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La Contraloría dio a conocer los resultados de una auditoría de cumplimiento al Ministerio de Cultura. En una primera investigación, el órgano de control estableció un hallazgo fiscal por $9.240 millones, es decir, posible detrimento patrimonial, por la construcción del Teatro César Contó Ferrer en Quibdó (Chocó).
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La entidad cree que podría sancionar a los encargados de la construcción de la obra para la cultura, que fue iniciativa de W Radio y empresas privadas. Incluso, la Nación, a través de dicho Ministerio, destinó un total de $11.724 millones.
Sin embargo, la Contraloría encontró que las autoridades fallaron en su deber de planeación y no se efectuaron análisis completos de los estudios y diseños que soportaran las especificaciones técnicas de la obra. Y que, a pesar de esas falencias, la obra se siguió ejecutando.
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Los predios destinados, para realizar el nuevo teatro, no fueron saneados de manera previa a la apertura del proceso de contratación estatal y construcción, según explicó el órgano de control. Además, quedó evidenciado que la obra presenta un deterioro prematuro por falta de mantenimiento.
“Tampoco es funcional por tratarse de una construcción inadecuada en contraste con los diseños del proyecto, y se presenta un incumplimiento de la normatividad vigente debido a la dimensión de la altura libre de los pisos dos y tres del teatro, por ser inferior de 2,30 m, deficiencia técnica que impide satisfacer la necesidad que lo originó”, concluyó la Contraloría.
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Por otro lado, la entidad revisó los contratos que en 2021 firmó el departamento de Antioquia, para la construcción y dotación de la Escuela de Música del municipio de Ciudad Bolívar, el teatro Municipal de El Carmen de Viboral y el mejoramiento de la Casa de Cultura de Gómez Plata. Pero, no encontró buenas noticias.
Para empezar, el avance de ejecución de cada uno de los proyectos en inferior al 50%, a pesar de que en octubre pasado venció el plazo inicial de todos los contratos. Los diseños, aparte, no cumplen con la normatividad vigente y presentan serios retrasos por conflictos en la ejecución de las obras.
“De igual manera, se evidenció debilidad en las labores de supervisión del ministerio, la EDU y la interventoría contratada, pues no hubo una debida gestión para conminar a que los contratistas cumplieran con los plazos establecidos”, explicó la Contraloría. Y señaló, por último, que para proyecto de la Escuela de Música se reconocieron $53 millones por obras no ejecutadas.
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