Corte Interamericana condenó al país por desaparición de Jhon Ubaté y Gloria Bogotá
Los jóvenes de 24 y 22 años, desmovilizados de la guerrila del EPL, fueron detenidos por policías de la Unidad Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional, en 1995. Desde entonces, sus familiares no han tenido noticia de ellos y algunos tuvieron que exiliarse por amenazas y hostigamientos.
En la mañana de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer el fallo condenatorio en contra de Colombia, por su responsabilidad en la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá, a manos de la Unidad Antiextorsión y Secuestro (Unase), de la Policía Nacional.
La desaparición ocurrió el 19 de mayo de 1995, en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). Desde julio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había reconocido la responsabilidad del Estado colombiano en el crimen en contra de los dos jóvenes, que eran desmovilizados del Ejército Popular de Liberación (EPL).
En la sentencia publicada el día de hoy, la Corte IDH declaró que el Estado violó los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la libertad personal, a la defensa de los derechos humanos, las garantías judiciales, la protección judicial y la protección a la familia y a la niñez, en el caso de Ubaté, Bogotá y sus familiares víctimas de amenazas.
En su sentencia, la Corte IDH hizo énfasis en que Ubaté y Bogotá eran desmovilizados “en un contexto de persecución a excombatientes del EPL, y en el marco de un conflicto armado interno donde existió violencia impulsada por el Estado y graves violaciones a los derechos humanos”.
De igual forma, señaló al Estado colombiano por omitir el desarrollo y despliegue de una estrategia de búsqueda de los jóvenes desaparecidos, desproteger a sus familiares, muchos de ellos obligados al exilio por cuenta de las amenazas y hostigamientos de las autoridades, y por no investigar los hechos ni judicializar a los responsables.
En contexto: CIDH declaró la responsabilidad de Colombia por desaparición de dos desmovilizados
Los detalles del caso
Jhon Ubaté y Gloria Bogotá fueron detenidos por policías de la Unase, vestidos de civil, el 19 de mayo de 1995, frente a las instalaciones de la Clínica Tequendama, de la ciudad de Cali. Desde entonces han pasado 29 años de búsqueda por parte de sus familiares, sin encontrar rastro alguno de ellos.
Para esa fecha, Ubaté tenía 24 años, se había desmovilizado tras el acuerdo de paz de 1991 y se había graduado como administrador de empresas. Se trasladó a la ciudad de Cali e integraba el comité de derechos humanos del barrio Siloé, en la comuna 20 de la capital del Valle del Cauca, lugar en el que residía.
El día de su detención, Ubaté estaba con Bogotá, que para entonces tenía 22 años. Según información recolectada por las víctimas en las cerca de tres décadas que llevan siguiéndole el rastro a sus familiares, al menos 40 testigos vieron cómo fueron golpeados y los subieron a un carro.
“El argumento de la Policía es que mi hermano estaba haciendo una extorsión. Pero si era eso realmente, por qué no hacen una captura legal. Luego pude descubrir que ese grupo de policías estaba trabajando con particulares de mucho poder en Cali”, señaló Sandra Ubaté, hermana de Jhon que tuvo que exiliarse en Chile, en conversación con El Espectador en julio de 2021.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió el caso un mes después de los hechos. El mayor Manuel de Jesús Lozada, que estaba al frente del operativo en el que desaparecieron los jóvenes, fue capturado en 1999. En 2004 fue absuelto, liberado e indemnizado por el tiempo que pasó en prisión.
En julio de 2021, la Comisión declaró a Colombia como responsable de la desaparición de los dos jóvenes y en diciembre de 2022 presentó el caso ante la Corte IDH. El 30 de enero de 2024, en una audiencia pública convocada por el tribunal internacional, el Estado reconoció su responsabilidad en los crímenes.
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“La lucha por encontrar a estos dos jóvenes continúa, pero esta decisión es un impulso para este proceso. Esperamos que haya un cumplimiento de las órdenes de la Corte IDH, así como de las medidas de reparación”, dijo durante la lectura del fallo Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo y representante de las víctimas.
Con la sentencia de la Corte IDH, Colombia ahora deberá seguir adelante con la búsqueda de Ubaté y Bogotá, así como con la investigación para hallar y judicializar a los responsables de su desaparición.
También tendrá que cumplir tres medidas de reparación: crear protocolos especializados para la búsqueda de desaparecidos fuera del país, otorgar becas de estudio a los familiares de las víctimas y crear un espacio de memoria que recuerde la responsabilidad del Estado en este caso de desaparición forzada.
Tras la publicación del fallo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se pronunció por medio de un comunicado, dando claridad sobre la tipificación del delito de desaparición forzada en el Código Penal colombiano. También reafirmó el compromiso de Colombia con el cumplimiento de la sentencia.
