En medio de las investigaciones por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), delegados de la Corte Suprema de Justicia adelantan en la mañana de este martes una inspección en las instalaciones de Congreso de la República. La orden fue dada por el magistrado de la Sala de Instrucción del alto tribunal Francisco Farfán, quien lleva la investigación en contra del expresidente del Senado, Iván Leonidas Name; y del de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
De acuerdo con lo conocido por este diario, los delegados de la Corte revisan las oficinas de la Comisión VII y de Crédito Público, donde buscan recaudar pruebas sobre la supuesta influencia de los dineros malsanos de la Ungrd en iniciativas aprobadas en esas comisiones. De acuerdo con las denuncias hechas por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad y confesos corruptos, a varios congresistas se les compraron los votos para que apoyaran iniciativas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.
Sobre Name y Calle, los exdirectivos de la Ungrd también sostuvieron que se les repartieron $4.000 millones para que agilizaran el paso de las iniciativas gubernamentales en el Legislativo —$3.000 para Name y $1.000 para Calle—. Además de ellos, habrían sido comprados los votos de por lo menos ocho congresistas: Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya y Germán Rogelio Rozo Anís. Sus firmas apoyaron varios proyectos del Gobierno la pasada legislatura.
Todos estos nombres están ya bajo la mira de la Fiscalía, que pedirá cárcel para López y Pinilla el próximo 7 de agosto, día en que Gustavo Petro cumplirá dos años en la Presidencia de la República. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia adelanta investigaciones en contra de los congresistas y espera recibir más información de los exdirectivos de la Ungrd cuando finalice su negociación con el ente investigador. Por ahora, todos los aquí mencionados están bajo la indagación previa de la Procuraduría, que se sumó a la colaboración investigativa del alto tribunal y el ente investigador.
Asimismo, los testimonios de los dos exdirectivos de la Ungrdubican al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como una pieza clave en el engranaje, pues habría liderado algunos “cónclaves” para acordar la repartición de contratos y dineros, y además fue quien adicionó $700.000 millones al presupuesto de la Ungrd en 2023. De ese aumento es que se habría sacado el dinero para gestionar el contrato de los carrotanques y otros.
Esas mismas versiones señalan al exministro del Interior Luis Fernando Velasco como uno de los negociadores de votos de congresistas a cambio de coimas. Asimismo, lo ponen como uno de los altos funcionarios que decidía para quién iban las coimas y gestionaba esos acuerdos por debajo de la mesa.
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