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La Corte Constitucional abrió un incidente de impacto fiscal, con miras a evaluar los alcances económicos de una decisión que ella misma tomó: el fallo de cálculo de regalías, de noviembre pasado, con el que las empresas mineras y petroleras se salvaron de pagar millonarios impuestos a través de la nueva reforma tributaria. Según el Ministerio de Hacienda, el impacto fiscal de ese fallo es de $6,6 billones.
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“La Corte le otorgó al ministro de Hacienda y Crédito Público el término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del Auto 003 de 2024, para que sustente el incidente de impacto fiscal”, agregó la alta corte. En ese término, el ministro Ricardo Bonilla deberá explicar por qué la ciudadanía terminaría impactada con ese freno en el ajuste de los impuestos, que buscó el gobierno nacional con la nueva reforma tributaria.
Para entender el tema hay que remontarse a la reforma misma. El artículo de la ley, que no pasó el examen, definía la base sobre la cual debían declarar renta las empresas que explotan recursos naturales no renovables. Este tipo de compañías tienen que transferirle al Estado un porcentaje de sus ganancias en contraprestación, las denominadas regalías. Pero en su artículo 19, la reforma tributaria aseguraba que esas regalías no constituyen ni un deducible del impuesto a la renta, ni un costo o gasto, sino también que se le deben reconocer al Estado a través de un porcentaje tributario.
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La idea era que, por primera vez desde 2005, las regalías no constituyeran un deducible (un descuento) del impuesto a la renta. Sin embargo, en noviembre pasado la Corte Constitucional señaló que este artículo no era compatible con la Constitución Política y lo tumbó de la nueva reforma tributaria. Esa decisión, según el gobierno, se vio reflejada en $6,6 billones menos de presupuesto nacional para el 2023 y 2024.
El golpe fiscal podría ascender a alrededor de US$7.000 millones para 2034, advirtió el ministro de Hacienda en su momento. Por ello, la Corte Constitucional concluyó que se cumplen los requisitos para evaluar el impacto fiscal. De las sesiones participarán representantes del Gobierno, la procuradora general Margarita Cabello y las altas cortes de Colombia (Corte Suprema, Consejo de Estado y Corte Constitucional).
En abril pasado, no obstante, Margarita Cabello se pronunció sobre este artículo argumentando que para ella no era “legítimo que el Congreso impidiera que las compañías pudieran deducir ese pago”. En el concepto que envió a la Corte explicaba que este tipo de aprovechamiento de los recursos naturales generaba un impacto social y ecológico que, hasta el momento, es indemnizado a la comunidad por medio de regalías. Para ella estas deben ser entendidas como gastos o costos asociados a las actividades extractivas, que al ser pagadas deberían traducirse en un deducible o descuento cómo funciona actualmente.
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