La Contraloría General, en auditoría adelantada contra la Sociedad de Activos Especiales, (SAE), y al Fondo Para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, (FRISCO), encontró detrimentos patriominales para el Estado colombiano por un valor de $28.056. De acuerdo con el ente de control fiscal este hallazgo tendría incidencia penal, es decir, la Fiscalía General, podría encontrar posibles rastro de delitos en la SAE, entidad encargada de administrar los bienes decomisados a las mafias en Colombia.
Lea: Bienes en poder de la SAE tienen valor de unos $9,8 billones: director de la SAE
Dentro de la auditoría adelantada por la Contraloría se encontró el posible manejo irregular de bienes que estaban bajo custodia de la SAE. Algunos de esos bienes simplemente desaparecieron, exponiendo a la nación a millonarias demandas.
Le podría interesar: Director de la SAE denuncia que policía amenazó de muerte a sus padres
Con corte a 31 de diciembre de 2023, el total de los bienes inmuebles del FRISCO y que son administrados por SAE, asciende a 33.109. De ellos, 5.985 (18.07%) poseen contrato de arrendamiento, 9.528 (28.77%) están desocupados y con ocupación irregular 15.060 (45.4%). Por estos últimos, la Contraloría General determinó 9 hallazgos fiscales por valor de $16.151.443.650, en las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla.
De los bienes de una empresa llamada Nuevo Amanecer, bajo administración de la SAE, se determinaron dos hallazgos fiscales. El primero por la venta de 15 caballos de paso fino por debajo sustancialmente del valor comercial. El monto perdido es de $99.428.569. El segundo hallazgo fiscal, en este caso tiene que ver con la misteriosa desaparición de 69 relojes avaluados en $1.302 millones.
En la administración de bienes muebles a cargo de la SAE en Montería y Bogotá, se identificó la pérdida de 31 taxis y partes de algunos otros que habían sido incautados. Por este caso se confirmaron dos hallazgos fiscales por valor de $ 1.945 millones.
Producto de esta auditoría se evidenciaron dificultades en la administración de los bienes inmuebles en aspectos como: la actualización anual de cánones de arrendamiento y avalúos, impago de cuotas de administración por parte de los arrendatarios, inmuebles arrendados que no cuentan con póliza vigente que ampare el pago de los cánones y, por el contrario, en algunos casos se evidencia que como garantía fue entregado efectivo en depósito.
En la Regional de Occidente de la SAE se detectó omisión en la gestión de cobro de cánones de arrendamiento, en una cuantía estimada a los $1.881 millones de inmuebles que aparecen registrados por la entidad como en alquiler. También se encontró en esta zona bienes inmuebles, administrados por la SAE, en los cuales se evidenció el ejercicio de presuntas actividades ilegales como la fabricación de alcohol adulterado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.