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Luego de tres intentos fallidos, la Fiscalía logró imputarle cargos la semana pasada al coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita y a otros tres uniformados por su presunta responsabilidad en el homicidio del exguerrillero Dimar Torres, perpetrado el 22 de abril del año pasado en Convención (Norte de Santander). Al finalizar la diligencia judicial, que tuvo lugar en Bogotá hoy 27 de enero, el juez decidió enviar al oficial (r) a la cárcel al concluir que podían lograr algún tipo de obstrucción sobre la justicia.
La Fiscalía aseguró en la imputación que el oficial en retiro fue quien ordenó el crimen del excombatiente, en venganza por la muerte del soldado Pablo Borja García luego de que éste pisara un artefacto explosivo. El organismo confirmó que se usó un grupo de WhatsApp para ultimar los detalles del crimen. Tras imputarle el cargo de homicidio en persona protegida -que Pérez no admitió-, la Fiscalía reveló una serie de audios entre el oficial y el cabo Daniel Eduardo Gómez (quien ya aceptó cargos) que probarían su supuesta participación en el crimen.
La Procuraduría estuvo de acuerdo con la Fiscalía en que era necesario enviar a prisión a Pérez Amézquita de manera preventiva. Además de darle credibilidad a la hipótesis de la Fiscalía, el Ministerio Público le expresó al juez que Pérez Amézquita y los demás imputados representan un peligro para la sociedad, pues podrían reincidir, así como también podrían entorpecer las pesquisas que adelante el ente investigador en su contra.
Tras escuchar las intervenciones de todas las partes, el juez 17 de control de garantías de Bogotá concluyó que lo más conveniente era imponer la medida de aseguramiento, ante la gravedad de los hechos que investiga la Fiscalía, el eminente riesgo de que los investigados escapen y la posible presión que podrían ejercer en contra de los testigos del caso. Junto con el coronel (r) Pérez Amézquita, tres soldados fueron enviados a la cárcel.
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"El cargo que ostentaba (Pérez Amézquita) le otorgaba plena capacidad de determinar a sus subalternos y sus órdenes de matar fueron concretas, directas e inequívocas: vengar la muerte de su soldado y matar a Dimar Torres de quienes ustedes afirmaban eran el autor de ese atentado, no obstante, nunca lo judicializaron. Solo fue un acto puro de venganza”, le dijo el fiscal del caso al coronel Pérez Amézquita a quien le imputó el cargo de homicidio en persona protegida en calidad de determinador. El oficial no aceptó los cargos endilgados.
“Usted como el comandante del Batallón (de Operaciones Terrestres No. 11), superior del cabo Gómez -autor material- y de los soldados aquí presentes, con las órdenes y mandatos impartidos a sus subalternos, en especial al cabo Gómez, lo determinó para ejecutar la muerte de Dimar Torres. Esto es, provocó en el auto material una resolución delictiva. De manera dolosa instigó a la muerte, no la captura”, agregó el fiscal. Los soldados Cristian David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Jhorman Alexander Buriticá Duarte tampoco aceptaron cargos.