Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Karen Astrith Manrique Olarte (Citrep), Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Iván Leonidas Name Vásquez (Alianza Verde), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Andrés David Calle Aguas (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde) son los nueve congresistas que, según la Fiscalía, habrían participado en hechos de corrupción relacionados con la contratación en la Ungrd.
Sus nombres aparecieron en medio de las averiguaciones que adelanta el ente investigador en contra de los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd): Olmedo López y Sneyder Pinilla. El expediente también suma a Luis Eduardo López, conocido como El Pastuso, quien, a través de su empresa Impoameriacana Rogers SAS se habría quedado con el millonario contrato de los carrotanques.
La Fiscalía le compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que adelante las respectivas averiguaciones sobre la posible participación de los legisladores en “varios procesos contractuales de la Ungrd”. Esta información fue enviada al alto tribunal, después de analizar las pruebas y recopilar los testimonios de los exdirectivos de la Unidad, en la investigación que se lleva contra ellos sobre posibles irregularidades en contratación.
Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, dice el ente investigador, serán imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
De acuerdo con lo que ha encontrado la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, estas tres personas serían responsables “de diferentes actuaciones ilegales detectadas en varios procesos contractuales de la Ungrd, entre ellos el de la adquisición de carrotanques para garantizar el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira”.
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, tanto los exdirectivos como el contratista Luis Eduardo López serán imputados por esos cinco delitos por igual. Para la Fiscalía, los tres implicados tendrían la misma carga, aun cuando su participación en el entramado de corrupción de los carrotanques fue diferente debido a sus cargos y posiciones.
Fuentes consultadas por este diario aseguran que hasta el momento no hay acuerdos entre el ente investigador y los tres procesados. “Toca esperar a la imputación para saber el futuro de los acuerdos”, señaló una fuente que conoce los pormenores del caso. Sin embargo, este diario pudo confirmar que, en el caso de El Pastuso, la posibilidad de acercarse a un acuerdo con la Fiscalía es cada vez más lejana, mientras que para los exdirectivos de la Unidad el principio de oportunidad podría ser un camino, todo debido a la información que aportaron en la investigación.
El caso particular de López Rosero tiene que ver con que, durante la solicitud de pruebas elevada por el búnker, el contratista, al parecer, habría ocultado información. El Pastuso le habría dicho al ente investigador que contaría toda la verdad de los sobrecostos detrás de los vehículos, con la condición de que su esposa y su hija quedaran por fuera de toda averiguación. Sin embargo, el ente investigador se dio cuenta de que lo dicho por el empresario no cuadraba y que no todo lo que les decía era cierto.
En su aporte de pruebas, López Rosero le dijo a la Fiscalía que él y su familia tendrían solo tres empresas: Luket Sas, Impoamericana Roger y Brand SAS. Pero, omitió decirle al ente investigador que en realidad son 17 compañías, con más de 50 contratos, las que están bajo su poder, así como el de su esposa e hija. También dijo que el contrato de los 40 carrotanques era el primero por el cual pagaba un soborno, pero Olmedo López y Sneyder Pinilla le dijeron al ente investigador que fueron varios los procesos de contratación con la Unidad por los que El Pastuso habría pasado dinero, para quedarse con ellos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.