Corte Constitucional acepta 21 demandas contra modificación a la Ley de Garantías

A finales de octubre de 2021, el Congreso aprobó un cambio sobre las reglas del presupuesto de la Nación para este año: se modificó la Ley de Garantías, con lo cual entidades de Gobierno podrán celebrar contratos, de manera mucho más ágil, con entidades públicas como gobernaciones o alcaldías. Voces opositoras a la iniciativa demandaron el cambio ante la Corte Constitucional y hoy la alta corte dio su respuesta: 21 demandas tienen luz verde.

Antecedentes: Corte Constitucional, último intento para evitar cambios a la Ley de Garantías

En un auto de este 11 de enero, la Corte Constitucional aceptó las demandas de políticos, abogados y ciudadanos quienes consideran que la modificación a la Ley de Garantías, en plena época electoral, es contrario a la Constitución. Las 21 quejas fueron unificadas bajo el expediente del senador Roy Barreras, quien presentó su escrito el 21 de noviembre del año pasado.

Según lo aprobado por el Congreso, se modifica la Ley de Garantías “con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones”. La idea, según se conoció, es “ejecutar programas y proyectos correspondientes al presupuesto general de la Nación”. Sin embargo, opositores consideraron que podría significar un desvío de recursos para campañas políticas, teniendo en cuentas las elecciones para Congreso y Presidencia del año en curso.

Lea también: Juez ordena suspender la criticada modificación del Congreso a la Ley de Garantías

Fueron admitidas las demandas, entre otras personas, de los congresistas Iván Cepeda, Carlos Alberto Maya, Luis Fernando Velasco. Por otro lado, fue inadmitido el escrito de la congresista Katherine Miranda, por no acreditar su ciudadanía colombiana. Otros ciudadanos presentaron argumentos insuficientes ante la Corte Constitucional.

Por su parte, Barreras explicó en su demanda que “resulta a todas luces inconstitucional e ilegal reformar un artículo de una ley estatutaria, a través de la ley anual de presupuesto, pretermitiendo no solo el control previo por parte de la Corte Constitucional, sino además la competencia que para proferir este tipo de leyes tienen las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes”.

Lea también: Análisis: Modificar la Ley de Garantías es una mala idea

De acuerdo con Adriana Ramírez Baracaldo, de Razón Pública, los partidos que apoyan al Gobierno del presidente Iván Duque poseen el 57,6% de las gobernaciones, bien sea como coaliciones de partidos o con candidaturas únicas. En consecuencia, según jurisprudencia del Consejo de Estado, la Ley de Garantías protegería a funcionaros de presiones políticas y, además, es una herramienta para controlar recursos públicos.

“La Ley de Garantías se basa en dos supuestos: Los contratos celebrados antes o durante las elecciones suelen traducirse en votos para un candidato determinado; y los miembros del ejecutivo tienden a firmar más contratos durante la época electoral con el objetivo de apoyar a su partido. Teniendo en cuenta que en Colombia la compra de votos y los favores políticos son prácticas comunes, podemos afirmar que estos supuestos son bastante razonables y no existen motivos de peso para ponerlos en duda”, señala Baracaldo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

A finales de octubre de 2021, el Congreso aprobó un cambio sobre las reglas del presupuesto de la Nación para este año: se modificó la Ley de Garantías, con lo cual entidades de Gobierno podrán celebrar contratos, de manera mucho más ágil, con entidades públicas como gobernaciones o alcaldías. Voces opositoras a la iniciativa demandaron el cambio ante la Corte Constitucional y hoy la alta corte dio su respuesta: 21 demandas tienen luz verde.

Antecedentes: Corte Constitucional, último intento para evitar cambios a la Ley de Garantías

En un auto de este 11 de enero, la Corte Constitucional aceptó las demandas de políticos, abogados y ciudadanos quienes consideran que la modificación a la Ley de Garantías, en plena época electoral, es contrario a la Constitución. Las 21 quejas fueron unificadas bajo el expediente del senador Roy Barreras, quien presentó su escrito el 21 de noviembre del año pasado.

Según lo aprobado por el Congreso, se modifica la Ley de Garantías “con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones”. La idea, según se conoció, es “ejecutar programas y proyectos correspondientes al presupuesto general de la Nación”. Sin embargo, opositores consideraron que podría significar un desvío de recursos para campañas políticas, teniendo en cuentas las elecciones para Congreso y Presidencia del año en curso.

Lea también: Juez ordena suspender la criticada modificación del Congreso a la Ley de Garantías

Fueron admitidas las demandas, entre otras personas, de los congresistas Iván Cepeda, Carlos Alberto Maya, Luis Fernando Velasco. Por otro lado, fue inadmitido el escrito de la congresista Katherine Miranda, por no acreditar su ciudadanía colombiana. Otros ciudadanos presentaron argumentos insuficientes ante la Corte Constitucional.

Por su parte, Barreras explicó en su demanda que “resulta a todas luces inconstitucional e ilegal reformar un artículo de una ley estatutaria, a través de la ley anual de presupuesto, pretermitiendo no solo el control previo por parte de la Corte Constitucional, sino además la competencia que para proferir este tipo de leyes tienen las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes”.

Lea también: Análisis: Modificar la Ley de Garantías es una mala idea

De acuerdo con Adriana Ramírez Baracaldo, de Razón Pública, los partidos que apoyan al Gobierno del presidente Iván Duque poseen el 57,6% de las gobernaciones, bien sea como coaliciones de partidos o con candidaturas únicas. En consecuencia, según jurisprudencia del Consejo de Estado, la Ley de Garantías protegería a funcionaros de presiones políticas y, además, es una herramienta para controlar recursos públicos.

“La Ley de Garantías se basa en dos supuestos: Los contratos celebrados antes o durante las elecciones suelen traducirse en votos para un candidato determinado; y los miembros del ejecutivo tienden a firmar más contratos durante la época electoral con el objetivo de apoyar a su partido. Teniendo en cuenta que en Colombia la compra de votos y los favores políticos son prácticas comunes, podemos afirmar que estos supuestos son bastante razonables y no existen motivos de peso para ponerlos en duda”, señala Baracaldo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.