Contratos celebrados por la nueva Ley de Garantías supera los $3 billones

Desde hace tres meses, las entidades estatales han celebrado 604 contratos desde que empezó a regir el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021. Esa norma que se coló en la ley de presupuesto, y que para muchos congresistas es un “mico”, no es otra cosa que el aval formal para que el Estado celebre convenios en plena etapa electoral. La intención del ejecutivo con esa regla hace parte de una de las apuestas que tiene para la reactivación económica del país e incentivar el empleo en varias regiones luego de la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

Desde hace tres meses, las entidades estatales han celebrado 604 contratos desde que empezó a regir el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021. Esa norma que se coló en la ley de presupuesto, y que para muchos congresistas es un “mico”, no es otra cosa que el aval formal para que el Estado celebre convenios en plena etapa electoral. La intención del ejecutivo con esa regla hace parte de una de las apuestas que tiene para la reactivación económica del país e incentivar el empleo en varias regiones luego de la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

El Congreso, con la aprobación de esa norma, prácticamente, tumbó la prohibición que existía desde 2005 que frenaba la celebración de contratos entre la Nación y las regiones antes de las elecciones para evitar que los gobernantes, en especial el presidente, usaran la contratación para favorecer sus intereses durante el proceso electoral. La norma no había terminado de salir del legislativo cuando ya estaba siendo demandada ante la Corte Constitucional. Una lluvia de documentos que hoy reposan en el despacho de la magistrada Diana Fajardo ponen de presente “el daño” que podría causar la norma de seguir vigente.

Lea aquí: El mico en la ley de presupuesto que ni la Corte Constitucional ha logrado frenar

Datos suministrados por el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), y que tiene en su poder Fajardo, dan cuenta de que el Estado y entidades del orden nacional han celebrado convenios interadministrativos o contratos por más de 3.34 billones de pesos. Esas estadísticas, que no alcanzan a completar los tres meses, son relacionadas en el sistema por las propias entidades estatales.

Así las cosas, desde el pasado 13 de noviembre hasta el 8 de febrero de este año, Antioquia es el departamento que se impone en contratación con 63 reportes que suman más de $408 mil millones, seguido de Boyacá con 44 convenios que superan los $32 mil millones. En tercer lugar, está Tolima con 43 contratos que suman alrededor de $68 mil millones; Valle del Cauca le sigue con 44 convenios valorados en más de $152 mil millones y Nariño, según Secop, tiene un reporte de 34 contratos cuyo valor asciende a los $98 mil millones.

Siguiendo en el ranking de los 10 departamentos con más contrataciones, el quinto lugar lo ocupa Magdalena con 33 convenios por más de $91 mil millones, seguido de Huila que tiene un reporte de 19 contratos celebrados, únicamente, durante los últimos dos meses de 2021 por un valor que asciende los $116 mil millones; Cauca, se impone en la lista con 25 convenios que superan los $72 mil millones, y cierran Córdoba y Santander con 19 y 28 contratos con valores entre los $164 mil millones y $286 mil millones, respectivamente.

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A groso modo, lo que dice Secop es que, en total, durante 2021, una vez empezó a regir la norma, se celebraron en todo el país 477 contratos que equivale a 3.1 billones de pesos, y en lo corrido de 2022, se han firmado alrededor de 127 convenios que superan los 164 mil millones de pesos. Esas cifras que, podrían tener un mínimo margen de error porque se puede contabilizar más que eso, reposan en el despacho de la magistrada Fajardo quien una vez conoció de las alarmantes estadísticas llevó ante la Sala Plena de la Corte su intención por dejar la norma sin piso de manera provisional mientras se toma una decisión de fondo.

La pretensión de Fajardo no alcanzó las mayorías, por lo que la norma sigue su curso, con la novedad de que fue apoyada la postura de “urgencia nacional” que presentó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Es decir, la norma no puede ser suspendida por la Corte Constitucional, pero los magistrados tienen la responsabilidad de darle celeridad al tema para ser analizado. Así las cosas, el alto tribunal empieza a trabajar a contrarreloj pues a la par que conocen de las demandas y del control de constitucionalidad de la norma, los contratos se siguen firmando en plena época electoral.