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La Corte Constitucional citó a un espacio de diálogo a las autoridades del nuevo Gobierno, a las comunidades de la Alta Guajira, a la sociedad civil y a los entes de control, para comprobar cómo se está avanzando para superar la crisis de derechos humanos de la niñez Wayuu. Hace cinco años, la misma corte declaró un estado de cosas inconstitucional, por lo cual era urgente atender el hambre, la corrupción y la crisis sanitaria contra los niños indígenas.
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En 2017, la Corte determinó que existe un grave incumplimiento por parte del Gobierno y de diferentes autoridades para atender la vulneración de los derechos fundamentales. En la sentencia quedó registrado un estudio del Ministerio de Salud, en el cual se señala que para 2013 la tasa de mortalidad por causas asociadas a desnutrición en menores de cinco años fue del 32,5%, por cada 1.000 niños en el departamento. El promedio nacional, ese año, fue del 6,7%. El ICBF, por su parte, evidenció que en 2010 la desnutrición crónica en ese departamento fue del 27.98%.
Cinco años después, la Corte no pretende acusar a las distintas autoridades por su responsabilidad. Al contrario, generar una sesión técnica en la que queden claras las respuestas del gobierno entrante del presidente Gustavo Petro. La cita será el próximo 21 de octubre, a las 8:00 a.m. Acudirán la Junta Mayor de Palabreros de putchipüun y el Consejo Mayor de Palabreros; una mujer indígena de las comunidades en la Alta Guajira; el defensor Carlos Camargo; la procuradora Margarita Cabello; el contralor Carlos Rodríguez; el fiscal Francisco Barbosa; y el consejero para las regiones de la Presidencia.
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Además, deberán asistir representantes de la Gobernación de La Guajira; de las alcaldías municipales de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia; la directora del ICBF Concepción Baracaldo; los ministros de Vivienda, Salud, Interior, Transporte, Educación, Agricultura y Hacienda; la veeduría ciudadana a la implementación de la sentencia de 2017; y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).
Los ejes temáticos serán la perspectiva de las comunidades y de la sociedad civil sobre las posibles soluciones y la manera como los canales institucionales deben actuar. Además, las estrategias que se van a desarrollar de manera urgente y a largo plazo. Asimismo, las medidas para cumplir diversas órdenes dadas en 2017, como el reconocimiento del pueblo Wayuu como sujeto de derechos y el logro de transparencia en la asignación de beneficios, contratos de obras públicas en la región y manejo de los recursos.
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El año pasado, la Corte había manifestado su preocupación por la corrupción detectada en La Guajira, y envío un regaño a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. La Corte refirió, en específico sobre la Fiscalía, el informe del procurador José Reyes, quien en mayo de 2021 advirtió sobre los “procesos penales engavetados en La Guajira”. Según Reyes, los hechos investigados por malos manejos de recursos públicos suman más de $85.000 millones. Encontró que existen procesos por corrupción archivados desde hace más de 20 años, lo que conllevó a un manojo de fallos inhibitorios por prescripción.
A la Procuraduría, la Corte Constitucional le preguntó si adelanta investigaciones por los mismos hechos y, de haberlas, cuantos y cuáles son los responsables por el presunto manejo irregular de recursos en La Guajira. A la Contraloría, la alta corte le referenció que desde 2017 en el departamento la contratación directa supera por $286.000 millones a la licitación pública, en la cual hay un concurso de méritos entre contratistas. El órgano de control fiscal debía responder si, a partir de ese contexto, se han implementado medidas para prevenir la corrupción. Las respuestas podrían conocerse en 10 días, durante el desarrollo de la sesión técnica.
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