El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una medida cautelar de urgencia y frenó el desembolso de $180.000 millones por parte de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que habían sido ordenados bajo la jurisdicción del exdirector investigado penal y disciplinariamente Olmedo López. El millonario giro iba destinado a Girón (Santander) pero fue detenido por las presuntas irregularidades que fueron descubiertas en el trámite del ordenamiento del gasto.
Las dudas sobre la necesidad e idoneidad del millonario giro, que se supone era para atender desastres, están en las resoluciones 113 y 150 de febrero de este año, firmadas por Olmedo López. Una persona que está negociando con la justicia para obtener beneficios penales y quien ha asegurado públicamente que el dinero de la entidad se malversó durante su gestión. Aunque no ha aportado pruebas, ha dicho que parte de las sumas malversadas se usaron para favorecer los proyectos del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.
La solicitud de medida cautelar fue radicada por la misma Ungrd, que ahora es dirigida por Carlos Carrillo. Al expediente allegaron prueba de que las resoluciones firmadas por Olmedo estarían basadas en una falsa motivación. Esto porque en su momento no se acreditó la necesidad de la adjudicación de dicha suma a favor del municipio de Girón. Asimismo, que la ilegalidad sería palpable por la “manipulación de las resoluciones internas para sobreponer intereses particulares”, se lee en el auto del Tribunal.
Para empezar, el Tribunal encontró que, cuando Olmedo estuvo a cargo del proceso, no hizo una correcta publicación de los actos administrativos que lo soportaron jurídicamente. Asimismo, al revisar el contenido de las resoluciones, no se indican con precisión las obras a las cuales estarían destinados los $180.000 millones. Según el expediente, no era clara la manera en que se iba a ayudar a la región de Topocoro en el departamento de Santander o cómo se iba a construir la subestación de bomberos en ese lugar.
“Con respecto a la segunda de las obras aludidas (la subestación de bomberos), no se indica dónde, en relación con qué clase de vulnerabilidad ni a qué tipo de riesgo localizado obedecen las obras planteadas de ‘recuperación y obras complementarias’, expresión demasiado genérica e imprecisa”, se lee en la decisión del Tribunal. Y para rematar, el despacho judicial encontró que, aunque Girón había declarado una calamidad pública un año antes, había fuertes incongruencias entre esa declaratoria y las obras para cuyos fines se había destinado la transferencia aprobada por Olmedo López.
“Se trata de una importante suma ($180.000.000.000), que constituye recursos del patrimonio público para la gestión del riesgo y la atención de desastres, en relación con los cuales no existe claridad acerca de las condiciones de regularidad del procedimiento de expedición del acto, viabilidad técnica de los proyectos y congruencia con los fundamentos de calamidad pública”, concluyó el Tribunal.
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