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“Denúncienme por decirles ladrones”, dijo Rafael Moreno mirando a la cámara en uno de los últimos videos que publicó en su perfil de Facebook, en septiembre de 2022. Tenía 37 años y llevaba puesta una camiseta beige con el logo de Voces de Córdoba, el medio de comunicación en el que denunció hechos de corrupción en la contratación pública del sur de ese departamento. Sus acusaciones, muchas de ellas acompañadas por documentos, tenían nombre propio: el exalcalde del municipio de Puerto Libertador, Espedito Duque, y la familia Calle, un poderoso grupo político de Montelíbano.
(Lea más sobre el proyecto Rafael: “No me van a silenciar”: revelamos las investigaciones del periodista Rafael Moreno)
Una semana después de su última denuncia, dos sicarios en moto asesinaron a Rafael Moreno al frente de su lugar de trabajo, en un hecho que permanece impune. En ambos casos prometió entregar más información, pero su asesinato se lo impidió. Hasta ahora. Treinta periodistas continuamos con las investigaciones de Rafael Moreno, bajo la coordinación de Forbidden Stories, una organización francesa dedicada a seguir con el trabajo de periodistas asesinados o amenazados en todo el mundo. Este consorcio presenta el trabajo de Moreno en 32 medios de comunicación de 24 países.
Los duques de Puerto Libertador
Rafael Moreno tenía sospechas de que un proceso de violencia sexual contra uno de los hijos de Espedito Duque, Cristian, fue silenciado con contratos públicos. El periodista había hallado dos contratos que la Alcaldía de Puerto Libertador, en su periodo, firmó con la pareja de uno de los fiscales que llevó el proceso penal, Carlos Escobar Zapa. En los contratos, que cubrieron un periodo entre 2016 y 2018, y juntos suman $83 millones, María Auxiliadora Campo le dio en arriendo un inmueble al municipio para alojar allí las oficinas de la Comisaría de Familia, la Secretaría de Salud y de la Unidad de Víctimas. La vivienda, en realidad, pertenecía al fiscal Escobar Zapa.
Así concluyó una auditoría de la Contraloría de Córdoba, que compulsó copias para que el fiscal fuera investigado disciplinariamente. Lo que encontró el periodista Moreno es que, tres años antes, en 2013, Escobar Zapa fue el encargado de abrir una investigación penal en contra de Cristian Duque por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Él tenía la tarea de recolectar las primeras pruebas, que siempre son claves en delitos sexuales, para armar la investigación. El fiscal le dijo a este consorcio que él mismo pidió la captura de Duque y que el proceso no continuó porque la víctima no asistió al juicio.
Sin embargo, otra es la versión que cuentan los documentos. Según la fiscal que reemplazó a Escobar Zapa, el caso murió porque el ente investigador no contaba “con el suficiente material probatorio” para seguir el juicio. Así consta en el acta de la audiencia que se hizo apenas dos meses después del segundo contrato de la Alcaldía con la pareja del fiscal.
Escobar Zapa, que sigue desempeñándose como fiscal, enfrenta ahora un proceso penal por violación del régimen de inhabilidades, según le confirmó él mismo a este consorcio, para luego agregar que salió “limpio” de una investigación disciplinaria. Su explicación de todo este lío es que en 2015 terminó su relación sentimental con María Auxiliadora Campo y ella se quedó con la casa, que permaneció a nombre de él. Supuestamente, la mujer firmó el contrato sin que él se enterara. Rafael Moreno estaba detrás de esta historia cuando fue asesinado y, aunque no alcanzó a publicarla, los Duque ya lo tenían entreojos.
Juan David Duque, otro de los hijos de Espedito Duque, hizo públicas sus amenazas. En plena vía pública, gritó: Que dejaran de sacar noticias sobre su papá porque, de lo contrario, podía pasarle algo y que él había logrado que le quitaran el esquema de seguridad al periodista Rafael Moreno, como demostración de su poder en la región. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía por Organis Cuadrado, socio de Moreno en Voces de Córdoba, en junio de 2021, 16 meses antes de que sicarios asesinaran al periodista. Este proceso, por el delito de amenazas, al igual que el homicidio de Rafael Moreno, tampoco tiene ningún avance.
