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Más de mil correos, informes y casi una decena de grabaciones fueron las pruebas que dejó Jorge Enrique Pizano para explicar lo que sucedió con la feria de contratos irregulares que se repartieron en la Concesionaria Ruta del Sol. La muerte del excontroller de la sociedad y las revelaciones de El Espectador y Noticias Uno sobre dos conversaciones que Pizano sostuvo en 2015 con el hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, entonces asesor jurídico del Grupo Aval, tienen el tema en boca de todos. Ahora se conocen los nombres de las empresas que supuestamente recibieron esos pagos en entredicho y que aún no han explicado a la justicia a dónde fueron a parar esos dineros.
En octubre de 2015, Jorge Pizano y Javier Mejía, su par en Consol —sociedad encargada del desarrollo de las obras—, enviaron informes señalando los contratos con pagos en entredicho que sumaban cerca de $55.000 millones. El Grupo Aval solicitó a su socio Odebrecht que relacionara las facturas y los comprobantes que trataran de explicar las anomalías encontradas. Hoy la Fiscalía habla de que los “contratos espurios” podrían llegar a los $65.000 millones y que se están adelantando las investigaciones para determinar qué sucedió con esos dineros.
(Lea:Grabación de agosto de 2015: ecos de un diálogo sobre el caso Odebrecht)
Presoam
La sociedad que encabeza la lista de contratistas sospechosos es Asesores Consultores Presoam, que el 9 de abril de 2014, tres meses antes de firmar su primer contrato en la Ruta del Sol 2, cambió su nombre y objeto social. Pasó a llamarse Sky Blessed, y de fabricar textiles a ser experta en asesorías de ingeniería y temas prediales. Para Pizano era extraño que una firma sin experiencia, constituida con un millón de pesos, recibiera dos contratos (el segundo en 2015) que sumaban cerca de $12.000 millones para el desarrollo de programas sociales y la adquisición de predios. “No hay justificación para contratar esta firma, ya que la experiencia y el personal lo tiene Consol”, se lee en el reporte de Pizano.
(En contexto: Las alertas de corrupción que no fueron oídas en la Ruta del Sol)
En su investigación, Pizano descubrió que Presoam, al parecer, tenía nexos con el exgerente predial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Édgar Chacón. Asimismo, señaló que entre los representantes de la sociedad aparecía Humberto Sánchez Verano, un hombre que, según Néstor Humberto Martínez en su conversación con Pizano en 2015, tenía “mala reputación” pues había estado implicado en la quiebra del Banco del Estado. Varias preguntas surgieron sobre este contrato: ¿Por qué se subcontrató con Presoam una tarea que venía realizando Consol por cuatro años? ¿Por qué se le adjudicaron contratos con costos que excedieron el valor que se tenía presupuestado para temas prediales y sociales?
(Lea:Las explicaciones del fiscal Martínez sobre Odebrecht y el caso Pizano)
Concesionaria Torrosa
“Las obras pagadas al contratista las está ejecutando Consol y no dicho contratista (Torrosa). Además, los pagos no tienen la aprobación del gerente contractual”, alertó Pizano sobre el contrato firmado entre la Concesionaria Torrosa y Consol por $9.300 millones para la ejecución de explanación, estructura y drenaje en uno de los tramos de la Ruta del Sol 2. Según las pesquisas del excontroller, esa obra se ejecutaba con maquinaria de Consol y no de Torrosa, por lo que no entendía quién y con qué soportes se aprobaron los pagos. El hombre detrás de Torrosa es Javier Mauricio Torres, citado por la Fiscalía a interrogatorio.
RGQ Logistics
Esta firma fue contratada en 2015 por $4.000 millones para transportar productos asfálticos. “¿Por qué, a pesar de la objeción por parte del gerente contractual (Javier Mejía), de no aprobar estos pagos, los mismos se efectuaron?, y, ¿cuáles son las evidencias de servicios prestados por este proveedor que sirvieron como soporte para efectuar los pagos?” fueron algunas preguntas formuladas por Pizano, Mejía y el Grupo Aval. Esta firma también aparece en una denuncia presentada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, quienes la relacionaron con Esteban Moreno, un político del Valle del Cauca. Sus representantes legales, Liz Aura Peña y Álvaro Andrés Quimbaya, ya fueron llamados a dar explicaciones a la Fiscalía.
(Vea: “Fui una piedra en el zapato para los accionistas de la Ruta del Sol 2": Luis Fernando Andrade)
Inversores Profesionales y Desimpro S. A.
En su reporte, Pizano sostuvo que la Concesionaria Ruta del Sol contrató a Inversores Profesionales para realizar las mismas tareas que Desimpro y que se les pagó a ambos a pesar de que no existía evidencia de sus labores. Mientras Desimpro recibió dos pagos en 2013, Profesionales de Bolsa, relacionada con el exsecretario de Movilidad de Bogotá Luis Bernardo Villegas, recibió cinco entre 2013 y 2015. Federico Gaviria ya aceptó las irregularidades alrededor de estos contratos y aseguró que se crearon contratos espejos para el pago de coimas. Asimismo, en sus declaraciones salpicó a Villegas, quien ya fue requerido por las autoridades para explicar estos hechos.
Algo similar sucedió con Gestora de Proyectos de Infraestructura, otras de las sociedades señaladas por Pizano y a la que, al parecer, se le pagaron $2.600 millones a través de legalizaciones irregulares. Entre diciembre de 2014 y abril de 2015, esta firma recibió cuatro pagos por supuestamente realizar una evaluación técnica y económica de proyectos. Sin embargo, no hubo evidencia de las labores realizadas, pues no se encontraron informes de la firma consultora. En las otras empresas que aparecen en los reportes del excontroller, la Fiscalía ya demostró pago de sobornos. Entre ellas, Profesionales de Bolsa, comisionista de Gustavo Torres, utilizada por Federico Gaviria y Otto Bula para recibir el pago de coimas.
La lista la cierran el Consocio Sion y Consultores Unidos. La primera perteneció al contratista Gabriel Dumar, hoy preso y colaborando con las autoridades. Según la Fiscalía, este personaje recibió cerca de $7.500 millones que terminaron en manos del excongresista Bernardo Ñoño Elías. Sobre Consultores Unidos se sabe que fue utilizada por Eduardo Zambrano, quien además habría utilizado una de sus sedes en Panamá para direccionar el pago de una coima de más de US$2 millones. Ese dinero pasó por el sistema financiero de Estados Unidos, por lo que ese movimiento está siendo investigado por las autoridades de ese país.