Contraloría identificó Cartel de la Hemofilia en Caquetá y Bolívar

El escándalo de corrupción conocido como el cartel de la hemofilia se habría extendido a otras zonas del país. Este jueves, la Contraloría General de la Nación reportó irregularidades en pagos relacionados con enfermedades de la hemofilia y de Von Willebrand en los departamentos de Caquetá y Bolívar. Por eso, el organismo de control fiscal abrió un proceso de responsabilidad por $27.000 millones.

En Caquetá, por ejemplo, la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría auditó los contratos entre la gobernación y las empresas Suiphar de Colombia S.A. y Distrimedical´s S.A.S., para el suministro del medicamento Factor VIII de alta pureza. Sin embargo, ese contrato, suscrito por un valor de $7.433 millones, se destinó para la atención de cinco usuarios diagnosticados supuestamente con hemofilia severa, pero dejó en evidencia que la Secretaria de Salud “no verificó ni corroboró la veracidad de las historias clínicas aportadas por cada uno de los usuarios”.

Lo anterior, permitió el pago con base, dijo la Contraloría, en documentos que no fueron emitidos por la IPS, como lo certificaron en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, la Unidad Oncológica Surcolombiana, el Hospital María Inmaculada, así como los supuestos médicos tratantes. El organismo de control también estableció que los contratistas de la gobernación entregaron medicamentos que no cumplían con las especificaciones técnicas. En otras palabras, entregaron medicamentos distintos a los pagados.

“La Secretaría de Salud Departamental recibió un producto que no cumplía con las características técnicas descritas en los contratos, y que, de conformidad con las especificaciones relacionadas en el registro sanitario del producto, se trataba de medicamentos incluidos dentro del POS (…), por lo tanto, se incurrió en gastos que debieron ser asumidos por las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado”, precisó el organismo de control fiscal.

A pesar de la cuantía de la contratación, la Contraloría manifestó que las IPS lograron certificar la supuesta atención de un paciente, por parte del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, “al que le habrían formulado, durante el año 2014, 270 ampollas del medicamento por un valor total de $371.250.000. Así las cosas, la entidad llamó a responder a Víctor Isidro Ramírez Loaiza, exgobernador de Caquetá, a Luis Eduardo Campo Castillo, exsecretario de salud de la época, así como a las empresas contratistas y sus representantes legales.

Respecto a las presuntas irregularidades en Bolívar, la Contraloría evidenció que la Secretaría de Salud Departamental realizó pagos por $20.000 millones por la supuesta atención de pacientes hemofílicos que debían ser asumidos por las EPS. “Obviando la reglamentación vigente sobre la materia, la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar realizó pagos a la Fundación Ciénaga de la Virgen, por la atención integral de pacientes hemofílicos, así como también a la IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud IPS S.A.S. – Asistegral por la atención integral de pacientes hemofílicos”, dijo el organismo de control fiscal.

Por estos hechos, la Contraloría citó, en calidad de presuntos responsables, al exgobernador del departamento de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini; las exsecretarias de salud departamental, Ana María del Carmen Álvarez Castillo y Bertha María Pérez Jiménez; la exdirectora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud, Nacha Newball Jiménez; el auditor médico del departamento para la época, Luis Eduardo Ortiz Herrera, así como a los representantes legales de las presuntas IPS beneficiarias.

El escándalo de corrupción conocido como el cartel de la hemofilia se habría extendido a otras zonas del país. Este jueves, la Contraloría General de la Nación reportó irregularidades en pagos relacionados con enfermedades de la hemofilia y de Von Willebrand en los departamentos de Caquetá y Bolívar. Por eso, el organismo de control fiscal abrió un proceso de responsabilidad por $27.000 millones.

En Caquetá, por ejemplo, la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría auditó los contratos entre la gobernación y las empresas Suiphar de Colombia S.A. y Distrimedical´s S.A.S., para el suministro del medicamento Factor VIII de alta pureza. Sin embargo, ese contrato, suscrito por un valor de $7.433 millones, se destinó para la atención de cinco usuarios diagnosticados supuestamente con hemofilia severa, pero dejó en evidencia que la Secretaria de Salud “no verificó ni corroboró la veracidad de las historias clínicas aportadas por cada uno de los usuarios”.

Lo anterior, permitió el pago con base, dijo la Contraloría, en documentos que no fueron emitidos por la IPS, como lo certificaron en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, la Unidad Oncológica Surcolombiana, el Hospital María Inmaculada, así como los supuestos médicos tratantes. El organismo de control también estableció que los contratistas de la gobernación entregaron medicamentos que no cumplían con las especificaciones técnicas. En otras palabras, entregaron medicamentos distintos a los pagados.

“La Secretaría de Salud Departamental recibió un producto que no cumplía con las características técnicas descritas en los contratos, y que, de conformidad con las especificaciones relacionadas en el registro sanitario del producto, se trataba de medicamentos incluidos dentro del POS (…), por lo tanto, se incurrió en gastos que debieron ser asumidos por las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado”, precisó el organismo de control fiscal.

A pesar de la cuantía de la contratación, la Contraloría manifestó que las IPS lograron certificar la supuesta atención de un paciente, por parte del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, “al que le habrían formulado, durante el año 2014, 270 ampollas del medicamento por un valor total de $371.250.000. Así las cosas, la entidad llamó a responder a Víctor Isidro Ramírez Loaiza, exgobernador de Caquetá, a Luis Eduardo Campo Castillo, exsecretario de salud de la época, así como a las empresas contratistas y sus representantes legales.

Respecto a las presuntas irregularidades en Bolívar, la Contraloría evidenció que la Secretaría de Salud Departamental realizó pagos por $20.000 millones por la supuesta atención de pacientes hemofílicos que debían ser asumidos por las EPS. “Obviando la reglamentación vigente sobre la materia, la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar realizó pagos a la Fundación Ciénaga de la Virgen, por la atención integral de pacientes hemofílicos, así como también a la IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud IPS S.A.S. – Asistegral por la atención integral de pacientes hemofílicos”, dijo el organismo de control fiscal.

Por estos hechos, la Contraloría citó, en calidad de presuntos responsables, al exgobernador del departamento de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini; las exsecretarias de salud departamental, Ana María del Carmen Álvarez Castillo y Bertha María Pérez Jiménez; la exdirectora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud, Nacha Newball Jiménez; el auditor médico del departamento para la época, Luis Eduardo Ortiz Herrera, así como a los representantes legales de las presuntas IPS beneficiarias.