La Corte Constitucional se apresta a fallar sobre 18 tutelas que piden declarar una violación masiva de los derechos fundamentales de líderes sociales y ambientales por la falta de garantías que tienen para ejercer su labor. El alto tribunal citó para el próximo 28 de abril a varias carteras y entidades del Gobierno, así como a oenegés y al Ministerio Público, para tener un panorama más claro. Indagarán sobre la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos, qué se ha hecho para evitar que continúen atentando contra ellos y qué tan efectivas han sido esas medidas.
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Aún está en el retrovisor la sentencia que declaró que hay un estado de cosas inconstitucional en la protección de los excombatientes de las Farc y ya la Corte estudia si volver a utilizar esta figura. En esta ocasión, la Corte Constitucional estudia la situación de seguridad de 18 personas de todo el país, que con distintas trayectorias, se dedican a hacer trabajo ambiental, social, político, estudiantil. Y terminan amenazados o agredidos. Si bien, en algunos casos la Unidad Nacional de Protección les ha asignado esquemas de seguridad, aseguran que no es suficiente.
#LaCorteInforma | Convocan a audiencia pública en proceso sobre medidas de protección para la población líder y defensora de derechos humanos.
— Corte Constitucional (@CConstitucional) April 18, 2022
Auto A-538-22.
M.P. José Fernando Reyes Cuartas. pic.twitter.com/TomlZRYhBg
Los casos de los 18 líderes que llegaron ante la Corte reúnen, en su mayoría, seis características: las amenazas y los atentados no disminuyen; los esquemas de protección no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial; o no son suficientes para proteger sus vidas; la protección que les asignan impacta negativamente las colectividades que representan; no hay políticas contra la estigmatización de la cual son víctimas. Y, por último, la Fiscalía no investiga de manera célere, eficaz y adecuada las amenazas en su contra.
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Entre febrero y abril, el magistrado José Fernando Reyes, que está al frente del caso, ha pedido en seis ocasiones distintas informaciones sobre los líderes afectados y sobre los cambios estructurales a la política de protección que piden en sus demandas. No obstante, consideró “necesario realizar una audiencia pública con el objeto de contar con información que permita valorar la situación actual de la política estatal en materia de protección de la población líder y defensora de derechos humanos”, según escribió en el auto que citó a la diligencia.
En concreto, se va a concentrar en cuatro temas: “Primero, es necesario conocer la situación actual respecto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad de los líderes sociales. Segundo, es indispensable precisar el alcance de la política pública en materia de protección de la población líder y defensora de derechos humanos (…). Tercero, es imperioso contar con información que permita valorar la efectividad de las rutas de protección y de las medidas (…). Cuarto, los hechos planteados por los accionantes exigen conocer la relación entre la garantía de protección a la vida y a la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos y el Acuerdo de Paz”.
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Las entidades citadas son: desde luego, la UNP, así como su Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas (CERREM). Siguen el Ministerio del Interior, el de Hacienda y la Gobernación del Cauca. De los entes de control tendrán que pasar al tablero la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. La oenegé Dejusticia, que representa a 10 de los líderes, también hablará; así como uno de los demandantes, que es un reconocido líder indígena, la organización Somos Defensores, Human Rights Watch y Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes).
La Corte Constitucional también citó a la audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Misión de Verificación de la ONU para el Acuerdo de Paz. Cada intervención deberá durar 15 minutos y al final habrá un espacio para que los magistrados hagan preguntas a los representantes de estas entidades y organizaciones. En el auto con el que los citó, el alto tribunal les dejó una serie de preguntas que deberán responder ese día.
Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, Dejusticia y la UNP deberán contestar por separado una serie de interrogantes que serán claves en este proceso: Qué se debe entender por líder y lideresa social y/o defensores de derechos humanos?, ¿existe una base de datos de líderes sociales del país? en los últimos 10 años ¿cuántos lideres y lideresas sociales recibieron amenazas o atentados contra su vida e integridad personal?, ¿cuántos solicitaron protección de la UNP?, ¿cuántos cuentan con protección de la UNP?, ¿en qué consisten dichas medidas de protección?, ¿cuál es el costo económico que debe asumir el ciudadano beneficiado con un esquema de protección?
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