Cormagdalena le gana millonario pleito a inversionistas del Puerto de Barranquilla

La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, mejor conocida como Cormagdalena, acaba de zanjar a su favor un largo y costoso pleito judicial en el que le pedían una indemnización de US$20 millones, lo cual significa hasta 18 veces su presupuesto anual. Los perdedores judiciales de este caso son los accionistas del Puerto de Barranquilla y su operador logístico Barranquilla International Terminal Company.

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El Consejo de Estado dejó en firme un laudo arbitral decidido por la Cámara de Comercio de Bogotá en 2023, en el cual se les negó a los accionistas del Puerto de Barranquilla una controversia contra Cormagdalena. Los privados aseguraban que el tratamiento del río por parte de la entidad pública les estaba causando millonarias pérdidas, pues han tenido que desviar busques mercantiles a puertos diferentes, con menos capacidad de administrar carga.

Los privados reprochan que Cormagdalena debía garantizar un mínimo de profundidad a las aguas del río Magdalena y que debía hacerle mantenimiento al canal navegable del mismo afluente. Que esa era su obligación desde 2004, cuando el Ministerio de Transporte le cedió la administración del contrato de concesión que permite la operación del puerto de la capital atlanticense. El puerto, que le entrega reditos a la municipalidad de Barranquilla y molesto con el supuesto incumplimiento de Cormagdalena, los citó a un tribunal de arbitramento en Bogotá en 2019.

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Sin embargo, el viento no favoreció el año pasado a los operadores del puerto, cuando la Cámara de Comercio de Bogotá no les hizo caso. En este nuevo trámite en el Consejo de Estado, los árbitros de la Cámara señalaron que “garantizaron el debido proceso en todas las etapas”, y que no encontraron probadas las alegaciones de los inversionistas. Por ello, en el laudo o la resolución del conflicto entre las partes, en ese momento, no ordenaron indemnización a favor de sus intereses.

No obstante, los privados no se quedaron de brazos cruzados y acudieron al Consejo de Estado, utilizando un mecanismo extraordinario de “anulación de laudo arbitral”. Explicaron que los árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá no habrían querido aplicar disposiciones legales y contractuales entre las partes. Que incluso habrían omitido pruebas aportadas en el expediente y habrían dejado de practicar una prueba que ellos mismos habían decretado al inicio del expediente.

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En un fallo de 26 páginas conocido por El Espectador, el Consejo le dio una nueva negativa al Puerto de Barranquilla y a su operador logístico. “Por un lado, el Tribunal (de la Cámara de Comercio) no negó el decreto de una prueba solicitada oportunamente, ni dejó de practicar una prueba decretada sin fundamento legal alguno. La exhibición de documentos solicitada por la parte convocante sí se llevó a cabo, sobre los documentos que Cormagdalena tenía en su poder”, concluyó.

Cormagdalena fue asesorada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), dirigida en este momento por el jurista Jhon Camargo. Con esta decisión, las entidades gubernamentales le ahorraron al Estado un monto de US$20 millones, que hubiesen salido del presupuesto de Cormagdalena, que es exponencialmente inferior. Asimismo, se garantizó el derecho a diversas instancias a favor de los privados.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, mejor conocida como Cormagdalena, acaba de zanjar a su favor un largo y costoso pleito judicial en el que le pedían una indemnización de US$20 millones, lo cual significa hasta 18 veces su presupuesto anual. Los perdedores judiciales de este caso son los accionistas del Puerto de Barranquilla y su operador logístico Barranquilla International Terminal Company.

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Los privados reprochan que Cormagdalena debía garantizar un mínimo de profundidad a las aguas del río Magdalena y que debía hacerle mantenimiento al canal navegable del mismo afluente. Que esa era su obligación desde 2004, cuando el Ministerio de Transporte le cedió la administración del contrato de concesión que permite la operación del puerto de la capital atlanticense. El puerto, que le entrega reditos a la municipalidad de Barranquilla y molesto con el supuesto incumplimiento de Cormagdalena, los citó a un tribunal de arbitramento en Bogotá en 2019.

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No obstante, los privados no se quedaron de brazos cruzados y acudieron al Consejo de Estado, utilizando un mecanismo extraordinario de “anulación de laudo arbitral”. Explicaron que los árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá no habrían querido aplicar disposiciones legales y contractuales entre las partes. Que incluso habrían omitido pruebas aportadas en el expediente y habrían dejado de practicar una prueba que ellos mismos habían decretado al inicio del expediente.

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Cormagdalena fue asesorada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), dirigida en este momento por el jurista Jhon Camargo. Con esta decisión, las entidades gubernamentales le ahorraron al Estado un monto de US$20 millones, que hubiesen salido del presupuesto de Cormagdalena, que es exponencialmente inferior. Asimismo, se garantizó el derecho a diversas instancias a favor de los privados.

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