El exalcalde Duque tiene una versión muy distinta de lo ocurrido. A este consorcio le aseguró que esta y otras investigaciones de Rafael Moreno “obedecen a un resentimiento”, por la historia que comparten. Aquí surge un antecedente clave que determinó la llegada de Rafael Moreno al periodismo: su desilusión por la política. Tras prestar servicio militar, conoció a Espedito Duque y se emocionó con sus discursos. Trabajó en varias campañas políticas, hasta que, en el tercer intento, ganó unas elecciones y llegó a la Alcaldía de Puerto Libertador, en 2015. Según varias fuentes, Duque hasta le pagó un semestre de Derecho.
Pero la distancia entre los dos se fue haciendo evidente y Moreno renunció en 2017. Al año siguiente, fundó Voces de Córdoba y se convirtió en el más juicioso fiscalizador de contratos de varios municipios del sur de Córdoba. Descargaba documentos del Sistema de Contratación Pública, verificaba el proceso de selección, de cuánto era el presupuesto, y luego salía, cámara en mano, al terreno a verificar el estado de las obras. Así encontró irregularidades que lo llevaron a presentar una denuncia, hasta ahora desconocida, contra el exalcalde Duque, por supuestos “actos de corrupción, apropiación de recursos públicos, tráfico de influencias y clientelismo”.
El documento, que estaba en el correo del periodista, alerta a la Fiscalía de un posible entramado de corrupción: organizaciones sin ánimo de lucro, fundadas por personas cercanas a Espedito Duque, habrían firmado millonarios contratos con la Alcaldía de Puerto Libertador. El ente investigador nunca le contestó. Como parte de este proyecto, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el portal Cuestión Pública analizaron los contratos firmados por ese municipio entre 2016 y 2022. Los hallazgos confirman algunas de las conclusiones a las que había llegado Moreno y que él mismo se encargó de contarle a las autoridades.
Por ejemplo, ambos medios de comunicaciones hallaron que en esos ocho años, la Alcaldía entregó 99 contratos por más de $14.000 millones a 13 contratistas cercanos a Espedito Duque y su familia. De todos, sobresale Martín Montiel Mendoza, quien estaría detrás de tres sociedades a las que el municipio les entregó 56 contratos por $4.519 millones. Duque no le negó a este consorcio que conoce a Montiel e, incluso, insinuó que lo considera su amigo. Sin embargo, no contestó otras preguntas que le enviamos. La investigación apunta a que las irregularidades se extendieron a la empresa de acueducto, Agualcas, que al parecer es controlada por Duque y su familia.
La hacienda que se volvió cantera
Al menos desde marzo de este año, en las calles de Montelíbano se pueden ver vallas enormes que, en fondo blanco y letra roja, anuncian la candidatura de Gabriel Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba, siete meses antes de las elecciones. Quien hasta hace poco fue el jefe de despacho del ministro del Interior, Alfonso Prada, es a su vez hijo del exalcalde de ese municipio, Gabriel Alberto Calle Demoya. Junto a su hermano, el congresista liberal, Andrés Calle, estos delfines se han constituido en una poderosa familia en el sur de Córdoba. Y, precisamente, sobre ellos versaba una investigación que Rafael Moreno alcanzó a anunciar en redes sociales y a compartir con Forbidden Stories.
El 7 de octubre, una semana antes de su asesinato, el periodista sostuvo una llamada con el equipo francés y les dijo en qué estaba trabajando en Voces de Córdoba: “En este momento, tenemos una investigación muy rigurosa, y hemos tenido muchos inconvenientes. Sobre casi un modus operandi en que las administraciones públicas, los contratistas y los consorcios, utilizan los materiales de las cuencas hídricas sin ningún tipo de permiso, ni ambiental, ni territorial o fiscal, o de ninguna clase”. Sus últimos trinos advertían que esto sucedía en una finca de nombre Marcelo que pertenece a la familia Calle. En concreto, a Carmen Aguas.
