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Luego de que, en noviembre del año pasado, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamara a indagatoria al exsenador Iván Moreno Rojas, el alto tribunal tomó la decisión de emitir una nueva medida de aseguramiento en su contra. Pese a que el excongresista ya se encuentra en la cárcel, pagando una condena de 14 años por su papel en el carrusel de la contratación, la Corte encontró que hay nuevas pruebas que hacen necesario expedir otra orden de detención preventiva. (Muerte política para Iván Moreno)
Este nuevo expediente por el que tendrá que responder Moreno Rojas, nieto del general Gustavo Rojas Pinilla y hermano del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, tiene que ver con el “saqueo” al sonado contrato de ambulancias de 2009. Por él, su hermano terminó en prisión, al igual que quien ejercía como secretario de Salud para la época en que se firmó el contrato, Héctor Zambrano. La Fiscalía pudo demostrar ante los jueces que tanto Iván Moreno como Zambrano se adueñaron de una porción del contrato.
El valor total del negocio fue de $67.000 millones y, según explicó el ente investigador en su momento, cerca del 10 % fue repartido en coimas entre Zambrano, Iván Moreno, Hipólito Moreno y Federico Gaviria. Este último se volvió un testigo clave en el escándalo de Odebrecht y ya pactó un preacuerdo con la Fiscalía. El contrato de ambulancias resultó adjudicado a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá, un consorcio que estaba en cabeza del contratista Emilio Tapia, el testigo clave del proceso.
Iván Moreno Rojas ya fue condenado por la Corte Suprema. El fallo se conoció en 2014 y fue por los delitos de concusión (hacer uso de su cargo público para pedir dinero), tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Según la investigación, Moreno solicitó millonarias comisiones a un grupo de contratistas con el fin de garantizar la entrega de contratos viales en la capital de la república durante la alcaldía de su hermano, Samuel Moreno.
Por estos hechos de corrupción, la Procuraduría emitió una sanción disciplinaria en su contra con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 20 años, mientras que la Sala Plena el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura. El año pasado, luego de que las autoridades encontraran artículos de lujo en su celda en San Gil (Santander), el exsenador fue trasladado a la cárcel La Picota en Bogotá, en donde sigue cumpliendo su pena.