Corte Constitucional busca garantizar la seguridad de los excombatientes las Farc
La Corte Constitucional declaro un estado de cosas inconstitucional la desprotección en la que están los firmantes del Acuerdo de Paz. Para evitar las violaciones a los derechos humanos de estas personas, el alto tribunal dio una serie de directrices claras que deberán cumplir, sin mas excusas, entidades del gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría.
El pasado jueves 27 de enero de 2022 la Corte Constitucional tomó una decisión histórica: declarar el estado de cosas inconstitucional un punto del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc que tiene que ver con las garantías de seguridad de los hombres y mujeres que firmaron la negociación y entregaron las armas.
Según la Corte, los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por el Estado colombiano, por lo cual dictó órdenes encaminadas a garantizar la ejecución de los programas de protección y seguridad de los excombatientes, los miembros del partido Comunes, sus familias y líderes.
De acuerdo con la ponencia que dio paso a este fallo, es absolutamente grave para la democracia que 270 excombatientes y firmantes del acuerdo hayan sido asesinados. Un informe de la JEP, señaló que si la tendencia de asesinatos se mantiene es posible que para 2024 “lleguen a presentarse alrededor de 1.600 casos de homicidio a desmovilizados”, lo que equivaldría al “12 % del total de la población que firmó la paz”. Una situación que es, para la Corte, inconstitucional.
El primer mandato que dio el alto tribunal fue ordenar a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que, dentro de los próximos cuatro meses, reevalúe el riesgo que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación y quiénes integran el partido Comunes, así como otras personas que se encuentren en situaciones similares.
El pasado jueves 27 de enero de 2022 la Corte Constitucional tomó una decisión histórica: declarar el estado de cosas inconstitucional un punto del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc que tiene que ver con las garantías de seguridad de los hombres y mujeres que firmaron la negociación y entregaron las armas.
Según la Corte, los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por el Estado colombiano, por lo cual dictó órdenes encaminadas a garantizar la ejecución de los programas de protección y seguridad de los excombatientes, los miembros del partido Comunes, sus familias y líderes.
De acuerdo con la ponencia que dio paso a este fallo, es absolutamente grave para la democracia que 270 excombatientes y firmantes del acuerdo hayan sido asesinados. Un informe de la JEP, señaló que si la tendencia de asesinatos se mantiene es posible que para 2024 “lleguen a presentarse alrededor de 1.600 casos de homicidio a desmovilizados”, lo que equivaldría al “12 % del total de la población que firmó la paz”. Una situación que es, para la Corte, inconstitucional.
El primer mandato que dio el alto tribunal fue ordenar a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que, dentro de los próximos cuatro meses, reevalúe el riesgo que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación y quiénes integran el partido Comunes, así como otras personas que se encuentren en situaciones similares.