“El Estado colombiano reafirma su compromiso con la búsqueda de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá y la reparación integral de sus familiares. Es así como el Gobierno nacional busca contribuir con la dignificación de las víctimas, la justicia y a la construcción de tejido social de nuestro país”, señaló la entidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En la mañana de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer el fallo condenatorio en contra de Colombia, por su responsabilidad en la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá, a manos de la Unidad Antiextorsión y Secuestro (Unase), de la Policía Nacional.
La desaparición ocurrió el 19 de mayo de 1995, en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). Desde julio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había reconocido la responsabilidad del Estado colombiano en el crimen en contra de los dos jóvenes, que eran desmovilizados del Ejército Popular de Liberación (EPL).
En la sentencia publicada el día de hoy, la Corte IDH declaró que el Estado violó los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la libertad personal, a la defensa de los derechos humanos, las garantías judiciales, la protección judicial y la protección a la familia y a la niñez, en el caso de Ubaté, Bogotá y sus familiares víctimas de amenazas.
En su sentencia, la Corte IDH hizo énfasis en que Ubaté y Bogotá eran desmovilizados “en un contexto de persecución a excombatientes del EPL, y en el marco de un conflicto armado interno donde existió violencia impulsada por el Estado y graves violaciones a los derechos humanos”.
De igual forma, señaló al Estado colombiano por omitir el desarrollo y despliegue de una estrategia de búsqueda de los jóvenes desaparecidos, desproteger a sus familiares, muchos de ellos obligados al exilio por cuenta de las amenazas y hostigamientos de las autoridades, y por no investigar los hechos ni judicializar a los responsables.
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Los detalles del caso
Jhon Ubaté y Gloria Bogotá fueron detenidos por policías de la Unase, vestidos de civil, el 19 de mayo de 1995, frente a las instalaciones de la Clínica Tequendama, de la ciudad de Cali. Desde entonces han pasado 29 años de búsqueda por parte de sus familiares, sin encontrar rastro alguno de ellos.
Para esa fecha, Ubaté tenía 24 años, se había desmovilizado tras el acuerdo de paz de 1991 y se había graduado como administrador de empresas. Se trasladó a la ciudad de Cali e integraba el comité de derechos humanos del barrio Siloé, en la comuna 20 de la capital del Valle del Cauca, lugar en el que residía.
El día de su detención, Ubaté estaba con Bogotá, que para entonces tenía 22 años. Según información recolectada por las víctimas en las cerca de tres décadas que llevan siguiéndole el rastro a sus familiares, al menos 40 testigos vieron cómo fueron golpeados y los subieron a un carro.
“El argumento de la Policía es que mi hermano estaba haciendo una extorsión. Pero si era eso realmente, por qué no hacen una captura legal. Luego pude descubrir que ese grupo de policías estaba trabajando con particulares de mucho poder en Cali”, señaló Sandra Ubaté, hermana de Jhon que tuvo que exiliarse en Chile, en conversación con El Espectador en julio de 2021.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió el caso un mes después de los hechos. El mayor Manuel de Jesús Lozada, que estaba al frente del operativo en el que desaparecieron los jóvenes, fue capturado en 1999. En 2004 fue absuelto, liberado e indemnizado por el tiempo que pasó en prisión.
En julio de 2021, la Comisión declaró a Colombia como responsable de la desaparición de los dos jóvenes y en diciembre de 2022 presentó el caso ante la Corte IDH. El 30 de enero de 2024, en una audiencia pública convocada por el tribunal internacional, el Estado reconoció su responsabilidad en los crímenes.
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“La lucha por encontrar a estos dos jóvenes continúa, pero esta decisión es un impulso para este proceso. Esperamos que haya un cumplimiento de las órdenes de la Corte IDH, así como de las medidas de reparación”, dijo durante la lectura del fallo Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo y representante de las víctimas.
Con la sentencia de la Corte IDH, Colombia ahora deberá seguir adelante con la búsqueda de Ubaté y Bogotá, así como con la investigación para hallar y judicializar a los responsables de su desaparición.
También tendrá que cumplir tres medidas de reparación: crear protocolos especializados para la búsqueda de desaparecidos fuera del país, otorgar becas de estudio a los familiares de las víctimas y crear un espacio de memoria que recuerde la responsabilidad del Estado en este caso de desaparición forzada.
Tras la publicación del fallo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se pronunció por medio de un comunicado, dando claridad sobre la tipificación del delito de desaparición forzada en el Código Penal colombiano. También reafirmó el compromiso de Colombia con el cumplimiento de la sentencia.
“El Estado colombiano reafirma su compromiso con la búsqueda de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá y la reparación integral de sus familiares. Es así como el Gobierno nacional busca contribuir con la dignificación de las víctimas, la justicia y a la construcción de tejido social de nuestro país”, señaló la entidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.