Los hechos habrían ocurrido en el río Uré, que colinda con la finca de los Calle, ubicada en el límite de la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Paramillo, en el municipio de San José de Uré. Según Moreno, los materiales eran extraídos ilegalmente de allí para la construcción de vías que conducen al corregimiento de Versalles, en esa misma zona. En uno de los videos publicados por el periodista, se ve, incluso, un camión de carga que podría estar involucrado. Este consorcio rastreó la placa del vehículo hasta la constructora JV Ingeniería, representada legalmente por Juan Carlos Amador, pero no obtuvo respuesta.
Las obras de esa vía fueron adjudicadas en 2021 a dos contratistas: el consorcio Versalles y el Corredor Víal, por más de $46.000 millones. Moreno tenía la sospecha de que los materiales realmente iban a parar a los primeros, que en 2021 firmaron un contrato con la Alcaldía de San José de Uré para el “mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de pavimento”. Su plan ambiental reconoce el riesgo de hacer esta obra a una distancia tan cercana con un parque natural, pero asegura que comprarían los materiales de un tercero autorizado, con licencias ambientales y títulos mineros.
Consultados por este equipo periodístico, el Consorcio Versalles negó haber extraído materiales del quebrada Uré. Aseguran, de hecho, que compran toda la materia prima a una empresa que tiene licencia ambiental y título minero en regla. También sostuvieron que no conocían de las publicaciones de Rafael Moreno, aunque reconocieron que no es la primera vez que escuchan esta denuncia: en septiembre de 2022, un líder social de la región les puso una acción de tutela en la que “hace aseveraciones sobre la captación de material de arrastre del río”. La demanda fue posteriormente desestimada por los jueces.
En una entrevista con periodistas de este consorcio, Gabriel Calle Demoya explicó que por la vía que conduce a la finca de su esposa pasan muchos camiones de carga. Dijo: “Sé que hay tres vueltas de trabajo en Uré en esas pavimentaciones que existen en el corregimiento, pero no sé ni qué congresista le mandó eso a San José de Uré o cuáles son las empresas. Ellos libremente sacan piedras”. Reconoció que en el pasado en su propia finca han tenido problemas porque terceros extraen materiales del sector y agregó: “El gran problema no sería Gabriel Calle, supuesto dueño de la cantera ilegal. Serían los que están ejecutando obras con material de cantera, todo ilegalizado”.
Al menos otros dos líderes de la zona le dijeron a este consorcio que es sabido en la región que en la finca de los Calle se saca material de manera ilegal. Algo que el mismo Calle tampoco niega. No obstante, el alcalde de San José de Uré, Custodio Acosta, le confirmó a este equipo periodístico que la entidad no tiene conocimiento alguno sobre la extracción de material en la quebrada Uré» y que realizó un “monitoreo sobre los posibles puntos donde pudiese extraerse material de esta denominación, encontrándonos que esta actividad no se lleva a cabo”. Todas las pesquisas de Moreno las tiene la Fiscalía desde hace seis meses, sin que hasta ahora haya algún avance.
Yamir Pico, primo y amigo de Rafael Moreno, dijo en entrevista con este consorcio: “Rafael se metió con los Calle. Es una familia sobre la que solemos publicar con precaución, porque sabemos de lo que son capaces”. Entretanto, las aspiraciones políticas de uno de sus miembros ya se hacen evidentes, mientras recolecta firmas por las calles de Córdoba bajo el lema “Firme con Calle”. También las de Espedito Duque, que buscará volver a la Alcaldía de Puerto Libertador en las elecciones de octubre. Ninguno ha sido vinculado formalmente a la investigación por el asesinato de Moreno, y en ese caso, ni siquiera ha sido capturado el sicario que disparó.
Espere mañana la segunda parte de este informe.
Periodistas de Forbidden Stories, Cuestión Pública, Clip, El País y otros medios contribuyeron con este artículo.
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