La Contraloría abrió tres procesos de responsabilidad fiscal por la suma de más de $47.923 millones, en casos relacionados con mal manejo de recursos en proyectos del Cesar, La Guajira y Putumayo. Los casos tienen que ver con viviendas de interés social cuya construcción se encuentra detenida y cuyos impuestos habrían sido mal calculados.
De acuerdo con el ente de control, el caso más grande es el del municipio de La Jagua de Ibirico, en La Guajira, en el que el daño que existiría es de $37.946 millones. El proceso tiene que ver con el convenio 166 de 2022, el cual mezclaba esfuerzos de del municipio y la Caja de Compensación Familiar COMFACESAR para desarrollar cuatro proyectos: la construcción en sitio propio de viviendas urbanas, la construcción de viviendas de interés social en la urbanización El Pueblo Primero, la construcción de viviendas de interés prioritario en el corregimiento de La Victoria de San Isidro, y la construcción en sitio propio de viviendas rurales en el municipio.
La Contraloría encontró que no se liquidaron bien impuestos como el IVA y “se concluyó que se está frente a obras inconclusas”. Además, fueron vinculados como presuntos responsables fiscales el alcalde del municipio, los secretarios de Infraestructura y el director administrativo de COMFACESAR para la época de los hechos. El proceso inició por una denuncia que inició en el Cesar y que fue tramitada por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la Contraloría.
En el caso de La Guajira, se encontraron aulas sin entregar dentro de una proyecto que tenía como finalidad la “construcción de aulas escolares en diferentes centros educativos en el municipio de Albania”. Dicha obra tenía un valor aproximado de $8.050 millones. La apertura del proceso por este caso se dio debido a que el proyecto, que ha tenido múltiples actas de prórroga y una cesión del contrato, las obras solo han avanzado en un 70%, sin que hasta el momento se haya entregado ninguna sede de las ocho acordadas. Dentro de ese proceso, fueron vinculados como presuntos responsables fiscales el alcalde de la época de los hechos y funcionarios de su administración.
Lo relacionado con el proceso de Putumayo tiene que ver con la reconstrucción de Mocoa, por $1.927 millones, en la ejecución de la obra pública No. 9677-PPAL001-532-2021 del 29 de abril de 2021. Ese convenio tenía la finalidad de llevar a cabo obras de recuperación para el mejoramiento de las vías urbanas en el municipio de Mocoa (Putumayo), en el marco de la Declaratoria de Calamidad Pública No. 176 del 12 de agosto de 2018 prorrogada mediante Decreto No. 027 del 12 de febrero de 2019. Dice la Contraloría que “las deficiencias presentadas llevaron a no satisfacer las necesidades de la comunidad para la cual se adelantó el contrato suscrito y su correspondiente objeto social”.
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