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La Corte Constitucional a través de un auto de 33 páginas ordenó que el próximo 13 de septiembre, a través de una sesión técnica virtual, entidades estatales rindan un informe sobre las actuaciones que han adelantado a favor de la seguridad y protección de los excombatientes de la Farc una vez se firmó el Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla y el Gobierno Nacional.
A la cita asistirán delegados del ministro de Hacienda, el Alto Comisionado para la Paz, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el director de la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, el director de la Unidad Nacional de Protección, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre otros miembros de entidades que están vinculados directamente con la implementación del Acuerdo de Paz en materia de seguridad.
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La magistrada Cristina Pardo, ponente del caso, remitió a las entidades una serie de preguntas con las que pretenden vislumbrar la labor de cada una sobre la protección y seguridad de los excombatientes de las Farc en el territorio nacional. En la sesión técnica que se realizará de manera virtual no solo se darán cita funcionarios del alto gobierno sino también cuatro excombatientes de las Farc quienes a través de acciones de tutela han expuesto los riesgos a los que se han enfrentado una vez asumieron el reto de dejar las armas y reincorporarse a la vida civil.
En los documentos que reposan en el despacho de la magistrada Pardo, los excombatientes han solicitado abiertamente que se declare un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) frente a la situación de derechos y seguridad de la población firmante del Acuerdo Final de Paz. En sus relatos han puesto de presente que desde hace más de dos años se ha corroborado la existencia de riesgos colectivos para los excombatientes en proceso de reincorporación asentados varios lugares del territorio nacional.
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Los firmantes del acuerdo han mencionado que la amenaza que se cierne obedece a que en zonas aledañas donde tienen su asentamiento se constató la presencia de grupos al margen de la ley como el ELN, e incluso, grupos disidentes que constituyen un riesgo para su seguridad y la integridad de sus familias.
Los excombatientes que tutelaron, con el fin de buscar una salvaguarda a sus derechos han denunciado que, desde la implementación del esquema de seguridad en 2018, la protección brindada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) viene funcionando de manera irregular. Con este antecedente los firmantes del Acuerdo de Paz consideran que debido a que no cuentan con los esquemas de protección necesarios y garantías para moverse en el territorio han quedado vulnerables ante amenazas y hostigamientos por su labor de liderazgo social e implementación del Acuerdo.
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Con estos antecedentes, la magistrada Cristina Pardo antes de tomar una decisión de fondo sobre la situación de los excombatientes determinó que escuchará a las entidades del Estado que están vinculadas directamente con la situación de protección y seguridad de los firmantes del Acuerdo.