Basuras Cero” y para diciembre de ese año comenzó a andar el nuevo modelo.

El resultado fue de completo caos. Los camiones que trajeron para reemplazar los de las empresas privadas que quedaron por fuera del negocio, llegaron con fallas mecánicas, sin las especificaciones de un compactador o una barredora, y se compraron más vehículos de los que en realidad se necesitaban y nunca se utilizaron. Precisamente esas fallas fueron las que rastreó la Contraloría. “Valoramos los hechos objeto del presente proceso y encontramos un daño patrimonial al erario distrital cuantificado en la suma de $33.343’280.858, los cuales corresponden al valor cancelado por los equipos que no fueron utilizados y no se necesitaban para la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá”, le explicó a este diario el contralor Mauricio Barón. (También le puede interesar: El 'paso a paso' de las basuras)

Para la Contraloría, lo que la Alcaldía gastó en estos automotores fue un gasto desproporcionado, excesivo y una inversión innecesaria que se hubiera podido evitar con procesos de planeación serios y con una diligente actuación del exalcalde Petro y el exgerente Bravo. Para el organismo de control, es claro que ninguno de los dos funcionarios “adelantaron actuación alguna para evitar el mal uso dado a los mismos, de igual forma omitieron adoptar medidas de contingencia tendientes a hacer cesar los efectos nocivos de sus determinaciones, una vez se suscribieron los contratos con los operadores privados, dio lugar con su actuar negligente y omisivo al daño patrimonial”.

Tanto Petro como Bravo le presentaron a la Contraloría pruebas para defenderse y además, le pidieron a la entidad que buscara unas por su propia cuenta. Ambos explicaron que no se les podía imputar ninguna irregularidad en el proceso de contratación y licitación, pues todas las decisiones se tomaron con base en informes técnicos que fueron evaluados antes de girar dinero. La defensa del exalcalde le dijo al contralor que llevaba el proceso que estaba haciendo “afirmaciones subjetivas sobre la expedición de decretos, la asistencia a juntas directivas, y le endilga conductas propias de un proceso contractual del que no existe prueba que Petro hubiere participado y que con esas actuaciones se hubiere causado un daño al patrimonio.

La Contraloría se defendió explicando que el resultado del trabajo del exalcalde y el exgerente no tenía ningún sustento, pues “la compra del 48 % de la flota de recolección de basuras que no se necesitaba evidentemente no es una apreciación subjetiva como de manera ligera lo afirma la defensa al quedarse sin argumentos serios para su trabajo, pues para este órgano de control fiscal está demostrando con los hechos ocurridos que efectivamente se compró una flota que no se necesitaba”. En el fallo además se descartó otro de los argumentos que presentó la defensa de los implicados de que todo se trataba del cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional.

El contralor Barón explicó en la sentencia que el cumplimento de ninguna orden de un tribunal, por más importante que sea, debe ir en contra del detrimento patrimonial de una ciudad, departamento o municipio. Tanto a Petro como a Bravo, la Contraloría también les reprochó el hecho de que no tomaran medidas legales y penales cuando se dieron cuenta de que su modelo de recolección de basuras estaba fracasando, “lo cual influyó en ahondar la crisis inoperativa de la flota presentada en noviembre de 2013 y que llegó a tener en enero 28 de 2014 una cantidad de 127 unidades inoperativas por diferentes causas, que representaban el 45,7 % de la flota, de los 278 vehículos entregados”.

Junto a Gustavo Petro y Diego Bravo, la Contraloría llamó a responder a dos compañías aseguradoras: Previsora S.A. y Seguros del Estado S.A. que, si no se acepta ningún recurso de reposición o apelación, deberán activar las pólizas para pagar la millonaria suma de la sanción. Con esta, Petro ya completa dos procesos con fallo en la Contraloría. La ratificación del primero se conoció en diciembre del año pasado por $217 mil millones, por no subir los pasajes de Transmilenio, y todavía hace falta que se resuelva el expediente más jugoso: el de $800 mil millones por la recompra que hizo la Empresa de Energía de las acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI). (Lea: Contraloría Distrital ratifica sanción contra Petro por rebaja de tarifas en Transmilenio)

En todas las investigaciones en su contra, Petro ha salido al paso explicando que hay intereses políticos detrás de las sanciones. El 19 de junio pasado, el exalcalde publicó una entrada en su blog en la que criticó los procesos en su contra y dijo que todo “se trata de una labor sistemática de persecución contra los dirigentes del Progresismo hecha desde un aparato administrativo del Estado”. Además, en esa publicación se atrevió a decir que el trabajo de la Contraloría en su contra no era otra cosa que la acción de la “policía política” de Germán Vargas Lleras para frenar sus aspiraciones a la Presidencia en 2018. El Espectador trató de conocer la reacción de Petro a este nuevo fallo, pero fue su abogado, Dagoberto Quiroga, quien tomó la vocería.

“Frente a estas investigaciones originadas por las políticas públicas de Petro, hemos presentado ya varias recusaciones, pues no hay sustento jurídico para probar que el alcalde actuó de mala fe. Lo único que hizo fue trabajar convencido de que lo que estaba haciendo era lo que necesitaba Bogotá. Esto sólo obedece a una persecución política”, expresó Quiroga, quien agregó que ya están preparando la apelación al fallo de la Contraloría.

“Cada decisión que se toma desde un ente de control como en este caso es la Contraloría, eso impacta. Existen servidores públicos afectados, no aceptan procesos técnicos y garantistas. Lo que se debe hacer en todos los casos que se den por parte de nuestra entidad es explicar el manejo de los recursos públicos y no buscar razones políticas”, le expresó a El Espectador Juan Carlos Granados, contralor de Bogotá. Aunque, en teoría, este tipo de sanciones fiscales no tienen ninguna implicación en la aspiración a la Presidencia de Petro, pues la ley le permite ser candidato, la historia es diferente si llega a ganar la contienda pues, para posesionarse, tendría que pagar las millonarias multas que ya tiene acumuladas.