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La Contraloría se suma a los órganos de control que, durante los últimos días, pusieron la lupa en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la cual administra más de 28.000 bienes incautados a la mafia y a las organizaciones criminales. A través de un estudio sectorial, la Contraloría daría cuenta de una serie de riesgos fiscales e irregularidades en la entidad que, justamente, fue creada para reemplazar a la liquidada y manchada por corrupción Dirección Nacional de Estupefacientes.
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Para empezar, la Contraloría señaló que la SAE no tiene certeza sobre el estado físico del 57,5% de los bienes inmuebles (como casas, edificios, parqueaderos, fincas) registrados en su inventario. Es decir, 16.283 de los 28.343. Por otro lado, la entidad encontró que existen 581 bienes inmuebles, con una extensión significativa en hectáreas, cuyo avalúo catastral está registrado por debajo del millón de pesos.
“El valor del avalúo catastral registrado por la SAE de 1.316 bienes inmuebles es mayor que el avalúo comercial, diferencia que asciende a los $195.484 millones, cifra que puede interpretarse como una sub valoración de los bienes desde el punto de vista comercial”, señaló el órgano de control, a través de los primeros resultados de las auditorias que adelanta.
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En otro de los puntos clave, la Contraloría da cuenta de que no se ha gestionado en debida forma la entrega de bienes de las extintas Farc, uno de los compromisos de la guerrilla tras firmar el Acuerdo de Paz en 2016. Por otro lado, en materia de asignación de bienes en arriendo, la Controlaría encontró concentración de bienes. Cinco depositarios superan el tope máximo de asignación establecido y 25 arrendatarios superan el tope máximo en materia de sociedades (empresas).
El pasado 31 de octubre, la Procuraduría entregó los resultados de su indagación previa en la SAE. Aparte de la falta de certeza por el número de bienes y su estado, este otro órgano de control halló que no hay claridad sobre la vulnerabilidad y las inconsistencias en el sistema usado por esa entidad para el control del inventario de los bienes. Tampoco son claros los criterios para la distribución que realiza el sistema a los particulares (ciudadanos o empresas) que en algunos casos administran los bienes. Hay concentración de los más rentables, sin auditoría.
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“Se evidenciaron decenas de incumplimientos e inconvenientes en los compromisos suscritos con los particulares encargados de la administración de dichos bienes, ya que no existe un sistema de control y vigilancia de los contratos. Se identificaron arrendamientos que pueden estar por debajo de la estimación mínima fijada por la misma SAE”, explicó la Procuraduría. La Fiscalía, por su parte, reporta 105 procesos activos relacionados con el manejo de los bienes de la entidad relacionada con el escándalo.
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